El Gobierno prohibirá a las eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad a financiar sus negocios liberalizados.

Según consta en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que previsiblemente será aprobado este martes por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, empresas transportistas de electricidad y gas (como REE, Enagás o las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa o Naturgy- y gasistas -Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas-, entre otras) no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector.

De esta prohibición, en la disposición final tercera del texto, se excluyen los préstamos a sociedades del mismo grupo que tengan por objeto una gestión centralizada de la tesorería, sin que se dediquen a actividades liberalizadas u otras actividades ajenas a los sectores de electricidad y gas.

El texto también reconoce la obligación de que las sociedades deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que, atendiendo a su valor o a otras circunstancias, "tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad".

Igualmente, deberán comunicar las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los grupos de sociedades designadas como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, "así como cualesquiera otras sociedades que formen parte de dichos grupos".

Desinversión estatal 

El Gobierno procederá a la desinversión estatal en todos aquellos activos en empresas o entidades con actividad que tenga relación con productos energéticos de origen fósil, según consta en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En concreto, el documento, prevé la elaboración, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, de un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

La normativa incide en medidas sobre los combustibles fósiles, uno de los grandes responsables de las emisiones de gases efecto invernadero. Así, el proyecto de Ley establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de "interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas".

En este sentido, durante el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Hacienda realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso.

450 millones 

Por otra parte, el documento recoge que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que serán destinados a financiar el sistema eléctrico serán de al menos 450 millones de euros.

Así, se establece que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinándose al sistema eléctrico al menos esos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos al fomento de energías renovables, y pudiendo destinarse hasta el 30% de los ingresos totales a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

En materia de renovables, el nuevo anteproyecto de Ley impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo.

En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red.

Centrales hidroeléctricas

De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto también prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, que se otorgará mediante subastas; y que los PGE destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

También se crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable.

Además, se conforma la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento.

Este es un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Estrategias de descarbonización

Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético -operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación.

Y, en este mismo sentido, el operador del sistema eléctrico (REE), el gestor técnico del sistema gasista (Enagás) y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.