Aunque no figure entre los temas de la campaña electoral, el nuevo Gobierno que salga del 26-J podría sufrir una doble sanción de la Unión Europea por el desvío del déficit en 2015. No sólo una posible multa de alrededor de 2.000 millones de euros. Bruselas estudia además congelar hasta el 50% de los fondos europeos que corresponderían a España el año que viene, y que se utilizan para financiar infraestructuras, políticas de empleo o proyectos de I+D. Las dudas sobre el impacto de esta medida han sido uno de los argumentos que llevaron a la Comisión a retrasar cualquier castigo hasta julio, después de las elecciones.

Aunque el Gobierno español insiste en que no habrá multa de la UE y el Ejecutivo comunitario ha relajado sus exigencias de austeridad, la posibilidad de esta doble sanción contra España y también contra Portugal sigue sobre la mesa. Está en juego la credibilidad de las reglas presupuestarias y la autoridad de Bruselas como guardiana de la disciplina fiscal. “En julio no podemos permitirnos no decidir”, alega un alto funcionario europeo. De hecho, el Ecofin ya ha cuestionado la legalidad del aplazamiento, que el Ejecutivo comunitario justifica para no interferir en la campaña electoral.

Promovida por Alemania durante la crisis de deuda, la norma que permite suspender las ayudas europeas a los países que incumplan el déficit entró en vigor en 2014. Su lógica es garantizar que la eficacia de la política de cohesión no se vea socavada por el descontrol presupuestario en los estados miembros. La congelación, que es casi automática, está sujeta al menor de estos dos topes máximos: o el 50% de los fondos previstos para el año siguiente (en este caso 2017) o el 0,5% del PIB.

A España se le aplicaría el primero de los dos umbrales, pero la cifra de fondos que podrían verse afectados no es fácil de calcular. España tiene asignados un total de 38.000 millones de euros en el periodo 2014-2020, es decir, alrededor de 5.400 millones de media al año. En teoría, la suspensión afectaría a 2.700 millones, que se sumarían a los 2.000 de la multa. Pero la cantidad de fondos asignados varía de un año a otro. Y Bruselas puede rebajar la cifra escudándose en el alto nivel de paro, algo previsto también en la norma. Si el incumplimiento persiste, la congelación puede llegar al 100%.

Ajustes adicionales para recuperar los fondos

La suspensión de las ayudas europeas fue una de las principales preocupaciones durante el primer debate sobre la multa a España en el colegio de comisarios, celebrado el 10 de mayo, según consta en el acta de la reunión (en pdf) que acaba de hacerse pública. El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, alegó que ni España ni Portugal adoptaron “medidas eficaces” para corregir el déficit. Por ello, abogó por avanzar hacia las sanciones. Y detalló el procedimiento a seguir: una vez que el Ecofin apruebe el dictamen negativo por la inacción de Madrid y Lisboa, Bruselas dispone de un plazo de 20 días para hacer una propuesta de multa del 0,2% del PIB y suspender las ayudas europeas.

En su intervención posterior, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici expresó su preocupación por la activación de este procedimiento sancionador, sobre todo porque nunca antes se ha aplicado. Aunque España puede pedir la reducción o anulación de la multa por circunstancias excepcionales, la Comisión se vería igualmente obligada a iniciar el procedimiento de congelación de los fondos y el nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste presupuestario este mismo año si quiere que la suspensión se levante, alegó.

Otros comisarios, a los que el acta no identifica, también alertan de “los efectos de aplicar sanciones que conduzcan a la suspensión automática de la financiación de los fondos europeos estructurales y de inversión”. Durante el debate, Moscovici apostó por dar a España dos años extra, hasta 2018, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB, lo que “permitiría el tiempo necesario para formar un Gobierno”. Pero Dombrovskis recomendó una prórroga de sólo un año porque era lo que había pedido el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La discusión la cerró el presidente, Jean-Claude Juncker, que avisó de las posibles consecuencias de las sanciones en los mercados financieros y en los ciudadanos, incluso aunque estén justificadas de acuerdo con las reglas vigentes. Juncker se preguntó si es una buena política sancionar a países que “ya han hecho esfuerzos considerables de recuperación y han restablecido un crecimiento significativo”. La decisión final sobre las multas estaba prevista para el 18 de mayo. Pero ese día, gracias precisamente a la intercesión de Juncker, la Comisión aprobó aplazarla hasta después del 26-J. Eso sí, dio luz verde a una prórroga de un año tanto para Madrid como para Lisboa, una de las medidas que ahora cuestiona el Ecofin.

Irregularidades y sospechas de fraude

La Comisión ya ha bloqueado a día de hoy 1.122 millones de euros de fondos europeos a España. Pero en este caso no por el incumplimiento del déficit sino por irregularidades en la gestión. Unas irregularidades que van desde la falta de una firma en un documento hasta deficiencias en los controles para evitar el fraude. Entre los principales receptores de fondos afectados se encuentran la Dirección General de Investigación del ministerio de Economía (483 millones congelados), el Instituto de Crédito Oficial (261 millones), el ministerio de Agricultura (155 millones), o la agencia de innovación andaluza Idea (115 millones).

Además, el Ejecutivo comunitario ha notificado a la oficina europea antifraude OLAF cinco casos de posible corrupción que afectan a beneficiarios de ayudas europeas en España. Estas investigaciones son: Operación Frontino (Acuamed), Operación Taula (Valencia), Operación Púnica (Madrid), caso Jeremie (Andalucía) y Operación Petrum (Cataluña). De momento, ningún contrato cofinanciado con fondos comunitarios ha sido ligado a estos casos de fraude, asegura Bruselas. La OLAF está investigando el caso Acuamed, pero ha dejado el resto en manos de las autoridades españolas.