En silencio y sin grandes declaraciones, el Gobierno lleva meses utilizando algunos de los mecanismos a su alcance para mantener el pulso separatista iniciado desde Cataluña. Una de las primeras estrategias ha sido mostrar a la Generalitat el filo del precipicio financiero en el que pueden caer si dejan de contar con la respiración asistida en forma de liquidez que reciben del Gobierno central desde 2012. La fórmula no ha llegado aún a paralizar los pagos mensuales que Cataluña recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que están ligados al déficit previsto para este año y que ya le han reportado a la autonomía 1.700 millones de euros en 2015, sino que ha consistido en ir retrasando el gran pago que todas las autonomías esperan como agua de mayo. Es decir, el déficit no previsto en que incurrieron en 2014. 

Apretar la soga financiera en torno a Cataluña, que ya debe por ejemplo a los farmacéuticos 330 millones de euros, está teniendo daños colaterales. Otras autonomías se asfixian, entre ellas, la que más ha tenido que recurrir al FLA este año, la Comunidad Valenciana. Tal es la situación que, después de verse con Mariano Rajoy la semana pasada, este martes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha venido a Madrid a exponerle al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su delicada situación. Según fuentes de la negociación, el ministro se ha comprometido con Puig a que la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos y posteriormente el Consejo de Ministros darán luz verde al FLA pendiente como muy tarde la próxima semana. 

Medidas exclusivas para Cataluña

La Comunidad Valenciana incurrió en un déficit no previsto en 2014 de 1.385 millones de euros. La cantidad que espera Cataluña es mucho mayor: entre 2.300 millones y 2.600 millones (a falta de la cifra definitiva que debe dar la Intervención General del Estado), pero puede que no reciba todo lo que espera. En el Ministerio de Hacienda han estado estudiando el modo de discriminar el FLA de forma que sólo se abonen pagos ligados a servicios públicos y no vencimientos de deuda, como se ha estado haciendo hasta ahora. Esa posibilidad abocaría a Cataluña a una posible suspensión de pagos. 

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Cataluña (sin contar los municipios catalanes acogidos a mecanismos de liquidez) ha recibido desde 2012 de los diferentes fondos del Estado alrededor de 37.000 millones de euros. No es dinero gratis o mejor dicho no lo ha sido hasta este ejercicio. Cataluña ha pagado al Estado 1.900 millones en intereses, mucho menos en cualquier caso de lo que habría pagado de financiarse en el mercado, pero intereses al fin y al cabo. Para 2015, el FLA financia a las autonomías a tipo 0%.

MONTORO ESTUDIA LA INTERVENCIÓN

Al margen de este retraso que el Gobierno está utilizando frente al pulso separatista, en el Ministerio de Hacienda están estudiando otras posibilidades. La norma que alumbró el FLA recoge "la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (...) encomiende a la Intervención General del Estado el ejercicio de misiones de control". Esas misiones están concebidas para el caso de que "se detecten riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste" al que están sometidas todas las administraciones públicas acogidas a los fondos de liquidez del Estado.
El informe que derive de esa misión de control permite "que el Ministerio de Hacienda pueda adoptar otras medidas" coercitivas, en concreto las que recogen los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera". 
Ahora bien, esas medidas no son inmediatas. Precisan de 15 días, según la norma, desde que se produce un incumplimiento para decidir la no disponibilidad de créditos del Fondo del Estado. Posteriormente se constituye un depósito a modo de garantía y ésta no se ejecuta hasta que pasan otros tres meses sin que la autonomía haya cumplido con sus compromisos.
Si la autonomía no cumple con la no disposición de créditos, el Gobierno puede, "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma".

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