La M30 tiene un roto. Además de los 2.500 millones de euros de deuda que asumieron los madrileños para soterrar la circunvalación de la ciudad y cuyos créditos seguirán pagando hasta el año 2030, la vía que rodea Madrid tiene otra fuga por la que se escapan cada año decenas de millones de euros de los impuestos. Un escape que, al menos con el acuerdo en vigor hoy, no podrá coserse hasta finales de 2025 y, si se hace, será con un alto coste para las arcas públicas.

La clave está en el mantenimiento anual de la vía y en la estructura societaria que creó el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz Gallardón. Con aquel empeño del exalcalde en que la deuda de las empresas públicas no contaba en el debe común del consistorio (desmentido ya en 2005 por Eurostat), Madrid creó una empresa mixta llamada Madrid Calle 30 encargada de la reforma, la gestión y el mantenimiento de la M30 y su entorno. El propietario de esa empresa mixta es el propio Ayuntamiento, con el 80% del capital, y una empresa privada, Emesa, que tiene el 20% restante. Tras Emesa están dos constructoras: ACS (que entró a través de Dragados) y Ferrovial.

Aunque se vista de empresa de mercado, el único ingreso que recibe Madrid Calle 30 cada año es lo que le paga el Ayuntamiento por sus servicios, una cantidad que por contrato no puede superar los 128 millones de euros pero que en los últimos años no ha estado muy lejos de esa cifra, según las cuentas de la sociedad (126,5 millones en 2014; 125,5 millones en 2013). Una vez ingresada la aportación anual del Ayuntamiento, empieza el reparto que, por diferentes vías, acaba en una parte importante en Emesa, es decir, en las constructoras.

Alrededor de una quinta parte va a parar a lo que es verdaderamente mantenimiento de la carretera y su entorno. Esta labor no la hace Madrid Calle 30, que ni siquiera tiene plantilla para ello. El personal de la sociedad mixta oscila entre 13 y 14 personas, dependiendo del ejercicio, y la mitad son directivos o jefes, lo que por cierto tiene un coste de 0,7 millones de euros al año.

El mantenimiento está subcontratado a Emesa, es decir, a ACS y Ferrovial. Se estableció así ya en el concurso para la constitución de Madrid Calle 30, lo que daba al adjudicatario un blindaje de 35 años para encargarse del mantenimiento de la M30. El gasto por este concepto reflejado en las cuentas anuales de Madrid Calle 30 como pago a Emesa ha oscilado en los últimos ejercicios entre los 28,3 millones de 2014; 26,8 millones de 2013 y 27,1 millones de 2012. Las obras de mejora que se acometen cada año con cargo a estas cantidades, revierten, claro está, en favor de un activo que pertenece a los madrileños.

La siguiente vía de ingresos para las constructoras es a través de un crédito que Emesa concedió en 2005 a Madrid Calle 30, es decir, a la sociedad en la que participa junto al Ayuntamiento, por 125 millones. Como se firmó a un tipo de interés fijo del 5,5%, el prestatario no ha podido beneficiarse de los tipos de interés en mínimos históricos que ha traído la crisis, lo que hace que cada año Madrid Calle 30, les pague a sus socias ACS y Ferrovial entre 6 y 7 millones de euros en intereses. Y así será hasta 2025. Ese año será cuando habrá que afrontar la devolución del principal del crédito (se trata de un préstamo bullet que se paga íntegro a vencimiento).

Finalmente, como el Ayuntamiento le ingresa cada año a Madrid Calle 30 mucho más de lo que necesita para su labor, la empresa obtiene beneficios y, tras destinar a reservas la parte que fija la ley, reparte el resto a sus accionistas en forma de dividendos. La mayor parte de ese dividendo, que está entre 40 y 45 millones de euros cada año, va al Ayuntamiento (le vuelve, mejor dicho, en un viaje carente por completo de sentido). El 20% restante, va al otro accionista, es decir, a Emesa, que por este concepto ingresa más de ocho millones cada ejercicio (8,8 millones en 2014; 8,5 millones tanto en 2013 como en 2012). Total: entre mantenimiento, intereses y dividendos, Emesa se lleva cerca de 45 millones todos los años.

Y además, impuestos

Semejante jaleo para cubrir el servicio de gestión y mantenimiento de la M30 tiene una derivada más. Como Madrid Calle 30 es una sociedad a la que se mantiene en beneficios para hacer llegar dividendo a sus socios, paga impuesto de sociedades, entre 17 y 20 millones de euros al año en los últimos ejercicios. Es decir, se está pagando con dinero recaudado a los madrileños, un impuesto general al Estado y todo ello se hace además después de que el Ayuntamiento ya haya pagado el IVA por contratar los servicios de Madrid Calle 30 y esta su parte correspondiente por subcontratar a Emesa. 

¿A quién se le ocurrió la idea? A Gallardón, claro está, o mejor dicho a su lugarteniente económico Juan Bravo. Y es que en su concepción inicial Madrid Calle 30 tenía más un sentido financiero, además de encargarse de la gestión y mantenimiento de la vía de circunvalación madrileña.

La empresa mixta asumió en su día el mayor crédito pedido por el Ayuntamiento de Madrid (en realidad eran dos créditos sindicados pero destinados al mismo proyecto), por un importe conjunto de 2.500 millones de euros y cuyo fin era precisamente el soterramiento de la M30. Era la gran obra de Gallardón, la que trajo a Madrid las dos mayores tuneladoras del mundo (Tizona y Dulcinea) a trabajar en una única ciudad por primera vez al mismo tiempo. Bravo aseguró que aquella estructura societaria era idónea para que el riesgo financiero no lo asumiese el Ayuntamiento. 

Cuando llegó la crisis, la banca dejó de ver claro eso de que las deudas públicas dependiesen de sociedades y no directamente de las arcas públicas y al mismo tiempo Gallardón descubrió que era posible ahorrarse 100 millones de euros al año en seguros si la deuda no colgaba de una empresa. La deuda se traspasó al Ayuntamiento en septiembre de 2011, pocos meses antes de que fuese nombrado ministro y, junto a él, el activo que lo respaldaba, es decir, las infraestructuras de renovación de la M30.

La empresa Madrid Calle 30, que perdía gran parte de su razón de ser al pasar la deuda y la obra directamente al Consistorio, siguió existiendo. Se redujo considerablemente el pago que se le hacía cada año (rondaba hasta 2010 los 300 millones de euros) porque ya no tenía que pagar los créditos, pero se siguió pagando el canon financiero fijado en el concurso además de la cuantía destinada a mantenimiento de la vía. 

¿Cómo se deshace esto?

El contrato de los socios de Madrid Calle 30 deja una puerta abierta al Ayuntamiento (y también a Emesa) para romper su matrimonio antes del plazo estipulado, que en principio no caduca hasta septiembre de 2040. Si uno de ambos socios así lo desea, Emesa podrá salir de la sociedad mixta el 31 de diciembre de 2025. Pero para ello, explica el acuerdo, el Ayuntamiento tendrá que abonarle el valor en libros de su 20% del capital. 

El patrimonio neto de Madrid Calle 30 era, a cierre de 2014, descontado el pasivo, de 440 millones de euros. De ser hoy la fecha de aplicación del acuerdo, el Ayuntamiento tendría que abonar a Emesa 88 millones para sacarla del capital de la empresa mixta. Pero hoy no es aún posible semejante acuerdo, lo que significa que ese patrimonio neto seguirá creciendo (aumentó entre 2013 y 2014 en 16 millones de euros). Teniendo en cuenta que en 2025 vence además el crédito subordinado prestado por Emesa a Madrid Calle 30, en total habrá que abonar más de 200 millones a las constructoras socias del Ayuntamiento en ese año para deshacer el acuerdo. 

Los presupuestos para 2015 de Madrid Calle 30, los últimos de Ana Botella como alcaldesa, destinaron un ingreso de 124 millones de euros a la sociedad. En el proyecto para 2016, elaborado ya por el equipo de Manuela Carmena, se han presupuestado para esta sociedad 125,8 millones de euros que terminarán el año, según se prevé, con un beneficio de 53 millones. 

La Cámara de Cuentas de Madrid ha incluido para este ejercicio la fiscalización de las cuentas de Madrid Calle 30, dadas las dudas surgidas sobre la idoneidad de esta estructura.