En la tierra de los unicornios (son 10, con 1,3 millones de habitantes: la mayor cantidad de unicornios per cápita del mundo) tienen muy claro que el primer paso para la digitalización de un país es establecer un sólido sistema de identidad digital.

Así lo relata Kersti Kaljulaid, expresidenta de Estonia (es decir, exjefa de Estado, no confundir con el cargo de presidenta del gobierno), tarea que desempeñó de 2016 a 2021, después de haber sido en 1999 “parte del equipo de dos personas que convenció al ministro de Finanzas de que la inversión en un sistema de identidad digital vale la pena”.

“Lo hicimos de una manera extraña: habíamos establecido un año antes el 'Gobierno sin papel', y lo que gastamos en hacerlo se recuperó en sólo tres meses, comparándolo con el cálculo del precio en publicidad del espacio que dedicaron los periódicos [de otros países] a contar cómo se había transformado Estonia positivamente”, añade Kaljulaid, que antes que política tiene un doble grado en administración de empresas y biología.

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La ocasión para D+I - EL ESPAÑOL de participar en una reunión con la exvicepresidenta surge de la asistencia a una jornada organizada por el actual Gobierno estonio, para actualizar la información sobre la e-Residencia. Evento coincidente además con el Digital Summit de Tallín y la cumbre OPG Global (Open Government Partnership es una organización que propugna la transparencia gubernamental en el mundo).

Es decir, muchas voces para hablar sobre digitalización y organización política, que en gran manera confluyen en esa idea puesta en pie por Estonia de la residencia digital, que ha superado ya los 105.000 ciudadanos procedentes de 176 países del mundo. Los números que detalla Llina Vahtras, directora gerente del programa desde el pasado mes de junio, son elocuentes más allá de la cifra de e-residentes: desde que la idea fue puesta en marcha en diciembre de 2014, los usuarios del sistema han creado más de 27.000 empresas. Son el 20% de las nuevas compañías en el país.

Contribución a los impuestos

Además, han devengado ya 180 millones en impuestos, que sólo pagan si generan y distribuyen beneficios. El pasado año la cifra redondeada fueron 50 millones y en 2023 estima Vahtras que serán unos 65 millones. El objetivo es llegar a los 100 millones anuales a partir de 2025

Es relevante considerar los datos porcentuales: en un país con 1,3 millones de habitantes, los 105.000 virtuales (aunque algunos optan decididamente por ser también residentes físicos), empiezan a acercarse al 10%.

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La cifra se va incrementando al ritmo de mil solicitudes al mes, aunque el sistema tuvo un momento estelar entre 2018 y 2019, en vísperas del Brexit, cuando multitud de británicos decidieron conservar una cierta ciudadanía europea para seguir con su actividad económica en la UE. Eso es lo que facilita plenamente la e-Residency estonia. 

No obstante, hay que aclarar que los e-residentes procedentes de Ucrania representan en la actualidad la mayor cifra y reciben además apoyos especiales.

España está en puestos destacados (5.000), si bien los responsables del sistema siempre aclaran que se trata de las solicitudes planteadas desde cada país. No necesariamente son ciudadanos del propio país y en España viven bastantes nómadas digitales, algunos de los cuales aprovechan las facilidades del sistema estonio para gestionar su negocio.

También son elevadas las cifras procedentes de China y Estados Unidos. Las e-residencias de Rusia y Bielorrusia, en cambio, han quedado sin validez, por razones bien conocidas. Para evitar improvisaciones, el programa prevé que a mediados del próximo año se promulgue una ley específica sobre “restricciones para países de riesgo”.

Servicios digitales

La e-Residency es, sobre todo, una herramienta para establecer empresas basadas en servicios digitales sin fronteras. La tarjeta de residente virtual se puede obtener sin pisar el país (aunque sí se requiere acreditarse presencialmente en su embajada, donde el solicitante reside) y debe renovarse cada cinco años.

Una vez obtenida, constituir una empresa online puede ser tarea de “unas tres horas”, según Sandra Särav, secretaria general adjunta para negocios y consumo del Ministerio de Economía.

La documentación facilitada por Vahtras asegura que el sistema posee el récord mundial de velocidad en creación de una empresa, en 15 minutos y 33 segundos. Cronometrados por el ordenador, hay que suponer.   

Y, recordando otra vez la cifra de habitantes de Estonia, la de “más de 1.444 startups”, que cita Vahtras, hace que sea también el país “con mayor cantidad de startups per cápita”, según Jevgeni Deminov, de Pipedrive, uno de los unicornios criados en Estonia. Más de la cuarta parte (28%) de los emprendimientos en el país es obra de e-residentes. Hay incluso alguna startup cuya actividad es, precisamente, ayudar a nuevos a e-residentes a establecer y formalizar su emprendimiento online.

Nueve años en marcha

Todo esto parte de un proyecto que echó a andar en 2014 y, volviendo al relato de la expresidenta Kaljulaid, después de haber triunfado su primera idea (a comienzos del milenio) de que, “si las empresas usaban ordenadores e intranets” también el Gobierno podía conseguirlo, para facilitar el acceso a los servicios públicos al ciudadano.

Según aseguró en el Digital Summit el actual ministro de Finanzas y Tecnologías de la Información, Tiit Riisalo, en la “plataforma de intercambio de datos” gubernamental X-Road hay más de un millar de entidades conectadas y 3.000 servicios electrónicos para facilitar un “gobierno personalizado” a cada ciudadano estonio a través de su ID digital. Se pueden gestionar online los más variados “acontecimientos vitales”, afirma Riisalo, poniendo como ejemplo los pasos requeridos para contraer matrimonio.

La expresidenta confiesa que el punto de arranque de esa tecnología fue “al estilo ruso”, con un software de identificación que ya existía, de origen finlandés, que una compañía sueca utilizaba para bancos y telecos. 

Según concreta, “muchos de los desarrolladores de IT para bancos suecos que operaban en el país eran estonios. Y recibieron permiso para probar el sistema online, porque pensaron que sería el futuro”. Algunos de esos desarrolladores se convertirían luego en fundadores de sus propias compañías.

La cuestión de los datos

Kaljulaid subraya que la cuestión de digitalizar el Gobierno plantea, en la relación con las personas, los mismos tipos de dudas y problemas que cuando lo hacen las empresas, lo que supone, en este caso, tener que contraer un compromiso con los ciudadanos de no utilizar contra ellos los datos que guarda en sus registros.“Pero, a cambio, hay que reconocer que es muy cómodo comunicarse así con el Gobierno y puedes sentir que te ayuda: si tienes un hijo, te 'logueas', dices que ha nacido, le pones nombre y no tienes que ir a hacer colas y papeleo al ayuntamiento”, justifica.

“Cuando la Unión Europea decidió establecer el GDPR, vimos que nos resultaba fácil para el Gobierno y para el sector privado”, añade. “Nuestras leyes no eran, digamos, débiles, mientras otros gobiernos estaban todavía legislando. Así que encontramos que era sencillo, podíamos prestar e-servicios legislando para nosotros sin preocuparnos por los demás. Lo malo es que, con la UE, nunca sabes qué será lo siguiente. Ahora, con la ley europea de servicios digitales [que establece una identificación digital europea] tememos perder algunas funcionalidades”, lamenta Kaljulaid.

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Preguntada por D+I - EL ESPAÑOL si la Comisión Europea ha consultado a Estonia, o ha buscado su asesoramiento, como el país más avanzado en ID, para establecer esa identidad digital de ámbito europeo, Kaljulaid sólo aclara que “el sistema debe ser interoperable en todos los países europeos”.

Explica que, a través de un acuerdo bilateral con Luxemburgo, Estonia ha comprobado que su sistema “es interoperativo al menos con cinco países de Europa, de manera recíproca. Nuestra arquitectura es similar a la de Finlandia, Suecia y Portugal. También son interoperables algunos servicios. Nuestro temor –insiste– es que perdamos alguno de los que tenemos”.

Otra cuestión que le planteamos es, si en ese proceso de digitalización universal de sus sistemas de Gobierno, Estonia tropezó con problemas de falta de capacidades e incluso rechazo de sus empleados públicos.

“Por supuesto que sí…”, responde.

¿Y cómo lo resolvieron?

“Despidiendo a los que no querían trabajar con el soporte electrónico. Este es un país libre, cada uno puede hacer lo que dese y no obligamos a nadie a trabajar en Hacienda o en el sistema sanitario. El mercado europeo de trabajo es libre”.

“Si vives en un país del tamaño de Holanda, con 1,3 millones de habitantes, con salarios relativamente bajos, pero precios de vivienda no muy altos, la gente no se va. Viene”, prosigue.

“Tenemos un saldo positivo de inmigración, así que no vamos a dejar las cosas sin hacer porque alguien sea despedido. Tenemos esa cultura. Las empresas se están quejando continuamente de que les falta fuerza de trabajo, así que no vas a ganar nada quedándote con un salario al servicio del Gobierno…”.