La ola de calor que azota España estos días se traslada al terreno laboral en el sector del delivery. Todo indica que la agitación no cesará más allá del verano. La 'Ley Rider' lleva visos de prolongar las altas temperaturas hasta el nuevo curso con la fase final de su tramitación en el Senado durante septiembre.

El de este año será recordado como uno de los veranos con más avances legislativos en materia digital. El Consejo de Ministros aprobó a principios de julio el anteproyecto de la Ley de Startups con rebajas en el Impuesto de Sociedades y más deducciones a la inversión. Las empresas reclamaron más ambición y romper el techo de cristal.

Una semana después se presentaba el hub español Gaia-X que daba a conocer el papel que desarrollará el país en la futura nube pública europea, al tiempo que veía la luz la Carta de Derechos Digitales (CDD) con la que Pedro Sánchez busca adaptar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución a la era digital.

Sin embargo, ha sido una normativa laboral -que tenía en el pasado 12 de agosto una fecha marcada en rojo en el calendario- el primer escollo que el Gobierno ha encontrado en este proceso de adecuación del sector digital a la realidad económica y social de España.

Desde el pasado jueves las plataformas de envío de comida a domicilio deben dar de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a sus repartidores como trabajadores por cuenta ajena. 

Ventajas e inconvenientes

En este nuevo escenario, estas compañías digitales deben de optar por contratar a todos los autónomos, subcontratarlos o abandonar España como ya ha anunciado que hará Deliveroo este otoño.

Con las asociaciones de repartidores divididas y las plataformas analizando qué medida aplicar, ¿es posible acotar las ventajas e inconvenientes del nuevo marco laboral en el sector?

El texto, que se pactó con sindicatos y patronal y que culminará su proceso legislativo en septiembre en el Senado, confiere más protección y transparencia al trabajador respecto a las plataformas digitales. Es el principal argumento de sus defensores, principalmente, el Gobierno y los sindicatos.

Así, la norma prima la presunción de laboralidad, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Cabe recordar que durante la aprobación del real decreto ley el pasado mes de mayo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que con la 'Ley Rider' "España se convierte en la vanguardia internacional en esta materia". "Tanto el mundo como Europa nos están mirando".

Los sindicatos aplauden el nuevo marco, aunque en algunos aspectos hubieran preferido que fuera más lejos, y sostienen que estarán vigilantes ante posibles vulneraciones.

Entre los detractores de la 'Ley Rider' destacan dos tipos de argumentos. Por un lado, los estrictamente laborales y económicos, esgrimidos en su mayoría por las asociaciones de repartidores que discrepan de la norma, y las plataformas digitales que ven estrangulado su negocio en España.

También encontramos en este grupo a los partidos políticos en la oposición que han criticado no haber sido consultados por el Ejecutivo de Sánchez para la conformación del marco laboral.

Por otra parte, se hallan las razones académicas y conceptuales, sostenidas por expertos en materia digital que lamentan el desconocimiento del Gobierno sobre la idiosincrasia del sector disruptor en España, que puede frenar el profundo proceso de cambio en marcha.

Los repartidores contrarios a la normativa aseveran que los principales inconvenientes son la pérdida de la flexibilidad laboral y la precarización de sus salarios. 

Desde Adigital, la asociación empresarial que representa a la economía digital en España, se insiste "en la importancia de apostar por una regulación inteligente que se adapte al proceso de transformación en que estamos inmersos y, por tanto, a las nuevas demandas de la sociedad y la economía".

Por ello, en el caso del trabajo en estas plataformas digitales, "seguimos tendiendo nuestra mano a administraciones, empresas y resto de actores implicados, para impulsar medidas que proporcionen seguridad jurídica y garanticen la protección de los trabajadores, sin frenar la innovación o el impulso de nuestra economía".

Nuevos tiempos, viejos modelos

En esta línea, no hay que olvidar, como apuntaba recientemente en D+I el experto Agustín Baeza, en su columna La Polis Mecánica, que "no todos los trabajadores responden al mismo arquetipo que los de las fábricas del siglo pasado".

El sector disruptor avanza a pasos agigantados -no siempre las fórmulas aplicadas hasta ahora servirán para gestionar esta nueva realidad- y su adecuación al mercado laboral va a requerir de grandes consensos en el futuro para no poner palos en las ruedas de la transformación digital.

De hecho, uno de los puntos de la ley que más esgrimen sus detractores es el referente a la propiedad intelectual. La 'Ley Rider' exige que el trabajador tenga conocimiento de los algoritmos que utilizan estas plataformas, lo que, según los expertos consultados, puede penalizar el conocimiento generado por estas compañías.

En el terreno meramente político, la nueva ley ha contado con el rechazo de Vox, PP y Ciudadanos. El senador por el PP Javier Puente asegura a D+I que lucharán ahora en la Cámara Alta por modificarla.

Efectos en el mundo rural y pequeños hosteleros

"No hay que olvidar la inseguridad jurídica que genera. El desconocimiento del Gobierno de este sector disruptor es enorme y las consecuencias, difíciles de medir", afirma Puente.

El senador recalca que con la 'Ley Rider' también sale perdiendo el mundo rural y los pequeños hosteleros y restauradores, que se habían apoyado en estas plataformas digitales para sortear el impacto del Covid-19. 

"Los pequeños emprendedores de la hostelería habían podido salvar los muebles gracias a esta tecnología. También en las zonas rurales había ayudado a disponer de servicios que de otra forma es impensable que llegaran a estos ciudadanos", lamenta el senador.

La 'Ley Rider', que todavía podría sufrir modificaciones, prosigue su tramitación legislativa que culminará el próximo mes. Los debates de las mociones presentadas por los grupos políticos en el Senado se llevarán a cabo en la semana del 6 de septiembre. La tramitación en el plenario tendrá lugar el próximo 14 de septiembre.