Un año de la ley de startups: de la promesa de alcanzar a 10.000 empresas a certificar solo a 500 firmas

En este período, no han sido pocas las cosas que han cambiado en el panorama que ha rodeado esta legislación, por ejemplo, la celebración de unas elecciones generales que volvieron a colocar a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y que se tradujeron en la reorganización de las carteras, dejando esta ley al amparo del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, bajo el mando de José Luis Escrivá. 

También, se produjo la salida de los tres cargos que personalizaron la aprobación de esta norma, entre ellas, la de Nadia Calviño, que dejó el ministerio de Economía español para ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI); la de la entonces secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que anunció su vuelta al sector privado a finales del año pasado; y la de Francisco Polo, que ocupaba el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, un organismo que se suprimió cuando la ley salió adelante. 

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Tampoco sigue en su cargo José Bayón, el que fuese CEO de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), la entidad en la que recae parte del funcionamiento de la ley de startups, que comunicó su marca a principios de año y que ha sido sustituido por Borja Cabezón. 

No queda, así, ninguna de las personas que protagonizaron la instantánea a las puertas del Congreso de los Diputados en noviembre de 2022 el día que comenzó el camino legislativo de este documento que, finalmente, cuatro años después de su anuncio, tras meses de debates y más de 300 enmiendas procesadas durante su elaboración, empezó a operar a comienzos de 2023. 

Una ley "de país"

Los diferentes impulsores definieron en multitud de ocasiones esta norma como una "ley de país" debido a que su elaboración se llevó a cabo de forma equilibrada entre los diferentes grupos políticos. Además, destacaron su carácter "histórico" porque permite al país competir en la economía global y reforzar su posición en la batalla por conseguir talento e inversión. 

Para ello, la legislación recoge una serie de beneficios relativos a las empresas emergentes, entre los que destacan algunos como la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas No Residentes del 25% al 15% durante un plazo máximo de cuatro años, que se convirtió en la medida estelar. 

También, abarca iniciativas para el aplazamiento de las deudas tributarias y stock options como medio de retribución a los trabajadores de las startups; así como elevar del 30% al 50% la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva o reciente creación, hasta los 100.000 euros.

Además, la ley se centra en los llamados "nómadas digitales" y ofrece un nuevo tipo de visado para las personas que se enmarcan bajo este concepto, al tiempo que rebaja los requisitos para acceder al Impuesto de Renta de Personas no Residentes.

La norma incluye, asimismo, varios puntos destinados a la simplificación de la burocracia que enfrentan las startups a diario, como la eliminación de la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes; además de impulsar más entornos de prueba (sandbox regulatorios) para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajaran en la legislación vigente

500 startups certificadas

Sin embargo, más allá de las particularidades fiscales que integra la ley, una de las grandes novedades relacionadas con este documento es la concreción de la definición de startup, que se encargó a Enisa. 

Siete meses después de la entrada en vigor de esta norma, el 21 de julio de 2023, apenas dos días antes de la celebración de las últimas elecciones generales, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió la orden que regula los criterios de las empresas que se podrán adherir a esta normativa. 

En concreto, se considera empresa emergente a toda compañía de nueva creación o que no supere los cinco años desde su constitución (siete, en el caso de las del sector de biotecnología, energía o industria) que tenga la sede social o el establecimiento permanente en España. También, debe tener un 60% de su plantilla con contrato en este país y deberá desarrollar un proyecto de "emprendimiento innovador y escalable". 

Además, la firma que opte a esta definición no podrá cotizar en un mercado regulado ni haber distribuido dividendos, tampoco alcanzar un volumen de negocio superior a los diez millones de euros. 

[Qué es una empresa emergente: Enisa define qué firmas podrán adherirse a la Ley de Startups]

El BOE precisa que las empresas deberán cumplir, al menos, una de las seis disposiciones que integra, entre las que se encuentra que el gasto en I+D+I tecnológica represente como mínimo un 15% del total de la empresa durante los dos ejercicios anteriores o en el inmediatamente anterior cuando sean compañías de menos de dos años o que haya sido beneficiaria de inversión, financiación o ayuda pública para el desarrollo de proyectos de I+D+I en los últimos tres años. 

También, que disponga de un informe emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se revele su carácter innovador; que acredite disfrutar de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por tener contratado personal investigador; o que disponga de un Sello Pyme Innovadora o de la Certificación de Joven Empresa Innovadora o de Pequeña o microempresa Innovadora, ambas emitidas por AENOR, entre otras.

Según el Ejecutivo, a través de los criterios establecidos esperan alcanzar cerca de 10.000 firmas, lo que impactará en 150.000 puestos de trabajo. Solo en las primeras cuatro horas desde la definición de estos criterios, Enisa celebró las más de 90 solicitudes recibidas; sin embargo, en diciembre de 2023 la organización revelaba que hasta esa fecha solo se habían certificado 500, muy lejos todavía de los diez millares previstos.  

Deberes pendientes

El BOE que recoge la ley de startups incluye entre sus disposiciones la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, un organismo que actuará de mediador entre las administraciones públicas, universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos, asociaciones empresariales o empresas emergentes. 

En concreto, sus funciones, definidas en dicho Boletín, serán analizar, identificar buenas prácticas y debatir las políticas públicas de impulso al emprendimiento en investigación y desarrollo y en innovación, así como proponer mejoras orientadas a su crecimiento y a su integración en los mercados comunitario y mundial.

El Gobierno definió un plazo de seis meses desde la publicación de la ley en el BOE para la disposición de un Real Decreto que regule el funcionamiento del mencionado Foro, algo que se materializó el pasado mes de julio. De momento, no hay más información sobre la operativa, constitución o las acciones llevadas a cabo por este organismo desde entonces. 

Por otro lado, la ley de startup también dispone que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elabore, en el plazo de siete meses, un informe sobre todas las ayudas disponibles, "con el fin de mejorar la eficiencia y la transparencia". Hasta la fecha, solo se sabe que el encargo se ha llevado a trámite por parte del Ejecutivo, pero no se conocen los resultados del mismo. 

El futuro pasa por las scale-ups

Apenas han pasado 12 meses desde la entrada en vigor de esta legislación y menos de un año desde que se conocen los criterios definidos por Enisa, pero el sector ya mira hacia el futuro y pide una normativa similar que abarque a las llamadas scale-ups.

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) lleva meses insistiendo en la importancia de desarrollar una ley de escalabilidad que permita acompañar a las empresas emergentes e incrementar la productividad y competitividad de España.

De la misma forma que en la regulación que afecta a las startups, desde Adigital apuestan por una normativa que ayude a promover este tipo de firmas y a respaldar a aquellas que consigan sobrevivir que, según María G. Picatoste, directora de Emprendimiento y Escalabilidad en la asociación, "apenas suponen un 6%".