El lunes pasado se cerró el plazo para presentar propuestas a la manifestación de interés del Ministerio de Asuntos Públicos y Transformación Digital, dirigida a recabar ideas para empujar la conectividad y adelantar el despliegue del 5G en zonas rurales y de población dispersa.
Con todas las propuestas recibidas sobre la mesa, corresponde ahora al Gobierno concretar qué líneas estratégicas de actuación se defenderán ante Bruselas, para asegurar esos fondos del mecanismo Next Generation EU.
Las telecos locales, que tradicionalmente quedan fuera del reparto del principal programa de ayudas públicas al despliegue de redes -el Plan PEBA-NGA-, optan ahora a hacerse con una parte de los 583 millones de euros previstos en los PGE 2021 para llevar la banda ancha a la España vaciada. A esta cantidad, se suman otros 300 millones de euros que irán dirigidos al impulso del 5G.
D+I ha tenido acceso al proyecto presentado por AOTEC, asociación que representa a las pymes de telecomunicaciones en España.
Operador neutro
La propuesta de esta asociación se enmarca en la próxima subasta de espectro radioeléctrico de 700 MHz, prevista para finales de marzo. Mediante este proceso, el Estado otorgará las licencias de uso para que las telecos españolas adjudicatarias puedan desplegar nuevas redes 5G. Son licencias a 20 años.
Como es lógico, en una subasta suelen resultar adjudicatarios quienes disponen de más dinero con el que pujar, y esto excluye a los operadores más pequeños. En AOTEC consideran que dejar el despliegue del 5G exclusivamente en manos de los tres grandes del sector (Telefónica, Vodafone y Orange) generaría retrasos con respecto a las grandes ciudades, que al estar más pobladas y tener una mayor densidad empresarial e industrial resultan más rentables.
Por eso, lo que propone AOTEC se basa en habilitar la figura de un operador neutro: aquel que, sin frecuencias propias, creara una infraestructura de red 5G multioperador en el ámbito de un municipio, y que los operadores con espectro tendrían la obligación de utilizar. Alternativamente, se podrían imponer obligaciones para compartir espectro. En cualquiera de los dos escenarios, las condiciones deberían detallarse en los pliegos de la mencionada próxima subasta.
“Nuestra propuesta de desarrollar redes locales públicas 5G multioperador es una figura que pretende afianzar el grado de competencia del mercado de las comunicaciones electrónicas permitiendo que operadores alternativos que no tienen acceso a las frecuencias puedan participar en el despliegue”, asegura AOTEC.
Otra ventaja, según la propia asociación, es que garantizaría “una mejor cobertura y, por tanto, un mejor servicio, al obligar a despliegues municipales íntegros allí donde el operador construya la red. La red multioperador garantiza igualmente el ejercicio de la capacidad de elección por parte de los usuarios finales y la competitividad de las ofertas”.
Por último, “el coste de los servicios para el usuario será menor como consecuencia del menor coste que tiene el despliegue de una sola infraestructura en vez de una por operador”.
4.230 millones en tres años
AOTEC va a por todas: como presupuesto estimado del proyecto, propone que se destine a él el total de los fondos destinados a conectividad en el trienio 2021-2023: 4.230 millones de euros. “Estas ayudas se aplicarán para iniciativas de cobertura total 5G en un conjunto de 6.827 municipios, si bien la propuesta de redes locales publicas 5G multioperador alcanza a todos los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes”, sumando así otros 879 municipios, describe el documento.
No podemos olvidar que el 84% de los municipios españoles tienen menos de 5.000 habitantes y el 50% menos de 500. Es en estas zonas donde la preocupación por la posible brecha rural es más acuciante
La asociación propone que las ayudas se concentren en los municipios más pequeños, a través de subvenciones directas. Éstas se adjudicarían a través de convocatorias anuales de ámbito autonómico y que obligaran, a su vez, a que los despliegues se finalizaran en un plazo máximo de 2 años. Mientras, “creemos que los municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes podrían ser, salvos algunas excepciones, perfectamente objeto de iniciativa privada sin respaldo económico”.
No obstante lo anterior, “la obligación de utilizar redes locales 5G multioperador debiera existir para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes”.
“Cada una de las iniciativas de redes públicas locales 5G multioperador deberá contar con una conexión de fibra óptica (o alternativa similar en prestaciones) hasta ese municipio que permita su interconexión con la red pública y, por consiguiente, garantice la interoperabilidad de las comunicaciones electrónicas”, detalla la asociación.
En cuanto a la posibilidad de que la propuesta de AOTEC pueda tener un efecto en el despliegue de 5G en corredores de transporte, “podría plantearse la posibilidad de que los despliegues locales incluyeran algunas carreteras comarcales u otro tipo de vías colindantes o adyacentes, más allá del área de despliegue cubierta”, continúa el documento.
Propuesta abierta
AOTEC asegura que su propuesta está abierta a cualquier entidad pública o privada, si bien los socios principales son los siguientes: los propios asociados de la entidad, seguidos de Neutroon (empresa especializada en neutral host), la Fundación I2Cat y los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura y Región de Murcia. Estos últimos no actuarían como promotores del proyecto, pero sí como potenciales gestores de las ayudas.