Esta semana el Gobierno ha sacado a consulta pública las condiciones de la próxima subasta de espectro radioeléctrico, relativa a la banda de 700 megahercios (Mhz), que tendrá lugar en el primer trimestre de 2021. En D+I queremos explicar qué implica este gesto, qué alternativas tienen las telecos y, finalmente, qué repercusión tendrá este proceso sobre la economía a medio plazo. 

Como suele ocurrir con el reparto de las franjas de espectro radioeléctrico reservadas para usos comerciales, el Estado las saca a subasta para que las empresas del sector compitan entre sí. El Gobierno marca un precio de salida y unas condiciones generales y, a partir de ahí, todo queda a expensas de las empresas… Bueno, ya no. ¿Quién ha dicho que esas condiciones fueran inamovibles?

Por eso en esta ocasión, y por primera vez, el Gobierno ha sometido a audiencia pública las reglas generales de la subasta, la cantidad de bloques en que se trocean las licencias disponibles, la duración de las concesiones (que normalmente es de 20 años), la forma de pago al Estado, las obligaciones de cobertura asociadas a las concesiones, las obligaciones de acceso mayorista, y hasta el precio de salida. Vamos, todo. 

Lo único que no está sujeto a discusión es la parte del espectro que será subastada (703-733 MHz y 758-788 MHz), que está destinada a que por allí fluya la próxima generación de redes 5G. Eso no se toca porque viene determinado ya por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y porque está armonizado a nivel de toda la Unión Europea. 

¿Pero no hay 5G ya en España? El 5G actual está desplegado en otra banda mucho más alta del espectro, la de 3.5 gigahercios (Ghz), que permite transmitir mucha cantidad de información pero ofrece peor penetración. La banda de 700 Mhz es la más cotizada porque tiene más fuerza: necesita menos cantidad de antenas repetidoras para cubrir un mismo terreno y traspasa mejor las paredes, llegando mejor al interior de hogares, oficinas o fábricas.

La banda de 700 Mhz es más valiosa y, en consecuencia, también más cara. Por este motivo, en lugar de fijarnos en las condiciones que tuvo la subasta del 3.5 Ghz, sería más lógico comparar las magnitudes con la subasta de la banda de 800 Mhz del año 2011, ante la llegada del 4G. 

Ahora, el Gobierno propone un precio de salida de 1.170 millones de euros. Entonces, fue de 1.463 millones. La previsión de la recaudación que figura en los PGE 2021 es de 2.100 millones de euros. En 2011 fue de 2.000 millones, aunque finalmente reportó 1.647 millones a las arcas del Estado. Sin embargo, las operadoras tildan el nuevo precio de salida de “inasumible”. ¿Por qué?

Primer gran punto de discusión: el precio

Entre otras razones, las operadoras protestan porque el contexto ha cambiado enormemente desde el año 2011. Su negocio es ahora deflacionista, con ingresos a la baja, y las perspectivas de negocio de las futuras redes 5G son aún inciertas. Así, de cara a esta subasta, la horquilla con la que trabajaban estas empresas era de entre 1.000 y 1.200 millones como coste total de la subasta. 

¿Por qué deben pagar las telecos por el espectro? Este debate está ahora más candente que nunca. Las operadoras defienden que cuanto más dinero tengan que destinar a la reserva de uso de espectro durante 20 años, menos dinero les restará para desplegar las redes o para desarrollar otras tecnologías.

De forma más o menos sutil, argumentan que la brecha digital en España se resolvería mucho antes si los operadores dispusieran de esa liquidez. Alicia Richart, en representación de la patronal DigitalES, sugería en esta entrevista con D+I el pago de una “cantidad simbólica” por el espectro.

Como veíamos, la cuestión del precio está sometida a consulta pública estos días. Será improbable que se produzca un giro tan radical, teniendo en cuenta la urgencia de ingresos del Estado. Como nuevo gesto hacia la industria, el Gobierno propone que las operadoras puedan hacer un único pago (en lugar de extenderlo durante 20 años, con los consecuentes intereses anuales) y reducir las tasas (aún no sabemos en qué medida).

Segundo debate: ¿cuántas operadoras tendrán 5G?

Lo segundo que está en juego en esta subasta es el número de telecos que podrán desplegar redes 5G. Aquellas que no dispongan de los recursos para pujar contra los líderes del sector podrán llegar a acuerdos para compartir su infraestructura de red (como ejemplo, la alianza entre Orange y MásMóvil).

También existirán ciertos compromisos de acceso mayorista. En cualquier caso, conseguir una licencia en la banda de 700 Mhz puede proporcionar una notable ventaja competitiva. 

Hay varias alternativas para repartir los megahercios disponibles para subasta. Una de las más discutidas recientemente es la opción de reservar uno de los ocho bloques disponibles para una operadora más pequeña, de modo que el reparto no quede limitado a Telefónica, Vodafone y Orange. Esto propiciaría que un cuarto operador pudiera contar con frecuencias propias en esta banda estratégica.

Una decisión así seguramente tendría el beneplácito de la CNMC, pero por otra parte encarecería la subasta y podría recibir impugnaciones por parte de las grandes. Por otro lado, tener solamente un bloque de 2 x 5 Mhz no permite exprimir la potencialidad de esta banda. 

Por todo esto, en el texto sometido a audiencia pública el Gobierno plantea licitar el espectro sin reservar ningún bloque específico para operadoras más pequeñas. A priori esto parece encajar peor en la orientación ideológica del Gobierno, pero tiene evidentes ventajas de seguridad jurídica y eficiencia en el uso del espectro por parte de las [grandes] empresas adjudicatarias. 

¿Será disruptivo el 5G?

Finalmente, cabe recordar que el 5G que tenemos actualmente en España no es un 5G “puro”, en el sentido de que está empleando el core tecnológico del 4G. Una vez que esto cambie, a partir de 2021 o, seguramente, 2022, comenzaremos a ver algunas de las verdaderas potencialidades de esta tecnología. 

El 5G ofrece una velocidad muy superior y una latencia (tiempo de respuesta) muy inferior al de las conexiones actuales. Pero, sobre todo, el 5G permite un uso mucho más eficiente del espectro, lo que hace posible que haya mucha más cantidad de cosas conectadas. La sensorización de todo cuanto hay a nuestro alrededor, sumado a la inteligencia extraída del análisis de esos datos, hará posible la aparición de innumerables nuevos servicios digitales. 

Por eso, todos los paradigmas económicos podrían estar a punto de saltar por los aires. Incluso el orden mundial está en entredicho. Según un informe reciente de Standard Chartered, siete de las diez economías más importantes del mundo en 2030 serán países que hoy consideramos “emergentes”: China, India, Indonesia, Turquía, Brasil, Egipto y Rusia. 

En definitiva, la escala de la disrupción potencial que tenemos por delante es abismal. España tiene la oportunidad de aprovechar su buena infraestructura de telecomunicaciones actual para ocupar una posición de relevancia en la “era del 5G”. La próxima subasta de espectro es un paso pequeño, pero trascendente, en ese camino.