Las ‘telco’ reclaman un "trato justo" para el despliegue de la 5G: que el Estado pague el 40% del coste

Como cada septiembre desde hace 34 años, la pasada semana la patronal del sector tecnológico Ametic abría el curso con su tradicional encuentro de economía digital y una destacada presencia institucional y empresarial. Una semana más tarde, es el turno de la escisión surgida de la anterior con los operadores de telecomunicaciones al frente, DigitalES.

También en esta ocasión, el consenso de la industria se ha marcado la digitalización como prioridad en la reconstrucción económica de nuestro país. De hecho, la enorme coincidencia de políticos en ambas citas no ha hecho sino remarcar ese mensaje. En lo que sí ha habido diferencias notables es en el cómo llegar a ese futuro digital que tanto anhelamos: mientras en el evento de Ametic se destacó la importancia de los proyectos tractores y la integración de la tecnología de forma capilar en la economía española, DigitalES ha preferido enarbolar la bandera de la bajada de impuestos y las quejas por el trato de la Administración y la burocracia patria.

El propio presidente de la asociación, el exministro de Defensa con el Gobierno de Aznar, Eduardo Serra, exigió un marco fiscal "justo, que no ahuyente las inversiones y al capital nacional y extranjero", dentro de un entorno de "confianza y certidumbre" al mismo tiempo que de "celeridad y flexibilidad". Serra también ha pedido al  Gobierno que acabe con las "trabas burocráticas heredadas del siglo XIX" que, según él, son uno de los principales frenos a la digitalización de nuestro país.

Detrás de estas reivindicaciones al sector público está el inminente despliegue de las redes 5G en nuestro país. Si bien todos los operadores han puesto en marcha ya ofertas bajo esta denominación, lo han hecho usando la aproximación ‘non standalone’, esto es, usando la actual infraestructura de la 4G. Cuando se acometa el verdadero lanzamiento de la quinta generación, el sector se verá obligado a realizar una sustanciosa inversión -como ya ocurrió en tecnologías anteriores o incluso con la fibra óptica-, para lo que las ‘telco’ demandan no sólo que el Estado cree el marco adecuado, sino también que contribuya económicamente de forma sustancial.

El encargado de poner números a esta ardua tarea ha sido el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra. Según los cálculos de esta ‘telco’, desplegar la misma cobertura de 5G que la existente ahora con su predecesora requerirá 5.000 millones de euros. Y ahí es donde quiere que la Administración se haga cargo de gran parte del gasto, concretamente cargando a las arcas públicas un coste de 2.000 millones de euros. "Hay que dedicar como mínimo el 10% de los fondos que contempla el plan España Digital 2025 a impulsar el despliegue del 5G". Recordemos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido 20.000 millones de inversión estatal en los próximos tres años, entre otras tareas para la 5G, pero también para tecnologías, servicios y contenidos digitales que puedan generar valor añadido sobre esa infraestructura, que no deja de ser una commodity por definición.

Mucho menos controvertido ha sido Emilio Gayo, presidente de Telefónica España. Gayo también ha pedido apoyo público al sector de las telecomunicaciones, sin exigir pagos milmillonarios como Coimbra, y ha preferido destacar la relevancia de esta industria no por su valor en sí misma, sino como habilitadora de otros sectores y de la progresiva digitalización del país. "Por cada euro que el sector de las telecomunicaciones invertirá en infraestructuras se generará un impacto de tres euros en sectores clave para nuestra economía, como la seguridad, turismo o sanidad, para desarrollar ecosistemas de servicios como industria 4.0, smart cities vehículos autónomos", ha explicado el directivo en su intervención.