La Covid-19 ha traído un evidente impulso de la digitalización. Tendencias que ya se observaban con anterioridad, como la venta online y el teletrabajo, se han visto catapultadas en todo el mundo. Pero el impacto social de esta realidad es muy desigual entre las diferentes regiones del planeta.

En América Latina (y Caribe), donde en 2019 existía de promedio un 51% de informalidad laboral, la digitalización prometía impulsar la inclusión de los colectivos sociales más vulnerables. En la práctica, sin embargo, esta inclusión se ha visto limitada por las brechas de acceso y manejo de Internet, agravando aún más las desigualdades. “El impacto de la crisis se ha traducido en un colapso inmediato de los ingresos laborales y familiares de un conjunto muy amplio de la población”, advierte el informe ‘Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe’ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para profundizar en estas ideas, desde D+I contactamos con Elva López Mourelo, que desde hace casi tres años dirige el área de Mercados de Trabajo Inclusivos de la OIT en Argentina. “Observamos que la transformación tecnológica acentúa las desigualdades que ya existían, ya que, por ejemplo, en un país como Argentina menos del 20% de los empleos se pueden realizar de manera remota. Asimismo, la brecha digital provoca que muchas unidades productivas no puedan hacer la transición al comercio electrónico”, confirma.

“El informe indica que en los países andinos y de Centro América, solo un 15% de la población o incluso menos tiene acceso a banda ancha. Eso excluye a la mayoría de los ciudadanos de las oportunidades vinculadas a la transformación tecnológica”, constata esta especialista.

La brecha en el uso de Internet móvil es también muy relevante en la región. Así, según cifras de la GSMA, el 93% de toda la población de América Latina podría tener acceso a la Red desde un dispositivo de bolsillo, pero solamente el 75% lo hace.

“El liderazgo está cada vez más vinculado con el desarrollo tecnológico. Por eso, hay un riesgo de que aquellos países o regiones donde el acceso a la tecnología es menor ocupen un papel cada vez menos relevante”, advierte.

No todo son malas noticias. La pandemia ha acelerado la regulación el trabajo en remoto. La propia Argentina, así como Paraguay, Costa Rica, Colombia, Chile y Perú, entre otros países, han aprobado normas para el teletrabajo, o están en proceso de hacerlo. En Belice las empresas que pueden operar en remoto están obligadas a permitir que los empleados trabajen desde sus casas. Y en Trinidad y Tobago el Ministerio de Trabajo estableció “Workplace Guidelines on the closure of schools” donde, entre otras medidas, se alienta al empleador a implementar el trabajo remoto para los empleados con niños.

Plataformas y precariedad

Por otro lado, “vinculadas a la digitalización, se han instaurado unas nuevas formas de empleo que en muchas ocasiones contribuyen a una mayor precarización”, afirma López Mourelo, en referencia a las plataformas digitales de reparto.

Las plataformas operan en un mercado de trabajo que se caracterizaba, ya con anterioridad, por una alta vulnerabilidad. “Absorben sobre todo trabajadores con una trayectoria larga de precariedad en el país, así como migrantes. Son trabajadores en situaciones muy precarias, que encuentran en estas plataformas una entrada laboral muy rápida”, expone. Hay que tener en cuenta que estas empresas llegaron a América Latina a finales de 2018. En ese momento existía una fuerte crisis migratoria en el Cono Sur, en parte de personas procedentes de Venezuela.

Al igual que sucede en Europa, los trabajadores de estas plataformas operan como autónomos. Pero un rasgo distintivo de América Latina es que, “en una alta proporción, son empleos a tiempo completo y de larga duración”, apunta la experta de la OIT. Así, según una encuesta que realizó esta organización en 2019 y nuevamente en 2020, “un porcentaje muy alto” de los trabajadores permanecía en esta actividad un año después e incluso había hecho inversiones, por ejemplo en una nueva motocicleta”.

Es importante subrayar que la protección social de los autónomos en la mayoría de países latinoamericanos es inferior a la que disfrutarían, por ejemplo, en España. Así, un autónomo en Argentina no tiene derecho a cobertura en caso de accidente laboral, ni a prestación por maternidad. Igualmente, “una vez que los trabajadores se dan de alta en la plataforma y hacen los primeros pagos, deja de haber un control. Por eso, transcurrido unos meses, algunos de ellos vuelven a operar en la informalidad”.

Se constata así que los riders en América Latina no escogen estas ocupaciones por criterios como la flexibilidad, sino por la dificultad de encontrar otro empleo. Una dificultad que se ha agravado por la pandemia. “El trabajador asalariado registrado no crece. Sí lo hace la figura del trabajador independiente, motivado por estas plataformas digitales. Esto abre muchos debates sobre cuál debiera ser el sistema de contribuciones y de protección social que diera sustento a todas estas tendencias asociadas al futuro del trabajo”.

López Mourelo concluye abogando por un nuevo pacto social, donde todos los actores participaran de la responsabilidad de crear sociedades más equitativas y con trabajo de calidad para todo el mundo. Objetivos esperanzadores que propugna la OIT desde 2019, coincidiendo con su centenario, a través de esta Declaración. “Seremos la sociedad que todos queramos”.