Precisamente, durante el primer Consejo de Ministros con plenas funciones de esta legislatura, celebrado este miércoles, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, informó de que su departamento ya ha cerrado la orden ministerial que activa, de forma oficial, los trabajos para las Cuentas. 

Unos trabajos, que como ya contó este periódico, se iniciaron hace semanas con el fin de que el esqueleto de los Presupuestos esté preparado cuanto antes. El Ejecutivo quiere acelerar la tramitación parlamentaria del proyecto presupuestario todo lo posible. 

Se trata de unas Cuentas especialmente complejas. Para empezar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha prometido conservar varias medidas relacionadas con el escudo social activado por la guerra en Ucrania.

Concretamente, la rebaja del IVA de los alimentos básicos se mantendrá hasta finales de junio de 2024. También se conservará la bonificación del transporte público, que será totalmente gratis para menores, jóvenes y personas desempleadas. 

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Pero hay más. Cabe recordar que Sánchez tendrá cumplir otras promesas que hizo en su discurso de investidura, como los avales públicos para facilitar que los jóvenes compren su primera vivienda y los incentivos para reformar el parque inmobiliario y que los dueños de viviendas arrienden.

Entre estos compromisos también está el bono de ayuda a los jóvenes para el pago del alquiler, que se va a ampliar, y el bono cultural, que se va a reeditar el próximo año. Además, el Ejecutivo tiene que continuar plan de extender la educación gratis de cero a tres años y la reducción de listas de dependencia. 

A todo esto se suma que el próximo año subirán tanto las pensiones de jubilación como las no contributivas, así como el ingreso mínimo vital (IMV). 

Todo ello en un contexto en el que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a contener el déficit público en el 3% del PIB, justo en el momento en el que resucitarán las reglas fiscales. Esto significa un recorte de más de 13.000 millones de euros. Es decir, que se quiere gastar más pero al mismo tiempo hay que ahorrar. 

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¿Cómo se va a articular esta estrategia económica? Por un lado, el Ministerio de Hacienda confía, como en los últimos años, en que el PIB siga creciendo y mejorar así los ingresos públicos. 

Pese a la desaceleración económica, el Ejecutivo espera que la economía crezca un 2% en 2024, aunque esta estimación es rebajada por la mayoría de casas de análisis. También vaticina que el mercado laboral seguirá creciendo, así como las inversiones.

Todo ello permitirá que los ingresos a través del IRPF, el Impuesto de Sociedades, el IVA así como mediante las cotizaciones sociales se incrementen de forma natural. A esto hay que sumar las nuevas subidas tributarias adicionales que ya ha prometido el presidente del Gobierno. 

"El 75% de nuestros compatriotas piensan que hay que reforzar el Estado del Bienestar y que para ello debemos aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Y esa opinión es tan mayoritaria como preponderante incluso entre los votantes de derechas", dijo durante su discurso de investidura. 

Fiscalidad para ricos

"Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene", agregó. 

Como parte de estos argumentos, se aumentará la progresividad del IRPF y se aplicará un 15% de tributación mínima a través del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas y las multinacionales. Además, habrá nuevas medidas contra la economía sumergida y la elusión fiscal y se ensancharán las bases fiscales. 

En cualquier caso, los Presupuestos Generales del Estado de 2024 enfrentarán a retos desde sus inicios. Los Objetivos de Estabilidad, es decir, los límites de déficit y deuda pública que marcan el techo de gasto de las Cuentas, tienen que ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado. 

Sin embargo, la Cámara Alta está en manos del Partido Popular, y no parece factible que los de Alberto Núñez Feijóo le vayan a poner las cosas fáciles al Gobierno. 

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Por ello, los socialistas barajan la posibilidad de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los objetivos de déficit y de deuda no tengan que ser obligatoriamente aprobados por el Senado.

Con todo, fuentes de Hacienda indican que, ahora mismo, el Gobierno no maneja ninguna iniciativa legal para modificar esta legislación.