Olmo se convirtió en 2020 en testigo de cargo contra Iberdrola al acusar a sus directivos de haber contratado irregularmente al excomisario José Manuel Villarejo. La acusación se basó en documentos sustraídos por el controller, que, en lugar de acudir a la Justicia, los depositó en 2004 en una notaría y los puso a disposición de la Audiencia Nacional 16 años después, tras filtrarlos a El confidencial a finales de 2019.

Olmo ha sido condenado en la jurisdicción mercantil por esa filtración y por la sustracción de los documentos. Pero sus problemas en los tribunales no han acabado. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a García-Castellón que remita a los Juzgados de Instrucción competentes una querella interpuesta el 12 de diciembre de 2021 por Iberdrola en la que acusa a Olmo de apropiarse ilegalmente y filtrar facturas de la compañía.

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En la querella, Iberdrola asegura que "a lo largo de más de una década", el que fuera director de Control de Funciones Corporativas de la empresa "se apoderó de una extensísima serie de documentos que recogen secretos empresariales de Iberdrola y datos reservados que afectaban no sólo a los intereses de la compañía sino también a la intimidad de personas físicas vinculadas con ella, sustrayéndolos ilegalmente de donde estaban depositados en la empresa y conservándolos a su disposición para ulteriormente revelarlos".

Según la energética, "durante diversos tramos temporales aún no plenamente acotados, pero que como mínimo abarcan el año 2004 y el período que va de 3 diciembre de 2019 a diciembre de 2020, Del Olmo realizó diversas actividades de difusión, revelación o cesión ilícita de esos documentos, en perjuicio de la compañía".

García-Castellón decidió el pasado julio no admitir la querella, sin entrar en el fondo del asunto, al entender que los hechos denunciados ya habrían prescrito.

Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado en parte el recurso interpuesto por Iberdrola contra esa decisión.

Para la Sala, resulta "cuestionable" la competencia del Juzgado Central para conocer de esos hechos atribuidos a Olmo.

No obstante, "por razones de economía procesal", la Sala confirma el sobreseimiento libre por prescripción respecto de los hechos relativos a 2004, “sin entrar siquiera a valorar la existencia de indicios de la comisión de delito”.

En cambio, el Tribunal considera que no puede entrar a valorar el sobreseimiento acordado por García-Castellón respecto a la presunta relevación de secretos de la empresa en 2019, "sobreseimiento que sería en todo caso provisional y no libre, pues la supuesta responsabilidad penal que pudiere dimanar de estos hechos no estaría prescrita", precisa.

De esta forma, revoca la inadmisión de la querella contra Olmo "a fin de que por el Juzgado Central se remita testimonio del escrito de ampliación de querella al Juzgado de Instrucción Decano de los competentes objetiva y territorialmente para conocer de los hechos supuestamente acaecidos en 2019".

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