El proyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los temas que se han abordado durante la primera jornada del V Simposio del Observatorio de la Sanidad, un evento organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El economista Guillem López-Casasnovas ha sido el encargo de hacer un análisis de este proyecto de ley. "El primer elemento que aduce la normativa es el de equidad. Soy contrario a la afirmación de que la diversidad genera inequidad", ha señalado. En este sentido, ha apuntado que "lo que hace en realidad es permitir la cohesión del sistema. Si el sistema está basado en la responsabilidad pública, quien gestiona es un poco lo de menos".

La cohesión del sistema "se salvaguarda mejor con la diversidad, porque si dicotomizas mucho el sistema entre lo público y lo privado porque no aceptas ninguna fórmula de colaboración puedes acabar con un sistema privado completamente ajeno a las necesidades públicas", ha advertido. 

El segundo argumento de la ley es la pérdida de capacidad de control. "Esto es propio del Gobierno actual a la vista de cómo enjuicia las formas de gestión de la Comunidad Valenciana y Madrid", ha detallado.

"Cuando hay una colaboración público-privada necesitas una gobernanza diferente a la que hay cuando es gestión directa. Si alguien piensa que se ha perdido ese control, se deberían mejorar las estructuras organizativas para que sean compatibles con estas nuevas formas de gestión".

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El tercer elemento al que se ha referido el economista es de la restricción presupuestaria. "La experiencia en Cataluña es que la restricción presupuestaria requiere en sanidad un mínimo de flexibilidad y la concertación sanitaria así lo permite".

Y ha puesto un ejemplo de ello: "En época de recortes, con un concierto, alargar a más de 30 días el pago de concierto es técnicamente posible" siempre y cuando las partes estén de acuerdo. 

López-Casasnovas ha concluido su conversación con la directora del Observatorio de la Sanidad, Margarita Alfonsel, señalando que esta ley "afecta a la colaboración público privada. Tendría que haber cero o muy poca. La idea de que como la financiación es pública la gestión debe ser pública lleva al extremo de que habría que nacionalizar los laboratorios".