El juez Hurtado comienza a volcar bajo secreto el ordenador y el móvil del fiscal general para dárselo a la UCO

La diligencia se practica con la presencia de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el abogado del Estado que defiende a García Ortiz, al estar esta parte del procedimiento bajo secreto parcial.

Fuentes jurídicas indicaron que el volcado seguirá en los próximos días ya que ayer solo se logró copiar el 2 por ciento de la ingente información incautada.

[Lobato reconoce al juez del Supremo que Sánchez Acera le envió el 'e-mail' del novio de Ayuso y le entrega su móvil]

La finalidad del volcado es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elabore un informe sobre qué información relativa al empresario Alberto González Amador manejó el fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo pasados, según precisó el instructor nueve días después del registro practicado en el despacho del fiscal general.

Durante ese registro, la UCO hizo una copia (única) de la información del teléfono móvil y del ordenador del fiscal general entre el 8 de marzo y la fecha de la diligencia, que era el período indicado en la resolución que autorizó el registro.

Pero Hurtado aclaró el 8 de noviembre que el análisis pericial del material intervenido debe quedar acotado a las fechas que abarcan del día 8 de marzo -tres días después de la denuncia por fraude fiscal presentada por el fiscal Julián Salto contra González Amador- y el 14 de marzo, fecha en la que la Fiscalía difunde una nota para desmentir que hubiera ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso para que reconociera los hechos a cambio de una rebaja de la pena. Esa oferta, en realidad, partió del propio abogado del empresario.

La UCO ya ha realizado un informe de los datos contenidos en el móvil y ordenador de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada. En su caso, el magistrado Hurtado autorizó a hacer dos copias, una de las cuales fue entregada a la UCO. La otra quedó en poder de la letrada de la Administración de Justicia.

En el caso del fiscal general, el instructor del Supremo adoptó cautelas y solo autorizó una copia de lo almacenado en sus dispositivos, que ha estado bajo la custodia de la LAJ. Esta copia es la que se está volcando ahora para que la UCO acceda a la información limitada al período de siete días mencionado.