España deniega la entrega de un pandillero a El Salvador por la mano dura de Bukele contra las maras

La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a El Salvador de un antiguo pandillero, detenido el pasado agosto en la localidad vizcaína de Loui. ¿El motivo de esta decisión de la Justicia? El estado de excepción que tiene declarado dicho país desde hace dos años como parte de su estrategia contra las maras. O, lo que es lo mismo: la mano dura de su presidente, Nayib Bukele, contra estos delincuentes, lo que, a juicio del tribunal español, podría comprometer los derechos humanos y pondría en "grave riesgo" la vida del reclamado.

El detenido es un excolaborador de la mara denominada 18 Revolucionarios y está reclamado por el delito de pertenencia a organización criminal. Pero, ante la falta de garantías de que se respeten sus derechos fundamentales, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en línea con la Fiscalía, ha optado por negarse a la entrega.

"Proceder de otro modo implicaría amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física, a la vista de la situación actual [en El Salvador]", reza la resolución.

El Tribunal Constitucional permite que la Justicia española se niegue a una extradición si detecta una posible vulneración de los derechos fundamentales del reclamado, siempre que motive esta postura más allá de elementos genéricos.

Así sucede en este caso. "Se ha constado la existencia de una situación excepcional o extraordinaria, consecuencia del proclamado y reiterado estado de excepción en la República de El Salvador, del que hay que dejar constancia fehaciente en la presente resolución, como dato objetivo contrastado", relata el tribunal de la Audiencia Nacional.

Pandilleros esposados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Secretaría de Prensa de la Presidencia

Además, según relata el auto judicial, el reclamado huyó de El Salvador por las "reiteradas extorsiones" que dijo sufrir una vez abandonó la mara, de la que era colaborador.

Recientemente, la inauguración el país de una macroprisión, por iniciativa de Bukele, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, destinada a recluir a los centenares de miembro de las maras que son detenidos, ha sido muy criticada por diversas oenegés, que cifran en casi 80.000 las "detenciones indiscriminadas".

"Grave riesgo para su vida"

De ser entregado a El Salvador, el reclamado, apodado Garrobo, debería cumplir una pena de tres años y cuatro meses de cárcel por el delito denominado en su país "asociaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública" y que en España correspondería al de pertenencia a organización criminal.

La Audiencia Nacional cita, para justificar su decisión, varios pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad dedicada a la observación del cumplimiento de los DDHH en la región y que actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Dichos dictámenes instan a Bukele a asegurar que su lucha contra el crimen se incluya dentro de la legalidad y a respetar "la dignidad y los derechos humanos". La oenegé Amnistía Internacional también ha criticado la mano dura de El Salvador contra las maras, dado que ha provocado "graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática" desde que se aprobara el régimen de excepción.

"Por tanto, ante la hipótesis verosímil, a la vista de la situación político-social existente en la República de El Salvador, y las circunstancias personales del reclamado, de que no sean respetados los derechos fundamentales del mismo, consideramos, que debe rechazarse la entrega extradicional que examinamos (...), ya que proceder de otro modo implicaría amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física, a la vista de la situación actual descrita en el Estado requirente", concluye la Justicia española.