Koldo aumentó su fortuna en 1,5M y lo camufló en pisos a nombre de su hija menor y otros familiares

A primera hora de ayer, miércoles, se conocía que Koldo García Izaguirre, chófer, asistente y mano derecha del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, había sido detenido el día anterior junto a otras 19 personas y tras 26 registros relacionados con una trama de corrupción vinculada a la venta de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

Junto a Koldo fueron detenidos su mujer, Patricia Úriz, ex alto cargo del Partido Socialista de Navarra y en la actualidad ayudante de secretaria en el Ministerio de Transportes, y su hermano Joseba, que fue secretario sectorial de seguridad de UGT-Euskadi, dos figuras clave en la ocultación de su incremento patrimonial. Joseba García Izaguirre fue contratado por Ineco y Emfesa, sociedades mercantiles estatales dependientes del Ministerio de Transportes.

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Según la querella, Koldo y su familia habrían "pasado a ser titulares de bienes muebles e inmuebles, cuyo valor podría alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros".

Estas adquisiciones "se producen apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión", la empresa en el centro de la Operación Delorme.

La querella prosigue detallando cómo "en este período destaca el aumento de ingresos en efectivo en general" y afirma que "llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo". Situaciones que combinadas denotan "la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".

Koldo García y sus allegados adquirieron durante el período de tiempo en que se centra la investigación tres inmuebles en Benidorm, Alicante.

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Llama "poderosamente" la atención de los investigadores que uno de ellos "se adquiere a nombre de su hija menor por un importe de 115.000 euros sin constituir hipoteca", señala el escrito.

El pago se realiza con un abono en metálico de 11.500 euros "y el resto con cuatro cheques a favor de los vendedores".

Esos cuatro cheques se remiten a los fondos de una cuenta bancaria a nombre de la hija menor de Koldo García, quien apenas 48 horas antes de la compra del inmueble había recibido nueve traspasos para elevar su saldo por encima de los 110.000 euros.

Los traspasos se habrían ordenado, siempre según la querella, "desde cuentas de Joseba García", el hermano, con "fondos aportados por Koldo y Patricia (su esposa) entre los que se encuentra una donación de 90.000 euros en efectivo y de la que no se ha encontrado movimiento bancario alguno".

Joseba y su exmujer

El hermano de Koldo aparece como "vinculado a organismos dependientes del MITMA desde el año 2019".

En concreto, prosigue la querella "ha sido contratado por organismos dependientes del MITMA", señala en referencia a Ineco y Emfesa.

"Este aspecto no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en el Ministerio", resalta.

Según los investigadores, Joseba y su exmujer, Ana María Rodríguez, "son personas utilizadas para ocultar la titularidad real de algunos inmuebles".

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Tal y como explica la querella, "del análisis de cuentas se desprende que los ingresos de Joseba García y de su exmujer e hija, relativos a transferencias, préstamos y/o créditos, y operaciones en efectivo, experimentaron un aumento exponencial en los años 2020 y 2021. [...] También aparecen ingresos en efectivo sin justificación" y  "llama la atención la compra de inmuebles empleándose dinero en efectivo y fondos procedentes de transferencias ejecutadas por terceros".

Tanto Koldo García, como su mujer Patricia Úriz y su hermano Joseba han sido puestos en libertad por el juez tras negarse a declarar ante el juez en la Audiencia Nacional en la mañana de este jueves.

La investigación, que tuvo su origen en 2022 por una denuncia del PP de Madrid sobre contratos supuestamente irregulares en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19 de los Ministerios de Transportes e Interior, se ha extendido a las adjudicaciones de los gobiernos autonómicos de Baleares y de las Islas Canarias.

Investigados por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL habría pasado de una facturación prácticamente inexistente en 2019 a facturar más de 50 millones de euros en 2020.