El abogado Gonzalo Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami, ha presentado un escrito en el que solicita la nulidad de la causa desde el 29 de julio de 2021. Y, por ende, exige al juez Manuel García-Castellón el archivo del caso para el expolítico y para quien fuese su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, también defendido por el mismo letrado.
En una resolución fechada el pasado 6 de noviembre, ambos dirigentes fueron citados a declarar como investigados por el mismo delito (terrorismo), debido a que el juez considera que, junto a otros líderes independentistas, estuvieron detrás de los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic. También está investigada por los mismos delitos Marta Rovira, secretaria general de ERC.
Según expone Boye en el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, resulta inviable prorrogar la investigación que el juez pretende, ya que la causa habría "caducado".
Marta Rovira (ERC) y Puigdemont, durante un acto celebrado en Bruselas.
¿Por qué? De acuerdo con el letrado de Puigdemont, el juez solicitó la prórroga de la investigación "fuera de plazo", "pasada la fecha" en la que debía hacerlo. "Y, no sólo eso, [sino que] se hizo de forma absolutamente irregular", reza el escrito, que critica que la instrucción haya proseguido a partir de aquella fecha. Por ello, Gonzalo Boye pide que todo lo investigado posteriormente al 29 de julio de 2021 sea considerado nulo a ojos de la Justicia.
Y ello supone, por ejemplo, invalidar los indicios que el juez utilizó para imputar a Alay y a Puigdemont por terrorismo. Unos indicios, que, precisamente, García-Castellón aseguró recientemente que estaban "afianzados" y "consolidada" así la tesis de que los hechos investigados sí deben ser calificados como terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por contra, se opone a esta teoría y aboga por enviar la causa a un juzgado de Barcelona. En todo caso, el fiscal Miguel Ángel Carballo considera que los hechos investigados constituyen desórdenes públicos, una vez el Gobierno de Pedro Sánchez logró la derogación del delito de sedición.
"En ningún caso, se permite la prórroga de la instrucción una vez finalizada ésta ni, mucho menos, acordar una nueva prórroga del plazo de instrucción cuando la prórroga anterior se produjo ya fuera de plazo", reprocha Boye en su escrito, dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que García-Castellón es titular.
"En el caso que nos ocupa, se ha prorrogado ilegalmente la instrucción cuando el plazo de instrucción ya había finalizado —más bien, caducado— por lo que, en consecuencia, debe dictarse auto de sobreseimiento con respecto a mi mandante [Josep Lluís Alay], ya que el plazo finalizó antes de haber procedido siquiera a tomarle declaración", añade el escrito.
"Inevitables" preguntas
A todo este razonamiento, Boye añade las "inevitables" preguntas, que refleja en su escrito, sobre el caso Tsunami Democràtic, iniciado en 2019 y en el que se investigan acciones como el asalto masivo al Aeropuerto de El Prat o los cortes de carreteras.
"¿Qué se ha estado haciendo estos últimos 4 años? ¿Cuánto dinero público nos ha costado a los contribuyentes hasta la fecha esta investigación prospectiva? ¿Qué hechos nuevos se han descubierto recientemente para generar la actual dinámica procesal que estamos viendo?", plantea el abogado.
Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
A renglón seguido, critica que García-Castellón, el pasado 27 de noviembre, ordenase a varios organismos, nacionales e internacionales, que le informasen sobre las consecuencias del asalto a El Prat. Boye lo critica: "Más de cuatro años sin practicar las diligencias de investigación necesarias para finalizar con este procedimiento que ha llevado a que, en fechas tan recientes como el 27 de noviembre de 2023, se dictara una resolución acordando diligencias que, insólitamente, se presentan como absolutamente necesarias a efectos de determinar unos hechos que todos sabemos que no han sucedido como plantea este Juzgado", afea.
Entre otras cuestiones, el juez también investiga cómo se produjo la muerte de un turista francés, con problemas de corazón, que falleció tras caminar varios kilómetros debido al colapso del aeródromo por parte de miles de independentistas radicales.
Por último, el letrado de Alay y Puigdemont opta por "llamar la atención sobre algo que no deja de ser sorprendente" y desliza que "todas las causas relacionadas con el independentismo catalán recaen en este único juzgado". Fue también Manuel García-Castellón el encargado de investigar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, presuntamente, crearon explosivos para atentar en reivindicación de la independencia de Cataluña. Por ello, ya han sido procesados, pero no juzgados todavía. Tanto esta causa como el caso Tsunami, de forma previsible, se incluirán en la Ley de Amnistía.