María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera judicial, ha alertado en Bruselas de que la futura Ley de Amnistía es un "proceso constituyente por la puerta de atrás".
Así se ha pronunciado como participante en el coloquio Amenazas al Estado de Derecho en la UE. El caso de España: los ataques al Poder Judicial, organizado por el grupo Renew Europe (antiguo LIBE), el de los liberales europeos.
La mesa redonda, moderada por la impulsora de la iniciativa, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, también ha contado con las aportaciones de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y de Javier Martínez Marfil, miembro del Comité Ejecutivo de la APM y su responsable de Relaciones Internacionales.
Este martes, Del Barco ha recapitulado los "ataques" que el Poder Judicial "ha sufrido en los últimos tiempos", destinados, a su juicio, a "legitimar el incumplimiento de las sentencias".
Según ha manifestado, los que considera más preocupantes son los provenientes de partidos que integran el Gobierno de España. "Nos han llamado golpistas, cloaca, machistas...", ha recordado.
Uno de los episodios recientes de los que ha alertado es el pacto firmado entre Junts, el partido de Carles Puigdemont, y el PSOE, a fin de garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Dicho acuerdo incluía una referencia al lawfare, la supuesta guerra sucia judicial. Es decir, el pacto contempla la existencia, en España, de causas judiciales mendaces iniciadas con la única intención de boicotear las aspiraciones políticas de partidos u otros grupos. Y, de hecho, proponía la creación de comisiones de investigación en el Congreso, conformadas por diputados, para fiscalizar la labor judicial en dichos casos.
"Si el poder político revisa las decisiones del juez, se está rompiendo el principio de separación de poderes. No podemos asumir que un pacto de gobierno diga que los jueces españoles prevaricamos", ha sostenido la magistrada María Jesús del Barco.
La eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua, durante el coloquio.
"[Aquel pacto] nos puso en alerta a todos", ha subrayado, tras recordar que todas las asociaciones judiciales, incluidas las de carácter progresista, criticaron dicha alusión al lawfare. También, las agrupaciones de fiscales, la Salas del Gobierno de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de varios Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, más de 80 jueces decanos y las Audiencias Provinciales de todo el país.
Pese a reconocer como algo beneficioso que "las resoluciones judiciales puedan ser objeto de crítica sana y fundada", Del Barco ha advertido de los efectos perniciosos de "que los políticos quieran influir en el Poder Judicial".
"Si no se garantiza nuestra independencia, no podemos garantizar los derechos de los ciudadanos", ha avisado.
Ley de Amnistía
A renglón seguido, ha criticado la futura Ley de Amnistía. Por el momento, sólo se conoce el articulado de la proposición de ley, ya registrada por el PSOE en el Congreso y cuyo primer debate parlamentario se producirá el próximo 12 de diciembre. La intención del Gobierno es que se haya aprobado en enero.
"En esta proposición de ley, se dice abiertamente que el Estado de Derecho y la configuración de nuestro texto constitucional se queda pequeño, que no es posible avanzar con la Constitución", ha lamentado la magistrada.
"Si el [Poder] Legislativo quiere introducir la amnistía [en la Constitución], no puede hacerlo por la vía de una ley orgánica, sino que deberá hacerlo, en su caso, mediante el proceso de reforma previsto", ha criticado. "Es un proceso constituyente por la puerta de atrás, sin que el ciudadano pueda manifestarse", ha concluido.
"Sólo desde Europa se van a poder poner los topes a esta desestabilización del Estado de derecho, como ha pasado ya en Hungría y Polonia. Como jueces españoles, somos jueces europeos, y tenemos consciencia de que nuestro ordenamiento jurídico, cada una de las leyes, debe respetar los tratados de la Unión Europea", ha alertado.
Además, María Jesús del Barco ha criticado que, en la tramitación de la futura ley, el Partido Socialista haya optado, deliberadamente, por esquivar los dictámenes técnicos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal.
A su vez, ha señalado que "gran parte" de la exposición de motivos de la futura ley se dedica a incidir en su carácter constitucional, debido a las dudas en el ámbito jurídico de que el perdón de los delitos cometidos en defensa de la independencia de Cataluña sea compatible con la Carta Magna y con el Derecho europeo.
"Gran parte de su texto justifica la constitucionalidad de la norma, algo sorprendente, porque los ciudadanos damos por hecho que el legislador actúa dentro de la Constitución", ha señalado Del Barco.
También ha criticado que, pese a que ni los artículos ni la exposición de motivos citan expresamente el lawfare, "sí está en el preámbulo y el articulado", al culpar a las decisiones judiciales "de la ruptura entre el ciudadano con las instituciones".
"Cuando el Poder Judicial interviene, resulta que provocamos la ruptura de la convivencia", ha reprochado la presidenta de la APM. A su juicio, la ley que amnistía los delitos del procés "deslegitima la labor judicial y al Legislativo que ha dictado las leyes y el Código Penal". "Y rompe la separación de poderes", ha apostillado, además de "crear una clase privilegiada de políticos que pueden actuar con patente de corso".
"El Estado se está situando como penitente, está pidiendo perdón a unos delincuentes (...) cuya voluntad, lejos del arrepentimiento, es seguir en la misma línea", ha concluido.
Tras Del Barco, ha intervenido, por videoconferencia, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha alertado de los "retrocesos en nuestra democracia" que han supuesto la supresión del delito de sedición, el "abaratamiento" de la malversación y varios nombramientos efectuados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que han acabado tumbados por el Supremo.
Fue, precisamente, el Alto Tribunal el que juzgó a los líderes del procés —no pudo hacerlo con Puigdemont, porque se fugó de España— en un "juicio modélico", en palabras de Dexeus, que el sector independentista pone en cuestión.
Según la presidenta de la AF, la "anacrónica" amnistía al procés pactada entre PSOE y los separatistas se resume en "impunidad a cambio de votos". Pedro Sánchez ha necesitado los siete síes de Junts, el partido de Puigdemont, para seguir siendo presidente del Gobierno.
"Es un préstamo de favores políticos que hace desaparecer delitos cometidos por políticos a cambio de favorecer el Gobierno que será apoyado por los amnistiados", ha resumido, tras lamentar que el pacto PSOE-Junts "asuma el relato independentista, que se refleja en la proposición de ley". "Se parte de un fin espurio: el perdón por impunidad entre políticos que se necesitan", ha apostillado. Entre los delitos que serán amnistiados por la futura ley se encuentran ilícitos de corrupción (falsedad documental, malversación de fondos públicos...) e, incluso, terrorismo.
Dexeus ha alertado que dichos ataques a los jueces y a los fiscales generan "desconfianza" de la ciudadanía en el Poder Judicial. Y ha criticado el "absoluto silencio" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Del Barco y Pagaza, junto a Javier Martínez Marfil.
Por su parte, Javier Martínez Marfil ha indicado que los jueces "no hacemos política ni intervenimos en su desarrollo". "Pero la neutralidad política en ningún modo puede implicar el acatamiento callado de las injerencias ilegítimas que afecten al ejercicio de las propias funciones jurisdiccionales", ha comparado. "El silencio nos convertiría en cómplices de la perversión del sistema y aboliría nuestra legitimación", ha alertado.
"El respeto entre poderes supone, ante todo, jugar limpio", ha subrayado, antes de recordar que la Constitución "restringe a la mínima expresión la posibilidad de exonerar los delitos y huye de los favorecimientos a los responsables políticos".
Martínez Marfil también ha reprochado que la futura Ley de Amnistía, tras un "pretendido cumplimiento de los estándares, enmascare una mera finalidad política, la de asegurar un apoyo parlamentario".
El miembro de la APM también ha recordado que la amnistía al procés perdonará los contactos de independentistas catalanes próximos a Puigdemont con potencias extranjeras, como Rusia, interesas en la inestabilidad política de la Unión Europea. "¿Cuál hubiera sido la reacción de haber sido este el comportamiento del presidente de un land para lograr la independencia de Alemania?", se ha preguntado.
Al inicio del acto, la eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua, ha censurado "el intento de convertir a los jueces en adversarios por una mala comprensión de lo que es la soberanía popular". "En cualquier deriva populista, el primer rasgo es convertir al Poder Judicial en un chivo expiatorio. Ahora, en 2023m nos vemos obligados a hablar de cómo el Gobierno ejerce una persecución al Poder Judicial. No hay votos por encima de las leyes", ha advertido.