La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha firmado, por unanimidad, un comunicado en el que se opone a "la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

Aunque no lo menciona explícitamente, se trata de la reacción del TS, el máximo órgano judicial español, al pacto firmado entre PSOE y Junts, que contempla la existencia de lawfare en España y la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar estos casos de supuesta manipulación judicial.

La Sala de Gobierno del TS "recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes".

Y considera "incompatible" con estos preceptos "la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", como sería, en este caso, el Legislativo.

El Supremo "afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

"Y enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones", concluye el comunicado, hecho público este lunes por la mañana, a la vez que se conocía el texto de la ley que amnistía los delitos vinculados al procés separatista.

Con el término anglosajón lawfare se denomina la guerra jurídica; es decir, los supuestos casos judiciales con motivación mendaz dirigidos a boicotear las aspiraciones de una persona o un grupo de ellas, como un partido. Tanto Podemos como los independentistas catalanes y su entorno, por citar sólo dos ejemplos, suelen quejarse de haberlo sufrido en sus propias carnes. 

El pacto firmado el pasado jueves entre el PSOE y Junts para que el partido de Carles Puigdemont apoye con sus siete síes la investidura de Pedro Sánchez reza así: "En las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Esta mención ha soliviantado al mundo judicial. Las cuatro asociaciones de jueces —incluida, Jueces y Juezas para la Democracia, considerada la más progresista— se han opuesto a ella. También se han pronunciado en el mismo sentido más de 80 jueces decanos y los presidentes de todas las Audiencias Provinciales, además de la principal asociación de abogados del Estado, todas las de fiscales y varias Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia.