Las Audiencias Provinciales de toda España están "indignadas". Así lo deja claro un comunicado firmado por los presidentes de todas ellas. El motivo es el mismo que ha soliviantado a todas las asociaciones judiciales, incluido a las tildadas de progresistas. ¿Cuál? La alusión a la existencia de lawfare que hace el pacto firmado entre el PSOE y JxCAT para amarrar la investidura de Pedro Sánchez.
Este término anglosajón hace referencia a las causas judiciales mendaces que buscarían boicotear las aspiraciones políticas de una persona o de un grupo. Algo así como una politización de la Justicia para fines partidistas. Dirigentes de Podemos y los independentistas catalanes, por ejemplo, suelen quejarse de haberla sufrido en sus carnes.
Este viernes, todos los presidentes de las Audiencias Provinciales de España se han opuesto a que el acuerdo PSOE-Junts haga esta mención, que creen injustificada. "Plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea", advierten.
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Todos los firmantes muestran su "más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado por los referidos partidos políticos al lawfare y judicialización de la política".
Y consideran un "riesgo evidente" la anunciada creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados en las que los parlamentarios revisen las actuaciones judiciales que, a juicio de los políticos, podrían constituir lawfare.
Los presidentes de las Audiencias lo califican como "una flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado democrático y de Derecho".
Este mismo viernes, también se han pronunciado en el mismo sentidos los jueces decanos de más de 80 partidos judiciales. Se suman así a la postura de todas las asociaciones de jueces (la Asociación Profesional para la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la considerada progresista Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y las de fiscales.
El pacto firmado este jueves entre el PSOE y Junts para que el partido de Carles Puigdemont apoye con sus siete síes la investidura de Pedro Sánchez reza así: "En las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Sala de Gobierno del TSJM
Este mismo viernes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha firmado, por unanimidad, un manifiesto que apoya el comunicado de todas las asociaciones judiciales.
Recuerdan, precisamente, uno de los párrafos del escrito de las cuatro organizaciones. "Mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de
determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", suscriben.
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", rematan.