La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 15 años de prisión para un militar peruano al que acusa de liderar de una red que trató de introducir en España 72 kilos de cocaína oculta en un buque que atracó en el Puerto de Avilés. El plan de la supuesta red criminal consistía en rescatar la droga mediante narcobuzos.

El acusado habría utilizado un equipo de buceo para acceder hasta el barco, pero la Policía, conocedora de sus intenciones, habría sustituido la droga por otra sustancia y le detuvo en plena playa.

Así consta en el escrito de acusación firmado por el Ministerio Público, que también se dirige contra otras tres personas —dos peruanos y un albanés—, que formarían parte del mismo grupo. Los hechos sucedieron durante la madrugada del 12 de marzo de 2020 y el juicio contra todos ellos se celebrará a partir del próximo 22 de noviembre ante la Audiencia Provincial.

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el supuesto líder de la red, nacido en 1989 en Lima, estaba en situación irregular en España, ya que fue expulsado —por una orden de 2021— por un periodo de diez años. Sucede lo mismo con el resto de miembros de la red.

"El procesado 1 era la persona que lideraba el grupo y el máximo responsable de la operación. Estaba encargado de preparar la logística necesaria para llevar a cabo la misma y dirigía y coordinaba las tareas de los demás miembros de la organización. (...) Es militar de profesión, con amplio conocimiento en operaciones subacuáticas", señala el escrito de la Fiscalía del Principado.

Según relata el Ministerio Fiscal, el presunto cabecilla, "llevó a cabo las gestiones oportunas para, junto con los miembros de su organización, introducir en la caja de mar del buque [omitido] dos bolsas de lona que contenían 60 paquetes de una sustancia que resultó ser cocaína". La llamada caja de mar forma parte del sistema de refrigeración de los barcos.

El buque salió del Puerto Callao de Lima y atracó en el Puerto de Avilés e hizo una parada en el Fondeadero de Balboa (Panamá). "Posteriormente, y con el fin de preparar la logística necesaria para recuperar la droga del buque, el procesado 1 viajó en avión desde Perú hasta París. Realizó una escala en Ámsterdam, se introdujo después en España por un medio de transporte no conocido y llegó hasta Cataluña, donde se reunió con otro de los procesados, el número 2", narra el escrito.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, ambos "llevaron a cabo los preparativos necesarios para buscar alojamiento al resto de los miembros de la organización y proveerse de medios de transporte con los que desplazarse". En concreto, en el mes de febrero de 2020 alquilaron a través de Internet una vivienda vacacional en Avilés y dos vehículos. A su vez, habrían adquirido equipamientos de buceo: aletas, gafas, bombonas, pesas de lastre, cuchillos, trajes de neopreno, etc.

Tras ello, los cuatro acusados se habían reunido en Avilés, donde esperaron la llegada del buque. "Los procesados 3 y 4, en un escalón inferior, tenían encomendada la tarea de recuperar las sustancias estupefacientes [del barco] para introducirlas en España y entregarlas a los dos anteriores. Actuaban siempre bajo sus órdenes. Una vez realizado el trabajo, debían regresar a su país de origen [Albania y Perú, respectivamente]. Los dos son buzos militares, con amplio conocimiento en operaciones subacuáticas", detalla la Fiscalía.

Sin embargo, la operación criminal se frustró. Las autoridades militares de Panamá tuvieron conocimiento de la existencia de la carga ilegal en el buque, gracias a un aviso de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Por ello, contactaron con la Fiscalía Superior de Drogas de Panamá, a fin de llevar a cabo una operación encubierta e identificar a los responsables del alijo. Además, cambiaron la cocaína por una sustancia inocua para la salud y colocaron en ella un sistema GPS para poder localizarla.

Finalmente, se pudo arrestar a tres de los cuatro acusados en la Playa Pekes, en Zeluan, próxima a la playa de San Balandrán, en el término municipal de Avilés. El cuarto de ellos (el procesado número 2) huyó en un vehículo de alta gama. Fue perseguido por cinco coches de Policía y, de hecho, embistió a uno de ellos. Finalmente, fue arrestado.

"Durante el tiempo en el que duró la conducción, el procesado [número 2] circuló a gran velocidad, en algunos tramos en sentido contrario al de la marcha y sin activar las luces", detalla la Fiscalía.

La operación policial se realizó en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Todos los detenidos estaban en situación irregular en España, ya que pesaba sobre ellos una orden de expulsión por diez años, notificada en 2021.

El procesado 2, para quien la Fiscalía solicita también 15 años de prisión y el pago de los destrozos causados al coche patrulla, habría sido el encargado de ayudar al líder de la red para coordinar los desplazamientos y quien "tenía encomendada la tarea de transportar por España las sustancias hasta un lugar seguro para poder distribuirlas con posterioridad". Para los procesados 3 y 4, el Ministerio Público solicita diez años de prisión.

"El valor en el mercado ilícito de la droga que los procesados pretendían introducir en España es de 2.560.537 euros en el caso de que la venta se produjera por kilogramos y de 4.459.694 euros en el caso de que la venta se produjera por gramos", detalla el escrito de la Fiscalía.