Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) urgen al Ministerio que encabeza Pilar Llop a tramitar la subida salarial pactada con este Cuerpo de funcionarios y critican la "paralización" de la misma.
Así se han pronunciado los representantes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) en una rueda de prensa convocada este jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
A finales del pasado mes de marzo, la Secretaría de Estado de Función Pública firmó un acuerdo con el Comité de Huelga, conformado por UPSJ y CNLAJ, poniendo así fin al paro de poco más de dos meses de los letrados de Justicia.
El pacto incluyó unos "complementos de eficiencia" que suponen un aumento de salario para los LAJ que va desde los 430 euros mensuales hasta los 450.
"Pese a que dicho acuerdo debe estar implementado en el mes de julio, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha paralizado su tramitación sin existir obstáculo ni justificación alguna, con lo que se ha dificultado su cumplimiento en plazo", han informado la asociación profesional y el Colegio en un comunicado conjunto.
"Lo que se firma se cumple", ha advertido este jueves Luis Toribio, del CNLAJ. "La tramitación de la reforma de los decretos comenzó bien, se decretó su tramitación por el procedimiento de urgencia, lo que acortaba los trámites y nos hacía ver que todo iba por su camino", ha indicado. "Pero empezó a dilatarse", ha lamentado.
Ahora bien, el Ministerio de Justicia se reunirá con los letrados el próximo lunes, como parte de la comisión de seguimiento del acuerdo. Los LAJ exigirán un "cronograma claro" de la tramitación de los decretos. "Esperamos que no se trate de una reunión dilatoria y que nos digan que el decreto de retribuciones va al Consejo de Estado tal día, que el decreto de sustitución va al Consejo de Ministros tal día... No nos consta que se haya mandado", ha expuesto Toribio durante la rueda de prensa.
"Es algo que sólo depende de la voluntad política", ha insistido. "¿Cómo puede el Gobierno pedir que se refrende en las urnas su actuación si un acuerdo firmado hace tan sólo tres meses no se está cumpliendo?", se ha preguntado, por su parte, Juan José Yáñez, de la UPSJ. "El tope es julio y se han perdido días", ha explicado.
Preguntados por una posible huelga si el Ministerio no asume lo pactado, los representantes de los LAJ se han limitado a advertir de que "el Ministerio no puede esperar paz social en Justicia si no cumple su acuerdo".
El próximo 23 de julio, además, se celebran elecciones generales. La mayor parte de las encuestas pronostican el triunfo del Partido Popular en los comicios.
"Si hay un nuevo Gobierno, entraremos con ellos a hablar de que hay un acuerdo y unos decretos terminados", ha señalado Yáñez. "Lo lógico es que el nuevo Ejecutivo que entra cumpla los acuerdos que suscribió el anterior", ha añadido.
"Nosotros hemos firmado un acuerdo con el Gobierno de España y ese acuerdo vincula a cualquier Gobierno que haya", ha concluido.
Tal y como informó este periódico, los dos meses de huelga de los LAJ, celebrada entre los meses de enero y marzo, supusieron la suspensión de más de 360.000 actos judiciales y el bloqueo de más 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones.