Nunca llueve a gusto de todos. El refrán es un buen resumen de lo que ha sucedido a lo largo de los más de dos meses que ya dura la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
El parón ha tenido su cara A y su cara B. El ejercicio de un derecho fundamental por parte de los anteriormente llamados secretarios judiciales también ha perjudicado a abogados, procuradores y jueces. Y, especialmente, a los ciudadanos que esperan que la Administración de Justicia resuelva sus conflictos. Por no mencionar el conflicto abierto —con reproches cruzados— entre los LAJ y el ministerio que encabeza Pilar Llop.
La huelga ha afectado a asuntos penales, civiles, de familia, mercantiles... Incluso, a cuestiones como divorcios, que acaban afectando, indirectamente, a menores de edad. Aunque la protesta finalizase mañana, se prevé que sus efectos se sigan notando durante todo 2023. El motivo de la misma es que las principales entidades de LAJ reclaman a Justicia una "adecuación salarial" de estos funcionarios tras haber aumentado sus funciones en los juzgados.
Hasta la fecha, se han suspendido más de 360.000 actos judiciales y hay 425.000 demandas pendientes de reparto y 1.300 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones.
Uno de los procedimientos a los que ha afectado la huelga es el llamado caso Romina, la investigación judicial del asesinato de Romina Celeste en Canarias. Su pareja, acusado de, presuntamente, matar, descuartizar y lanzar al mar a la joven, quedó recientemente en libertad, tras haber cumplido cuatro años —el máximo que marca la ley— de prisión provisional. Aún no hay una fecha de juicio fijada.
El pasado febrero, se celebró una vista ante el Tribunal Superior de Justicia canario, al que la defensa del acusado solicitó la nulidad del proceso judicial. Posteriormente, el abogado de los familiares de Romina, del despacho Zaballos Abogados, solicitó al TSJ que aclarase la causa por la que no era posible descargar el archivo de vídeo de aquella vista.
El motivo, tal y como había explicado el LAJ, fue la huelga. El funcionario ya lo había avisado: "Este letrado, además de no intervenir en la vista (...), tampoco garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido en ese acto, con todos los perjuicios que esto podrán comportar a las partes".
"Por tanto, (...) no se dejará constancia fehaciente en los autos de la existencia o veracidad de aquella", había advertido.
Finalmente, la vista se celebró. "Pese a haberse consignado, mediante diligencia de ordenación, que el letrado de la Administración de Justicia titular de este órgano se encontraba ejercitando su legítimo derecho fundamental de huelga y pese a que la referida vista no estaba encuadrada entre los servicios mínimos establecidos legalmente", se quejó el LAJ.
"Como consecuencia de lo anterior, la grabación no será firmada por el letrado de la Administración de Justicia y, por tanto, (...) no se dejará constancia fehaciente en los autos de la existencia o veracidad de aquélla", añadía. De esta forma, se abre la puerta a que alguna de las partes pueda solicitar la anulación de esta vista.
"Se acaba retrasando aún más un caso que ya ha sufrido un retraso insólito", se queja a EL ESPAÑOL Francisco Jiménez, de Zaballos Abogados, quien también lamenta que, por el momento, aún no han recibido la resolución del Tribunal Superior canario. "Esa tardanza no es normal", comenta por teléfono.
"Y, aunque la tuviésemos, quien pone la fecha del juicio es el LAJ. El caso tendría que volver a la Audiencia Provincial y que, allí, el letrado de la Administración de Justicia fijara la fecha", insiste.
"Estamos hablando de un caso urgente, en el que un acusado de matar y descuartizar a su novia está en libertad y esta huelga complica y retrasa obtener una fecha para el juicio", concluye. Jiménez asegura que los familiares de la víctima, tras más de cuatro años, están impacientes y "desesperados".
Las entidades convocantes de la huelga son conscientes de los perjuicios de la misma para el justiciable. Así lo señalaba en conversación con EL ESPAÑOL, el pasado 11 de febrero, Juan José Yáñez, del Secretariado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).
"Tras las frías cifras que llevamos semanas haciendo públicas, detrás de cada número, hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la negligencia de los cargos directivos de Justicia", comentó.
La ministra de Justicia, Pilar Llop.
El próximo día 28, el Comité de Huelga volverá a reunirse con el Ministerio de Justicia. Según confirman las entidades organizadoras de la protesta, el departamento que dirige Llop "ha puesto sobre la mesa una propuesta de acuerdo". Ahora, el Comité lo consultará con las distintas asambleas regionales y llevará su decisión a la reunión del martes.
Precisamente, ese día, el abogado Víctor García, miembro del despacho Arcoser, deberá desplazarse desde Madrid hasta Santiago de Compostela —y, desde allí, hasta Lugo— para celebrar una vista. "Ya tengo el billete de avión comprado, pero corro el riesgo de llegar y de que me digan que no se celebra", comenta a EL ESPAÑOL por teléfono.
El letrado también defiende a un cliente que ha solicitado dejar de pagar la pensión alimenticia a sus dos hijos ya mayores de edad y con trabajo. En febrero, con la huelga de LAJ ya iniciada, el asunto se pospuso sine die y, hasta entonces, el padre debe seguir pagando. "No puede hacer otra cosa", comenta García.
La abogada Virginia de la Cruz, también vicepresidenta de la Asociación de Letrados del Turno de Oficio (ALTODO), también relata un caso similar. Un divorcio en que exmarido y exmujer pactan alternarse en el uso de la casa común, por periodos de seis meses. La mujer lo habría incumplido y el exesposo le reclama la entrega de la vivienda o el pago de un alquiler. "Tardaron mucho en señalar este asunto y, cuando ponen fecha, se ha suspendido por la huelga de letrados", indica De la Cruz.
"Millones de ciudadanos han sido perjudicados, pero también abogados y procuradores, cuya situación económica se ha visto afectada", comenta Javier Mata, diputado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) responsable del departamento de Defensa de la Abogacía.
"Se siente ya la acumulación de estos casi tres meses", resume Isaac Guijarro, del despacho Olympe Abogados. Al igual que García, se queja de que "a veces, llegar a una declaración y es entonces cuando te dicen que no se realiza".
Así le ha sucedido en varias ocasiones. "Tras dos horas de AVE Valencia-Madrid, llegas a la declaración y te dicen que no se realiza", comenta. Algo similar comenta Mata: "Un cliente viajó desde Holanda hasta Madrid para un juicio. Su abogado, de Mallorca a la capital. El juicio acabó suspendido y ahora está fechado para noviembre. El abogado no ha podido cobrar sus honorarios y deberá volver a prepararlo dentro de meses".
Una de las clientas de Olympe es una madre de tres hijos de Cataluña, que reclama a su exmarido una pensión alimenticia. "Nos está avanzando nuestros honorarios sin haberla recibido; necesita mudarse y no puede", asegura Guijarro. "Presentamos escritos de impulso procesal y ni los proveen; el nivel de paralización es tal que nos planteamos una queja ante el CGPJ", comenta.
Según Isaac, donde más se aprecia el efecto de la huelga es en la jurisdicción civil, en la que las labores del LAJ tienen más relevancia. "En Penal lo notamos, sobre todo, al interponer recursos o al adjuntar documentación durante la instrucción", relata.
"Hay mucho retraso en la presentación de convenios reguladores firmados de mutuo acuerdo", señala Isabel Winkels, vicedecana del ICAM y socia directora de Winkels Abogados, un despacho especializado en Derecho de Familia. "Cuando no se ratifican, pese a estar presentados, sin que haya aún sentencia, existe la tentación de que una parte descarte cumplirlos", añade.
"Hay un caso grave: una demanda en un litigio internacional de familia. Hemos presentado aquí la demanda, para que los Juzgados españoles fuesen competentes y [debido a la huelga de los LAJ] no se ha admitido a trámite. El demandado la ha presentado en Estados Unidos y, probablemente, va a ser resuelta en EEUU, con el coste económico que eso implica", subraya Winkles.
Isaac Guijarro destaca también otro efecto de la huelga de LAJ sobre los letrados: la salud mental. "Que no te hayan avisado, hasta llegar a una declaración que ésta no va a producirse, que tu cliente se desespere y te pregunte que cómo es eso posible...", ejemplifica.