Los sindicatos organizadores de la huelga de funcionarios de Justicia han enviado una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que le piden que intervenga en su "conflicto salarial".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la misiva, en la que CSIF, UGT, CCOO y STAJ afean a Pilar Llop, la titular de Justicia, su "actitud clasista" por no negociar con el Comité de Huelga la subida salarial que reclaman. Y comparan su situación con la de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que sí consiguieron pactar una mejora de sus retribuciones con el Ministerio, tras dos meses de paro.

Las asociaciones de jueces y fiscales también se han reunido con el departamento que encabeza Pilar Llop. Y todas las organizaciones, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, dijeron sí a la oferta salarial que el Gobierno les puso sobre la mesa.

"Estos dos acuerdos [con LAJ y con jueces y fiscales] y la negativa a la negociación con el resto de personal funcionario de la Administración de Justicia demuestran una actitud clasista, impropia de su Gobierno que, como usted, ha venido defendiendo el valor de la negociación colectiva, y exigiendo a la patronal sentarse con los sindicatos para negociar salarios y reparto de beneficios con los trabajadores y trabajadoras", señala la carta dirigida a Yolanda Díaz.

Los sindicatos tachan de "incomprensible" e "inaceptable" la actitud del Ministerio que encabeza Llop, que "ha lanzado el mensaje de que el servicio público de Justicia funciona sólo por las élites, por el trabajo de LAJ, jueces y fiscales".

De esta forma —prosigue la misiva—, "ningunea la profesionalidad del resto, que conformamos el 80% del empleo público de esta Administración".

CSIF (el sindicato mayoritario entre los funcionarios de Justicia), UGT, CCOO y STAJ solicitan a Díaz que intervenga en el conflicto e "interceda" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien también han enviado este martes una carta similar.

Las organizaciones convocantes de la huelga piden que este último "tome las riendas" y obligue a Llop a sentarse a negociar con los sindicatos. El Comité de Huelga exige una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales.

Cada día de paro de los funcionarios supone alrededor de cinco millones de actuaciones procedimentales y unos 20.000 juicios suspendidos, según estiman los sindicatos, que acusan del parón a la Administración y a su negativa a negociar.

"Los responsables de Justicia no han estado a la altura que se espera de ellos, de atender con eficacia lo que se espera del Gobierno y sus ministros y ministras: que los servicios públicos de su dependencia funcionen de forma eficaz y que los trabajadores y las trabajadoras públicas que los atienden sean tratados con equidad, respeto y sin clasismo ni discriminación", concluye la misiva.