Los funcionarios de Justicia mantienen su huelga pese al adelanto electoral e irán a Ferraz

Los funcionarios de la Administración de Justicia proseguirán su huelga, pese a que Pedro Sánchez haya anunciado este lunes que disolverá las Cortes para adelantar a julio las elecciones generales previstas para diciembre.

Así lo confirma en un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en este Cuerpo. El conflicto salarial, por tanto, continúa.

"A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas por el presidente del Gobierno, no estamos ante un Gobierno en funciones, sino ante un Gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas", señala el escrito, que llama a los funcionarios de Justicia a acudir a una concentración este martes a las 12.00h en la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid).

"El Gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto", subraya el difundido.

Los funcionarios de Justicia —un Cuerpo de más de 45.000 empleados públicos— exige que el Ministerio "no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad". Y reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos al mes.

Es más, los sindicatos convocantes de la huelga reclaman a Sánchez que "intervenga" en el conflicto y "obligue" a las ministras de Justicia y de Hacienda, ambas socialistas, "a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida".

También avanzan que este martes enviarán un escrito a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, "como representante de la otra parte del Gobierno de coalición".

Subida salarial

Este lunes por la tarde, horas después del anuncio del presidente del Gobierno, CSIF, UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) se han reunido para decidir si ponían fin a la huelga. En un comunicado hecho público tras la reunión, han confirmado que el paro seguirá, pese al adelanto electoral.

Los sindicatos convocantes se quejan de que la Administración —los ministerios de Hacienda y Justicia— se niega a aceptar la mejora salarial que reclaman. De hecho, critican la escasa disposición del Gobierno a negociar.

En su comunicado, citan el ejemplo de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que sí lograron que Justicia aceptase mejorar sus retribuciones tras dos meses de huelga. Las asociaciones de jueces y fiscales también se han reunido con el departamento que encabeza Pilar Llop. Y todas las organizaciones, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, dijeron sí a la oferta salarial.

"Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada: primero, el de los letrados de la Administración de Justicia; luego, anticipando las reuniones con las asociaciones de jueces y fiscales al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia", señala el comunicado sindical.

Además del aumento de sueldo de entre 350 y 430 euros, los funcionarios piden la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). La tramitación de esta norma queda ahora en el aire tras la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones. Lo más probable es que decaiga.

LAJ, jueces, fiscales...

CSIF y el resto de sindicatos convocantes se quejan de que los LAJ, los jueces y los fiscales sí "han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo". Los funcionarios, no. "El personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia, sin que tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga", señalan en su comunicado.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, las cuatro entidades organizaron una "huelga general de jornada completa" los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Tras ello, convocaron una huelga indefinida que lleva celebrándose desde el pasado 22.

Cada día de paro de este Cuerpo supone la suspensión de alrededor de cinco millones de actuaciones procedimentales y unos 20.000 juicios suspendidos, estiman los sindicatos. El pasado 26 de mayo —últimos datos oficiales disponibles—, el Ministerio de Justicia cifró en un 26,94% el seguimiento de la huelga de ese día.

Este mismo lunes, tras el anuncio de Pedro Sánchez, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha instado a los funcionarios a poner fin a su huelga indefinida.

"Está causando un daño irreparable a los profesionales y a los justiciables, ciudadanos y empresas. Les pido a los sindicatos que desconvoquen de forma inmediata estos paros, asumiendo que el actual contexto político no permite vislumbrar un fin cercano de este conflicto", ha solicitado Eugenio Ribón tras el anuncio de disolución de las Cortes.

Según los datos registrados por el departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM, desde el inicio de la huelga, el 17 de abril, se han suspendido en Madrid más de 5.000 señalamientos. Y se suman a las más de 12.000 suspensiones provocadas por los paros de los letrados de la Administración de Justicia.

El decano madrileño también ha lamentado que esta convocatoria anticipada de elecciones interrumpa la tramitación de normas de calado "que podrían suponer mejoras para la abogacía", como la Ley del Derecho de Defensa o los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal.