El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad al jubilado investigado por el envío de paquetes explosivos a varios políticos e instituciones.

Entre las víctimas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ministra de Defensa, Margarita Robles. También habría dirigido cartas-bomba a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites Base Aérea de Torrejón. Todos los envíos se produjeron a finales del año 2022.

En un auto, fechado este mismo viernes, el magistrado obliga, no obstante, a Pompeyo González Pascual a comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio. Y le impide salir del territorio español. Para ello, le ha retirado el pasaporte. El septuagenario deberá aportar un domicilio y un número de teléfono en el que poder ser localizado.

La Fiscalía había solicitado la puesta en libertad provisional de González Pascual. Calama, en sintonía con la petición del Ministerio Público, explica que no existe actualmente riesgo de que el investigado pueda destruir pruebas, porque la investigación ya ha conseguido aglutinar los indicios contra él más relevantes.

Tampoco existe, razona el juez, peligro de que Pompeyo, de 74 años, vaya a volver a delinquir y no es probable que escape de España, ya que tiene tanto casa como arraigo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

Según se desprende de la investigación, el detenido, nacido en 1948, era prosoviético, un nostálgico de la URSS. Y la guerra entre Rusia y Ucrania —especialmente, el apoyo español y norteamericano a esta última— habría motivado el envío de los paquetes explosivos a instituciones y autoridades vinculadas con el conflicto armado.

Envío a prisión

Después de ser arrestado, Pompeyo declaró en la Audiencia Nacional. Lo hizo el pasado 27 de enero. Tras el interrogatorio, el magistrado ordenó su ingreso en prisión provisional.

En sintonía, de nuevo, con la Fiscalía, Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, consideró que, por entonces, sí existía riesgo de que el investigado huyera a Rusia, volviera a delinquir u ocultase pruebas.

En la resolución en la que tomó aquella decisión, el juez relató que los hechos investigados podrían ser constitutivos de cuatro delitos de terrorismo con la "finalidad de obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo", así como a otros dos delitos de terrorismo agravado (por haber dirigido dos de las cartas a miembros del Gobierno). También, de alteración grave de la paz pública, amenazas y coacciones.

Además, aquel auto reveló que Pompeyo González, antes de ser detenido, accedió, desde su teléfono móvil, a webs sobre armas, productos químicos y venta de tornillos.

Y que entre los meses de junio y julio, adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha e interruptores. Poco después, el detenido compró, a través de una famosa web de venta online, "pegatinas adhesivas, (...) toda clase de tornillería, brocas de precisión y plantillas para dibujar los números y el abecedario".

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, el jubilado, antes de ser detenido, estaba fabricando nuevos sobres con explosivos en el interior de su casa de Miranda de Ebro.

Seis sobres bomba

Dos de los sobres explosivos que la Policía atribuye a Pompeyo fueron enviados al Palacio de la Moncloa y al Ministerio de Defensa que encabeza Margarita Robles. Un funcionario que trabajaba en la Embajada de Ucrania en Madrid, edificio al que se dirigió otra de las cartas, resultó herido en un brazo al manipularla.

Instalaza, una empresa armamentística de Zaragoza, que fabricó material militar que fue enviado a Ucrania, recibió el pasado noviembre otro de los paquetes explosivos, que fue desactivado rápidamente por los Tedax. La Embajada de Estados Unidos en Madrid también recibió otra carta y la base aérea de Torrejón, una sexta.

El remite de todos los sobres estaba escrito con la misma caligrafía y tinta del mismo color. La particular tipología de los mismos, así como de los sellos que se emplearon, fue una de las pistas que siguió la Policía para dar con Pompeyo, el presunto autor de los seis envíos.

Asimismo, la Policía recogió restos de ADN de los paquetes explosivos y los comparó con los de una bolsa de basura que el jubilado depositó en la puerta de su casa. El análisis científico arrojó que coincidían "con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos".