La juez que investiga el llamado caso Mediador ha citado como testigo a la expareja del general de la Guardia Civil Espinosa Navas, el único de los detenidos que aún permanece en prisión provisional.
La mujer, que responde a las siglas A. M. P. S. es conocida con el sobrenombre de Chocho volador, ya que así se refieren a ella el militar y el mediador que da nombre el caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, en una conversación incluida en el sumario de la causa, al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso.
A. M. P. S. deberá declarar el próximo 31 de marzo a las 10.00 horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, en dicha resolución, fechada el pasado 20 de marzo y a la que este periódico ha tenido acceso, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ordena investigar el subfusil encontrado durante los registros policiales del domicilio de Espinosa Navas. Se trata de un arma de guerra, de marca Star, modelo Z-45 y calibre de 9 milímetros.
La juez ordena que dicha arma sea trasladada al Departamento de Balística y Trazas instrumentales, del Servicio de Criminalística (SECREIM) de la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los expertos de esta unidad deberán emitir un informe sobre el estado del subfusil y de sus componentes, así como cotejar sus antecedentes y certificar su antigüedad y la legalidad del arma.
Además, de A. M. P. S., también deberá acudir como testigo en la misma fecha el empresario Luis Monzón.
El general Espinosa
De los 12 detenidos en el caso Mediador, el general de la Guardia Civil Espinosa Navas es el único que aún permanece en prisión provisional. En un escrito dirigido al Juzgado, publicado por EL ESPAÑOL, la defensa del militar manifestó que esta causa es "una gran estafa" de la que responsabiliza a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre el caso.
Por otro lado, en una de las últimas diligencias acordadas por su Juzgado, la juez Lorenzo-Cáceres ha ordenado a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le entregue el expediente completo de cuatro contratos que FIIAPP adjudicó a una de las compañías implicadas en la trama de corrupción.
La empresa beneficiaria de estos contratos es la mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones SL, cuyo propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, otro de los detenidos, que, no obstante, quedó en libertad tras ser arrestado. Aunque, oficialmente, quien figura como responsable de la empresa es su hija.
La Policía sospecha que Suárez Estévez se benefició de su contacto con el general Espinosa Navas, que coordinaba el proyecto GAR-Si Sahel de la Fundación FIIAPP.
La juez instructora ha incorporado al sumario la transcripción de una conversación en la que Suárez Estévez explica al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte: "Todo lo que hago con África, a través de Papá, ¿vale?", dice en alusión al general de la Guardia Civil, cuyo alias era Papá. "El contrato que tengo ahí metido con el Ministerio... o sea, con la Fundación", añade.
Sin embargo, en su escrito enviado al Juzgado, la defensa del general negó que el militar haya intercedido. En conjunto, la compañía de Suárez Estévez se embolsó un total de 113.692 euros de la Fundación FIIAPP, que preside la ministra de Economía, Nadia Calviño.
"La documentación de esos concursos obra en las actuaciones, sin que de la misma quepa inferirse, ni siquiera mínimamente, que Espinosa Navas incidiera de forma alguna en las adjudicaciones a favor de la empresa de Suárez Estévez", reiteró la defensa del mando policial, antes de negar cualquier capacidad de decisión en los concursos públicos.
Sin embargo, la magistrada sitúa al general en una de las dos cúspides de la supuesta trama corrupta, dedicada a cobrar mordidas a empresarios para conseguir adjudicaciones o eliminar sanciones. La otra cabeza de la red, según los investigadores, sería el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni), que ya ha sido suspendido en el PSOE tras su detención.
Según consta en el sumario del caso, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife señala que el diputado Tito Berni ostentaría "la cúspide de una organización criminal asentada en Canarias". Su interés no sería otro que el de "enriquecerse ilícitamente mediante delitos relacionados con la corrupción".
Además del diputado, como intermediario en esta trama figuraría Marcos Antonio Navarro Tacoronte —el mediador del que el caso toma el nombre—, que sería el encargado de conseguir el pago de dádivas al político por parte de los empresarios que se habrían beneficiado de los tejemanejes, que incluirían tanto obtener subvenciones y anular sanciones como extender sus negocios al archipiélago. En el sumario, la Policía enumera estas dádivas: "prostitutas, cocaína, viagra, cenas...".