El general Francisco Espinosa Navas, uno de los investigados en el caso Mediador, sostiene que la causa es una "pérfida" y "gran estafa urdida" por Antonio Navarro Tacoronte, cuya figura de intermediario da nombre al caso.
Así se pronuncia la defensa del guardia civil jubilado en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él, su abogado solicita que Espinosa Navas pueda salir de prisión, al "no existir riesgo de fuga". El ex alto cargo de la Benemérita es el único de los doce detenidos que aún sigue entre rejas. Pero la juez instructora ya ha denegado su libertad provisional.
Lo interesante es que, a juicio del general, toda la causa es "un gran engaño", "un montaje", un "rocambolesco entramado" que se basa únicamente en las declaraciones del mediador Navarro Tacoronte. A juicio de su defensa, Espinosa Navas no es sino "una víctima" de aquél.
Y también lo habrían sido, según su criterio, el resto de empresarios detenidos por, supuestamente, colaborar con la trama criminal para beneficiarse económicamente, conseguir la anulación de sanciones administrativas y obtener subvenciones públicas y ventajas a fin de expandir su negocio al archipiélago canario.
Acerca de las comidas o cenas a las que asistieron Navarro Tacoronte y Espinosa Navas, el abogado de este último, en conversación con EL ESPAÑOL, zanja: "En ellas no se habló de negocios".
"El engaño hacia los empresarios consistía en hacerles creer que Navarro Tacoronte les proporcionaría ventajosas oportunidades de negocio", señala en su escrito la defensa del general. "Para dar credibilidad al engaño a los empresarios, Navarro Tacoronte necesitaba de alguien que transmitiera seriedad, formalidad y profesionalidad; ahí entra en juego Espinosa", añade.
A lo largo de las 21 páginas del documento, la defensa del alto mando policial niega todas y cada una de las acusaciones. Pone en duda las fotografías y los archivos de audio "oportunamente almacenados en sus teléfonos móviles" por parte del mediador. Y reitera que colabora y colaborará con la Justicia.
Asimismo, el letrado de Espinosa Navas señala que la relación de este último con Navarro Tacoronte se limitó a preparar "un importante proyecto empresarial en el sector de las energías renovables" una vez el alto mando policial se jubilase. Es por ello que —siempre según la defensa del general— éste puso en contacto al mediador con amigos suyos.
"Con este modus operandi, Navarro Tacoronte conseguía que los empresarios con los que contactaba percibieran una imagen de seriedad, sin que le costara ni un céntimo, porque se las ingeniaba para que los gastos corrieran por cuenta de los empresarios, sin que Espinosa lo supiera", añade el abogado.
Sobre las tarjetas bancarias que, según consta en el sumario, el general solicitó, su letrado asegura que Espinosa Navas creía que corrían a cargo de la futura sociedad que planeaban crear.
Asimismo, la defensa del guardia civil subraya que Navarro Tacoronte le entregó 1.500 euros en efectivo "para gastos de viajes", tal y como consta en un audio incluido en el sumario. E indica que el mediador le "obligó" a contar los billetes, "para dejar constancia sonora de esta única entrega". "Navarro, como buen profesional, se estaba asegurando una ventaja para, en un momento determinado, aparentar lo que no es, para tener cogido a Espinosa", añade.
Contratos con FIIAPP
En una de las últimas diligencias acordadas por su Juzgado, la juez del caso Mediador ha ordenado a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le entregue el expediente completo de cuatro contratos que adjudicó a una de las empresas implicadas en la trama de corrupción.
La empresa beneficiaria de estos contratos es la mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones SL, cuyo propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, que quedó en libertad tras ser detenido. Aunque oficialmente figura como responsable de la empresa su hija.
La Policía sospecha que José Santiago Suárez Estévez se benefició de su contacto con el general Espinosa Navas, que coordinaba el proyecto GAR-Si Sahel de la Fundación FIIAPP.
La juez instructora ha incorporado al sumario la transcripción de una conversación en la que Suárez Estévez explica al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte: "Todo lo que hago con África, a través de Papá, ¿vale?", dice en alusión al general de la Guardia Civil, cuyo alias era Papá. "El contrato que tengo ahí metido con el Ministerio... o sea, con la Fundación", añade.
Sin embargo, en su escrito enviado al Juzgado, la defensa del general niega que éste haya intercedido. En conjunto, la compañía de Suárez Estévez se embolsó un total de 113.692 euros de la Fundación FIIAPP, que preside la ministra de Economía, Nadia Calviño.
"La documentación de esos concursos obra en las actuaciones, sin que de la misma quepa inferirse, ni siquiera mínimamente, que Espinosa incidiera de forma alguna en las adjudicaciones a favor de la empresa de Suárez Estévez", reitera, antes de negar cualquier capacidad de decisión del militar en los concursos públicos.
Sin embargo, la magistrada sitúa al militar en una de las dos cúspides de la supuesta trama corrupta, dedicada a cobrar mordidas a empresarios para conseguir adjudicaciones o eliminar sanciones. La otra cabeza de la red, según los investigadores, sería el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni), que ya ha sido suspendido en el PSOE tras su arresto.
Según consta en el sumario del caso, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife señala que el diputado Tito Berni ostentaría "la cúspide de una organización criminal asentada en Canarias". Su interés no sería otro que el de "enriquecerse ilícitamente mediante delitos relacionados con la corrupción".
Además del diputado, como intermediario en esta trama figuraría Marcos Antonio Navarro Tacoronte —el mediador del que el caso toma el nombre—, que sería el encargado de conseguir el pago de dádivas por parte de empresarios que se beneficiarían de los tejemanejes, tanto para obtener subvenciones y anular sanciones como para extender su negocio al archipiélago. La Policía enumera estas dádivas: "prostitutas, cocaína, viagra, cenas...".
En otro auto dictado el pasado 14 de febrero, la juez instructora ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería del gobierno canario que le facilite todos los expedientes que haya tramitado respecto a ocho empresarios del sector quesero y ganadero.
La juez ha realizado esta diligencia tras constatar que los ocho empresarios hicieron pagos al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez (que en aquel momento era director general de Ganadería del ejecutivo regional) y al intermediario Marcos Antonio Navarro Tacoronte.