Un exministro venezolano pide a la juez Tardón que cite a declarar a Nicolás Maduro en el 'caso PDVSA'
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón investiga una trama de corrupción y blanqueo de capitales en la petrolera estatal PDVSA.
3 febrero, 2023 12:58El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que cite a declarar como testigo o como investigado al presidente de aquel país, Nicolás Maduro, en la causa en la que investiga la corrupción de la petrolera estatal PDVSA.
La defensa de Alvarado ha registrado un escrito ante la Audiencia Nacional, en el que además solicita a la juez que requiera de nuevo a PDVSA abundante documentación que acreditaría mecanismos sistemáticos de cobro de sobornos en sus contrataciones.
La petrolera está personada en la causa como acusación, representada por el despacho de abogados ILOCAD, que dirige Baltasar Garzón.
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El exviceministro de Alvarado también solicita que sea llamado a declarar como testigo o investigado César Ricón, quien ocupó "cargos gerenciales" en PDVSA y en su central de compras, Bariven, durante todo el período de 2009 a 2015, objeto de investigación. Al respecto, subraya que la firma de Rincón consta en varias operaciones de compra presuntamente irregulares, por valor de más de 615 millones de dólares.
En cuanto a Nicolás Maduro, fue"director miembro de la Junta Directiva de PDVSA durante, al menos, el año 2012 objeto de la presente instrucción", tal como indica el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de 20 de junio de 2022 que "le atribuye responsabilidad" en las operaciones investigadas, argumenta Alvarado.
En esta primera pieza separada del caso PDVSA, la juez investiga una querella formulada por la propia petrolera contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español, además de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.
La querella se dirige contra Ochoa Alvarado; los exresponsables de compras de PDVSA Alfonso Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el exgerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado mano derecha del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.
Una "organización criminal"
En concreto, PDVSA apunta a la existencia de una "organización criminal" formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo "diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito" que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades.
En una segunda pieza, la Audiencia Nacional indagaba en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela", como la eléctrica Corpoelec.
En este caso, la denuncia señalaba al exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres y José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos. Sin embargo, la Audiencia Nacional archivó esta línea de investigación hace unos meses al no encontrar "indicios suficientes de posible actividad delictiva".
En la tercera pieza, Tardón indaga sobre los hechos recogidos en un informe elaborado en octubre de 2018 por la UDEF, que detectó "una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales" que habría sido realizada por Villalobos para lavar "fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude" en PDVSA.
La operativa, que habría beneficiado a Villalobos, al exasesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta y al presidente de Globovisión Raúl Gorrín, se centra en el grupo de empresas Columbus One, que desde España habría blanqueado mediante la compra de inmuebles fondos procedentes de la corrupción.