Los beneficiados por el 'sí es sí' suman 165, dos meses después de que Montero negara rebajas de penas

El número de delincuentes sexuales beneficiados por la Ley del sólo sí es sí rebasó este jueves la barrera de los 150: ya son 165. Eso, en la misma semana en la que la número dos del Ministerio de Igualdad frivolizaba, en un acto de Podemos, sobre las excarcelaciones de violadores.

Todo ello, también, el mismo día en que la Audiencia de La Rioja ha reducido en dos años una condena previa al presunto asesino del niño de Lardero. Y poco más de dos meses y medio después de que la ministra Irene Montero asegurase que "no se iba a conocer" ninguna rebaja de condena.

La Ley Orgánica 10/2022 —su nombre oficial— tan sólo lleva desde principios de octubre en vigor, pero ya ha provocado la revisión de decenas de sentencias. O que, al aplicar la nueva norma, los acusados sean castigados de forma menos severa que el Código Penal previo a la reforma legal.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL confirman que el goteo seguirá aumentando durante los próximos meses.

Este jueves, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, confirmaba en una entrevista que los tribunales de la comunidad autónoma habían rebajado un total de 28 penas de prisión, lo que elevaba el recuento hasta, al menos, 165 casos en toda España.

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Los datos recabados por este periódico son los siguientes: 28 rebajas de condena en Euskadi; 20, en Madrid; la misma cifra en Galicia; 17, en Andalucía; 15, en la Comunidad Valenciana; 14, en Castilla y León; 9, en Canarias; 8, en Asturias; 7, en Extremadura; el mismo número en Cantabria; 4, en Cataluña; 2 en Baleares, Murcia, La Rioja, Navarra y Aragón y 1, en Castilla-La Mancha.

A este cómputo hay que sumar los cinco beneficiados por el sólo sí es sí en el Tribunal Supremo; entre ellos, los dos futbolistas del caso Arandina. De los 165 favorecidos por la ley, 18 han sido excarcelados.

Los efectos perversos de esta ley no acaban ahí. El sí es sí puede, incluso, costarle dinero al Estado, ya que la defensa de uno de estos reos que ha quedado en libertad, un pederasta residente en Madrid, ultima una reclamación por los años de más que su cliente ha pasado entre rejas. Así lo confirmó su abogado a EL ESPAÑOL.

Las cifras contradicen el discurso de Montero, que hace un par de meses garantizaba tajantemente que la Justicia no reduciría ni una sola condena a agresores, abusadores o pederastas. También refutan el de su número dos en Igualdad, Ángela Rodríguez, que fue quien tachó de "bulos machistas" las noticias sobre las revisiones de penas a delincuentes sexuales.

La ministra, incluso, aseguró que el Partido Popular trataba de "criminalizar los avances feministas" cuando cuestionó su ley. Y, lejos de pensar en dimitir, las dos dirigentes aún siguen contando con el apoyo de su partido, Podemos.

"Esto es propaganda machista, el recurso que les queda a los defensores de los agresores sexuales cuando se avanza en la protección de los derechos de las víctimas", declaró Montero en la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

"Como vivimos en un contexto en el que es más importante el titular que se saca para generar terror sexual (...), para hacer dudar a las mujeres, ocurre lo que ocurre: que salen titulares escandalosos, pero todavía no se conoce ninguna revisión de penas. Y no se va a conocer", aseguró la ministra el pasado 2 de noviembre. Días después, comenzaba el aluvión.

¿Cómo frenarlo?

Constatado ya el fracaso del sí es sí, el Gobierno ha tratado de frenar esta cascada de revisiones de condenas a través de la exposición de motivos del texto que ha derogado el delito de sedición.

No obstante, el preámbulo de una ley no tiene carácter normativo —la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que puede ayudar a los jueces a conocer la voluntad del legislador—, por lo que los juristas dudan del alcance real que tendrá esta medida.

Tanto Igualdad como la Fiscalía General del Estado consideran que no deben revisarse las condenas que encajen en las nuevas horquillas que marca la Ley del sólo sí es sí. Para ello, esgrimen la disposición transitoria quinta de la norma que, en 1995, hace casi 27 años, reformó profundamente el Código Penal (CP).

Pero, por contra, la mayor parte de las Audiencias provinciales de todo el país sostienen que, tal y como recoge el artículo 2.2 del CP, la nueva ley debe aplicarse —incluso de forma retroactiva— cuando resulte más beneficiosa para el reo. Algunas sentencias, de hecho, han desmentido la interpretación del Gobierno sobre la revisión.

Y el propio Tribunal Supremo, la cúspide del Poder Judicial, subrayó en su sentencia del caso Arandina que "la acomodación de la pena al nuevo texto penal tras la LO 10/2022 es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable al reo en virtud de ley posterior más beneficiosa", tal y como marca el Código Penal.

Los beneficiados

Son tres las formas en las que la Ley Orgánica 10/2022 ha beneficiado a decenas de delincuentes sexuales. En la mayor parte de los casos, las defensas de los presos han pedido la revisión de penas que ya eran firmes al resultar la nueva ley más beneficiosa para ellos.

En otros casos, la aplicación directa de la LO 10/22 ha supuesto condenas inferiores a las que habrían sufrido con la legislación previa.

Además de los dos futbolistas de la Arandina CF —condenados por abusar sexualmente de una menor en 2017—, también se han beneficiado de la Ley Montero, entre otros, un culturista de 28 años condenado por violar a una sexagenaria y un profesor pederasta cuya pena se redujo desde casi siete años de cárcel hasta sólo un año y tres meses.

A ellos se suman las dos presas que agredieron sexualmente a otra, dentro de la prisión de Vitoria, para sustraerle droga, el denominado violador del Tinder y el presunto asesino del pequeño Álex en Lardero, que fue condenado en el 2000 por violar y apuñalar en el corazón a una mujer en el llamado crimen de la inmobiliaria.

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También, dos hombres que agredieron conjuntamente a una joven en un hostal de Santander, que aún ostentan el récord de la mayor reducción de una condena. Y el hombre que violó, cuchillo en mano, a su exmujer en un pueblo de Granada.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, en los últimos cinco años se dictaron en España 14.826 condenas firmes por delitos sexuales. Una parte de ellas —se desconoce el dato exacto— serán revisadas y reducidas gracias a la Ley del sólo sí es sí.