El Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha propuesto juzgar a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma y a la vicepresidenta del Gobierno ceutí y consejera de Presidencia por la repatriación a Marruecos de 55 menores, llevada a cabo en el mes de agosto del año 2021.

Así consta en un auto, fechado el pasado día 24, en el que la juez instructora Victoria Rodríguez considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

En el caso de la exdelegada de Gobierno, Salvadora del Carmen Mateos, como autora, y en el de la consejera y vicepresidenta del Ejecutivo ceutí Isabel Deu, como cooperadora necesaria.

[La Justicia confirma que España puso "en riesgo" a los menores marroquíes expulsados de Ceuta]

Ahora, la Fiscalía y las demás acusaciones tienen 10 días para enviar al Juzgado sus escritos, en los que soliciten la apertura de juicio oral o, por contra, el archivo de la causa.

Según consta en la resolución, la exdelegada del Gobierno "prescindió absolutamente del procedimiento establecido y, aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir [a los menores extranjeros no acompañados], decidió repatriar por la vía de hecho a los que habían entrado en mayo" de 2021 y que aún permanecían en Ceuta.

 

Sobre la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad de Ceuta, la magistrada subraya que estuvo "de acuerdo" con la otra encausada "en proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda".

Ambas —señala el auto— obviaron, a sabiendas, los trámites administrativos necesarios para entregar a los menores a otro país, que pasan, entre otros, por la individualización de los informes, la motivación de las decisiones y escuchar a cada menor, asistido de un letrado y, si fuese necesario, de un intérprete. Las repatriaciones colectivas, como la que se ejecutó en agosto de 2021, están prohibidas.

La magistrada considera que, tras la instrucción, queda indiciariamente acreditado que las dos investigadas "actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción" de la normativa.

Y lo hicieron "a sabiendas de la ilegalidad" de su actuación, "persiguiendo, con su arbitraria decisión, repatriar colectivamente a los menores migrantes sin observar ni respetar los derechos de los mismos, cuya vulnerabilidad resulta de la propia condición de menores migrantes"

"Con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad", concluye la juez en su duro auto.

El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó que España vulneró los derechos de los menores que fueron expulsados de Ceuta sin las debidas garantías e incumpliendo los protocolos firmados con Marruecos.

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA rechazó los recursos interpuestos por la ciudad autónoma y por la Delegación del Gobierno. Y concluyó que la Administración puso "en riesgo", de forma "relevante", a estos jóvenes, con una actuación "exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles".

Todo ello afectó negativamente "a la integridad física y moral de los menas [menores extranjeros no acompañados] afectados por las medidas de devolución". El Tribunal Superior de Justicia subrayó que la entrada "súbita, masiva e ilegal" a Ceuta en mayo del año pasado por parte de miles de inmigrantes marroquíes "en absoluto autorizaba al Reino de España a excusar su sometimiento al imperio de la Ley".