La defensa de Mediaset ha enviado su escrito de alegaciones al Supremo, después de que el Alto Tribunal admitiese a trámite el recurso de los nietos de Francisco Franco contra la absolución de dos periodistas que firmaron un reportaje sobre la herencia del dictador.
En dicho documento, fechado el pasado día 17 de octubre, Julia Muñoz-Machado, la abogada del grupo mediático subraya que, en el programa de En el punto de mira emitido el 22 de julio de 2018, no se abordó "ningún tipo de cuestión relativa a aspectos íntimos o personales de su vida, como puedan serlo cuestiones sentimentales, amoríos, ocio, circunstancias de salud u otros asuntos que si pudieran formar parte de su derecho fundamental a la intimidad".
Contradice, así, la tesis de los Martínez-Bordiú Franco, que sostienen que aquel programa de televisión sí vulneró su derecho al honor y sobrepasó los límites de la libertad de información.
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Los herederos del dictador también argumentan que el reportaje, lejos de poder ser considerado como "neutral", fue, en realidad, un conjunto de "medias verdades" con el "único fin" de trasladar, "bajo un hilo conductor convenientemente editado", una "imagen deshonrosa" de los Franco. El programa fue emitido poco antes de que el Congreso de los Diputados aprobase la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
A lo largo de las 18 páginas del escrito de Mediaset, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la letrada rebate la tesis de los nietos del Generalísimo. "Las informaciones difundidas por el programa no rebasan la frontera de lo ilícito, debiendo prevalecer, en el presente supuesto, los derechos a la libertad de información y opinión de mi representada [Mediaset], de la productora del programa y de sus colaboradores, frente al derecho personalísimo al honor de los demandantes".
Y recuerda que, en marzo de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid ya dio la razón al grupo mediático. Lo hizo al confirmar una sentencia previa, del Juzgado de Primera Instancia número 43, que había concluido que no se vulneró el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los familiares de Francisco Franco.
Mediaset subraya que la información que difundió tiene una evidente relevancia pública, además de que es veraz, que gran parte de ella ya había sido publicada en otros medios de comunicación y que "la forma en la que se ha difundido" tampoco atenta contra el honor de los demandantes.
Los Franco sostienen que el reportaje se excedió al informar sobre algunos de negocios y propiedades inmobiliarias, ya que sólo el conflicto en torno al Pazo de Meirás acabó en los tribunales. Y consideran que estas cuestiones privadas "no resultan de interés informativo".
Por contra, el grupo de televisión defiende que es "innegable" que el reportaje aborda un "asunto de indudable interés general, como lo es el patrimonio de quien fuera jefe del Estado español durante cuarenta años y la forma en que se adquirieron algunos de sus bienes".
Renunciar a la herencia
Es más, Mediaset sugiere a los Franco que "si (...) no quieren que por parte de periodistas y/o la propia audiencia del programa se les afee la conducta de haber podido lucrarse con bienes de dudosa procedencia, bien podían haber renunciado a percibir esa herencia, como ejemplarmente ha hecho el rey Felipe VI; precisamente, para no perjudicar a la Corona".
También ha enviado su escrito al Tribunal Supremo la defensa de Javier Otero Bada. En él, el letrado Ángel Galindo insiste en que las manifestaciones de su cliente, que aparece en el programa aportando su testimonio como "prestigioso periodista de investigación", están "acreditadas y avaladas por documentos históricos".
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Entre otros extremos, Otero, antiguo reportero de la extinta revista Tiempo, aludió a los gastos personales de Franco y de su esposa que fueron sufragados por los donativos recaudados durante la Guerra Civil. Entre ellos, una alfombra manufacturada por la Real Fábrica de Tapices que fue regalada al Papa.
"Pretender vincular a mi representado a un ataque al honor familiar debido al contexto político en el que se habría realizado el programa [en pleno debate sobre la exhumación], cuando éste ya publicó sus trabajos hace 12 años, carece del más mínimo sustento, lo que acredita el mal proceder de los recurrentes en todo el proceso. (...) No alcanza esta parte a entender que lo dicho hace 12 años respecto de lo hecho por su abuelo provoque ahora tanta desazón", señala el letrado.
"Estamos ante la difusión de datos e informaciones de máxima relevancia, acreditadas documentalmente, de indudable interés general y trascendencia histórica", culmina la defensa de Javier Otero, que solicita que los Franco paguen las costas de este recurso.
Por su parte, la defensa de otro de los demandados, Joaquín Jimmy Giménez-Arnau —exmarido de Merry Martínez-Bordiú, una de las nietas de Franco— también se opone al recurso.
Su letrado, Ricardo Ibáñez, considera que el reportaje televisivo es "serio", alude a un asunto "que es de actualidad y también parte de nuestra historia", "siendo falso que esté dedicado a fomentar el odio". "Que el origen de la fortuna de la familia [Franco] es polémico no se discute, es un hecho", apunta. "La demanda carece de base legal o fáctica y sólo pretende amedrentar a los periodistas", finaliza.
Ahora, será la Sala Civil del Supremo la que se posicione sobre este asunto. Esta batalla legal también tuvo un flanco penal. Los Franco interpusieron una querella contra Mediaset, los autores del reportaje y los expertos que participaron en él. Pero la Justicia la archivó, antes de que llegara a celebrarse juicio.