El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha decidido archivar la causa, en la que ha investigado desde 2014 la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, para la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y para quien fuese su sucesor en el cargo, Ignacio González.
No obstante, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha propuesto mandar a juicio al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.
Toma esta decisión, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, "por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias".
[Un mensaje de Marjaliza desde prisión sirvió para localizar en un altillo el millón de Granados]
En un largo auto de 257 páginas, dictado este viernes y que avanza EL ESPAÑOL, el juez propone sentar en el banquillo a otras siete personas más y a dos empresas.
Por contra, el juez exonera a quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. "Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada".
"Lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los [hechos investigados]", concluye el juez García-Castellón, quien recuerda que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían, además, prescrito.
El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP regional.
Contratos
El magistrado sí reconoce que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro, el considerado conseguidor de la trama Púnica y uno de los imputados que García-Castellón propone juzgar.
"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razona el auto.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también descarta que la remodelación que Aguirre acometió en el sistema de contrataciones de publicidad —las licitaciones pasaron a necesitar la conformidad previa de la Dirección General de Medios que encabezaba su jefa de prensa— comprometa a la expresidenta.
"Tampoco constituye un indicio de que hubiese efectuado tal nueva estructura organizativa con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma [Aguirre] participase en procedimientos de contratación con las mesas de publicidad", sostiene el juez.
"Y el genérico hecho de que, en tanto que presidentes de la Comunidad [de Madrid], tenían un control absoluto de todo lo que sucedía resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por hechos concretos", finaliza.
El fiscal tampoco vio pruebas suficientes que le permitiesen acusar en esta pieza a Esperanza Aguirre, defendida por el letrado Carlos Aguilar. Por ello, el pasado julio, Anticorrupción pidió exonerarla, al igual que hizo con Ignacio González.
La expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a ciertos servicios de reputación online que habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.
También se libra del banquillo en Púnica el constructor David Marjaliza, que figura en el listado de más de 50 personas para quienes el juez decreta el sobreseimiento provisional. En él, también aparece la exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid Lucía Figar, el exministro y fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, también empresario y yerno del anterior, además de consejero delegado del Grupo Villar Mir.
Sarasola y Gutiérrez, a juicio
Aparte de Granados y De Pedro, a quienes el juez sí propone mandar al banquillo son los siguientes: el exconsejero madrileño Borja Sarasola, el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el exdirector de Sistemas de la empresa Indra Diego Mora y el otrora secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, cesado en 2019 por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los anteriores se suman a la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, además de a José Martínez, exjefe de Informática de la Comunidad de Madrid, y a las dos empresas EICO Reputación Management, mercantil propiedad de De Pedro, y Madiva Editorial y Publicidad, también vinculada al informático.
Acerca de Gallego, el juez subraya que la investigación ha aportado "pruebas directas e indicios" de que era "perfecta conocedora" de que los servicios de reputación online prestados por las empresas de Alejandro de Pedro se efectuaban "sin contratación formal" y que los pagos se encubrían mediante varias artimañas.
Asimismo, el juez se ha opuesto a la petición del PSOE, personado como acusación popular en esta pieza, de imputar al PP. El instructor razona que sería "improcedente", porque los hechos no guardan relación con el partido a nivel nacional, sino, en todo caso, con el regional, "ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses".
La llamada Aguirre-González
En su auto, el juez García-Castellón reproduce la transcripción de una conversación telefónica, mantenida a las diez de la noche del 8 de marzo de 2017, entre Aguirre y González, quien fuera vicepresidente de la primera.
Ambos dialogan acerca de Fundescam (la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid), creada por el PP en el año 2000, y sobre la investigación judicial que trataba de desentrañar si esta entidad se había usado como medio de financiación del PP madrileño.
Durante la charla, Aguirre comenta lo siguiente: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede... Pero, desde luego, Fundescam no ha pagado".
Sobre esa conversación, interceptada por los investigadores de la Guardia Civil, el juez García-Castellón concluye que "pudiera revelar" que Aguirre "podía sospechar o intuir que se había sobrepasado el límite del gasto electoral".
"Pero, igualmente, revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello, cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo", añade.
"Lo anterior podría plantear en si se situó en lo que se ha denominado 'ignorancia deliberada', pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios resulta insuficiente para sostener una acusación", razona el juez para excluir a la expresidenta madrileña de Púnica.
Sobre González, el juez considera que "tenía conocimiento, al menos, de la existencia y aprobación" de los aquellos servicios de reputación online, pero que "no ha resultado acreditada su participación en ninguna actuación que, vinculada a los mismos, fuere constitutiva de infracción".