Las aseguradoras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) pagarán 5,2 millones de euros a los padres de una niña en la que será la mayor indemnización por una negligencia médica de la historia de España. La menor sufrió graves lesiones durante el parto, que fue atendido en 2012 en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real), de titularidad pública.
En 2019, una sentencia de un Juzgado de lo Penal de Ciudad Real condenó a un ginecólogo y a una matrona como autores de un delito de lesiones por imprudencia profesional y les obligaba a pagar, a cada uno de ellos, una multa de 2.700 euros.
También condenó a las dos aseguradoras a abonar un máximo, cada una, de un millón de euros. La Audiencia Provincial, en 2022, confirmó los hechos probados de esta resolución, pero amplió la cuantía máxima de la indemnización hasta los 4,5 millones.
"Los encausados, en su calidad de ginecólogo y matrona respectivamente, encargados del seguimiento y control del parto, pese a sus respectivas cualificaciones profesionales y apartándose de la pericia que les era exigible en atención a sus conocimientos, con un proceder absolutamente negligente, no adoptaron las medidas necesarias encaminadas a solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal, en orden a la finalización del parto y evitación de un sufrimiento fetal irreversible", concluyeron los magistrados en esta resolución.
Tanto los padres de la menor, que sufre hoy un 97% de discapacidad, como las aseguradoras optaron por recurrir esta sentencia ante el Supremo, pero, ahora, ambas partes han llegado a un acuerdo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que evita que el asunto llegue al Alto Tribunal.
Concretamente, las dos compañías pagarán a los progenitores 2.591.498 euros en concepto de indemnización principal, más 2.356.726 euros por los intereses de demora.
Todo ello, sumado a las costas del procedimiento, aún por tasar, alcanzarán una cantidad que ronde los 5,2 millones, según ha anunciado la asociación El Defensor del Paciente, a la que está adscrito el abogado que ha defendido al matrimonio, Francisco Fernández-Bravo.
Fachada del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real).
"A raíz del deficiente control y seguimiento durante el período de parto, la recién nacida sufrió un grave y severo daño neurológico como consecuencia de la falta de oxígeno, causada por el descenso repetido y mantenido de la frecuencia cardiaca fetal", explican ambas sentencias.
Entre otras secuelas, la pequeña sufre convulsiones, desorientación, problemas de movilidad, epilepsia, debe alimentarse mediante una sonda, vive postrada en una cama y no puede comunicarse con sus familiares. Tras el parto, además, tuvo que someterse a varias cirugías y estuvo casi tres meses ingresada.
[Los 17 hospitales con más negligencias médicas de España por regiones: 2021 cierra con 628 muertes]
"Las severas y graves lesiones sufridas por la menor implican una pérdida total de autonomía para las actividades esenciales de la vida diaria, siendo totalmente dependiente para la alimentación, aseo personal, vestirse, arreglarse, para las deposiciones, para trasladarse, etc. A su vez, esta pérdida de autonomía personal ha provocado una sustancial alteración de la vida de sus familiares ante la prestación de cuidados y atención continuada que demanda la pequeña y su (...) dependencia absoluta de otra persona para todas las actividades de la vida diaria, [ya que] no es capaz de cuidar de sí misma", concluyeron los jueces de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
En conversación con EL ESPAÑOL, el abogado defensor de los padres de la menor, Francisco Fernández-Bravo, muestra su satisfacción y su orgullo por haber alcanzado este acuerdo. "Es una cuantía importante y, con este pacto, que nos evita recurrir ante el Supremo, nos ahorramos otro año y medio o dos años más de proceso, que dura ya más de diez años", comenta el letrado.
Sus clientes —"una familia humilde, trabajadores del campo de Ciudad Real", comenta Fernández-Bravo— también están "satisfechos" y este acuerdo les "aporta certidumbres tras una década de batalla". "Y, sobre todo, contribuye a sufragar la importante asistencia que necesita su hija y todos los medios auxiliares de los que precisa para seguir viviendo", añade el abogado.
La familia ya ha recibido algo más de 4,9 millones de euros. Aún faltan por abonar las costas del procedimiento, que también deberán pagar las dos aseguradoras del SESCAM y que, según los cálculos de Fernández-Bravo, rondarán los 200.000 euros.