La granadina Juana Rivas ha presentado una querella contra Manuel Piñar, el juez que la condenó a cinco años de cárcel por sustracción de menores y quien, posteriormente, se opuso a la suspensión de su pena aludiendo a unos supuestos abusos sexuales sufridos por uno de los hijos de la mujer cuando estaban bajo su custodia, un caso que fue archivado.
En la querella, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Rivas acusa al magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada de un delito continuado de prevaricación judicial y otro contra la integridad moral. Y de demostrar una "voluntad persecutoria" contra la granadina.
Piñar condenó en 2018 a cinco años de cárcel a Rivas por haber permanecido en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos a su padre, el italiano Franceso Arcuri.
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Esta primera sentencia fue luego ratificada por la Audiencia Provincial. No obstante, el Tribunal Supremo la redujo a dos años y medio de cárcel. Y en noviembre de 2021, el indulto parcial concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez la achicó, finalmente, hasta los quince meses.
Ello abrió la puerta a que Juana Rivas solicitase la suspensión de la pena. Y el juez Piñar se negó, aludiendo, entre otros motivos, a la "falta de arrepentimiento" y a unos supuestos abusos sexuales cometidos sobre uno de los hijos de Rivas. Por todo ello, la consideró "un peligro" para los menores si recuperaba la libertad.
No obstante, la Audiencia Provincial de Granada, finalmente, le retiró el brazalete telemático que hasta entonces llevaba y ordenó su libertad total, bajo la condición de no delinquir en los próximos tres años.
En su querella, la defensa de Juana Rivas, ejercida por el despacho Aránguez Abogados, considera que esa negativa del juez Piñar se amparó en "absolutas falsedades".
Juana Rivas, en una imagen de archivo.
"Lo más grave: que habría permitido el abuso sexual de uno de sus hijos, una acusación tan infundada y cruel que constituye un atentado contra la integridad moral de mi patrocinada", relata su defensa.
El magistrado, al negarse a la suspensión de la pena de Juana Rivas manifestó lo siguiente: "Si un menor está bajo la guarda y custodia de un progenitor y es víctima de unos presuntos abusos sexuales, en la máxima extensión del término —y, en este punto, las imágenes que han llegado a la causa son espeluznantes— hay indicios de presunta negligencia por desatención de las obligaciones de velar por él, de modo que, permitirle la libre deambulación con el niño, puede suponer ponerle (...) en grave peligro para él".
Tal y como relata la defensa de Rivas, una resolución de la Audiencia Provincial de Granada, aportada a la causa, ordenó el archivo provisional de la investigación sobre este supuesto abuso sexual, al no encontrar "debidamente justificada la perpetración del delito". "Y el ilustrísimo señor Piñar conoce perfectamente [esta resolución]", reza la querella.
"Pisoteando la presunción de inocencia y las más elementales reglas procesales, el señor Piñar reinterpreta algunos documentos de esa causa (sólo aquellos que le interesan), y atribuye responsabilidades gravísimas, de las que hace derivar un grave peligro de abusos sexuales para los hijos de Juana Rivas", reprocha.
Asimismo, para demostrar "la ausencia de imparcialidad" que el letrado de Rivas atribuye al magistrado, la querella recuerda que la granadina "le conocía desde hace años, porque era amiga de las hermanas del querellado y que tuvo siempre con ella una relación tensa por su falta de sintonía ideológica".
Además, el abogado de Juana Rivas considera que "basta una ojeada al contenido en abierto difundido a través de la red social Facebook del querellado [el juez Piñar] para advertir su marcada antipatía hacia las políticas de igualdad y contrarias a la violencia de género".
Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas.
"A sabiendas de su total falsedad, [Piñar] atribuye a mi patrocinada su participación en un presunto delito contra la libertad sexual de su propio hijo, le imputa haber cometido un nuevo delito de sustracción de menores en Italia, y le reprocha no haber mostrado arrepentimiento", expone la querella.
"En el momento de dictar esas resoluciones, posteriormente rectificadas por la Audiencia Provincial de Granada, el querellado era plenamente consciente de que eran puras mentiras, pero era su intención infligir el mayor daño moral posible a Juana Rivas", añade.
Las resoluciones de un juez sobre la suspensión de la pena son discrecionales. Es decir, están sometidas a su propio criterio. "Pero lo que no pueden es ser arbitrarias, que es lo que sucede en este caso. La discrecionalidad jamás ampara la ausencia de imparcialidad", reprocha la querella.