El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha suspendido la reunión plenaria prevista para esta mañana tras conocer la muerte de la vocal Victoria Cinto, ocurrida en San Sebastián a consecuencia de una larga enfermedad.

El CGPJ iba a debatir esta mañana la proposición de ley que pretende volver a modificar por vía de urgencia las competencias del órgano -en prórroga de mandato desde diciembre de 2018- para permitirle el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Cinto, de 63 años, fue nombrada vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y ha desempeñado un papel clave de puente entre los dos sectores, conservador y progresista, del Consejo, creando un clima de entendimiento y favoreciendo acuerdos.

Este papel se ha reflejado en multitud de nombramientos judiciales realizados en los últimos años por el Consejo con un amplio respaldo, incluso superior a los tres quintos exigidos por la ley en algunos supuestos.

"Conciliación y consenso"

El Consejo aprobó una declaración institucional en la que expresa su “inmenso dolor" ante la "irreparable pérdida" y manifiesta su reconocimiento a la labor desarrollada por Victoria Cinto, "caracterizada por su competencia profesional, su espíritu de conciliación y la permanente búsqueda de consensos".

"Su aportación ha sido decisiva en el desarrollo de las competencias del Consejo General del Poder Judicial en beneficio de la carrera judicial", destaca.

"La integridad profesional y la profunda humanidad que desplegaba Victoria convirtieron en un alto honor el hecho de conocerla y compartir con ella las responsabilidades propias del cargo. Su recuerdo permanecerá siempre enmarcado en nuestra admiración, respeto y en un profundo afecto”, concluye. 

Jueza desde 1987, presidió la Audiencia Provincial de Guipúzcoa entre 1999 y 2010 y fue viceconsejera de Justicia del País Vasco entre 2010 y 2012.

Su fallecimiento reduce a 19 los miembros del órgano de gobierno de los jueces, integrado por 20 vocales y el presidente. El vocal Rafael Fernández Valverde, propuesto por el PP, tuvo que dejar la institución el pasado 5 de marzo tras alcanzar la edad de jubilación.

Además de la suspensión del Pleno -para la que no se ha determinado todavía una nueva fecha-, el Consejo ha postpuesto la entrega de los premios del Foro Justicia y Discapacidad, que estaba prevista para mañana.

Contrarreforma

En la reunión de esta mañana iba a debatirse la propuesta que diez vocales ante la última reforma de las competencias del CGPJ promovida por el Gobierno.

La modificación, que tramita el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley del Grupo Socialista, levanta la prohibición de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato, establecida en marzo de 2021 y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La contrarreforma sólo permitirá al CGPJ elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.

Sin embargo, la proposición de ley mantiene el veto al resto de nombramientos discrecionales que competen al CGPJ. Esta situación está causando serias dificultades para el funcionamiento del Tribunal Supremo, que ya acumula 14 vacantes que no pueden ser cubiertas.

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El Gobierno quiere renovar cuando antes el TC con la designación de esos dos nuevos jueces y los dos que nombrará el propio Ejecutivo. Con ello logrará el vuelco de la mayoría del tribunal, que pasará de manos conservadoras a progresistas.

Un escrito presentado el pasado lunes por 10 vocales, todos ellos propuestos por el PP, propone que el CGPJ solicite al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo en relación con la proposición de ley presentada "en el aspecto relativo a las atribuciones de este órgano en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional".

Plantea, asimismo, que el órgano de gobierno de los jueces se dirija a la Comisión Europea "para informar sobre la proposición de ley".

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Los vocales recuerdan que el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE "impone que, cuando la proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ".

La misma Comisión Europea ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que las modificaciones que afectan al Poder Judicial deben consultarse con las instituciones afectadas y con la Comisión de Venecia. 

Los vocales también exponen que, según la exposición de motivos, la finalidad de la proposición de ley es evitar las dificultades que la norma vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales.

"Tal justificación resulta contradictora e incoherente", afirman. "Tan órgano constitucional es el Tribunal Constitucional como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 123.1 de la Constitución Española".