Hacienda ha llegado a investigar si Juan Carlos I pagó los jamones que recibía en La Zarzuela

Las actuaciones inspectoras cumplieron un año el pasado mayo y pueden extenderse seis meses más. Pero no están teniendo la misma intensidad en todas las fases.

La inspección se inició después de que Juan Carlos de Borbón presentara una declaración complementaria del IRPF por un importe total de 4.395.901,96 euros para regularizar los vuelos privados que le pagó su primo Álvaro de Orleans a través de la Fundación Zagatka.

Al comienzo, los inspectores no sólo requirieron un aluvión de documentación sobre los pagos asumidos por Zagatka sino que también reclamaron las cuentas bancarias del rey emérito, las tarjetas que ha utilizado y numerosos datos sobre su patrimonio. En definitiva, prácticamente toda la vida económica del exjefe del Estado durante los años anteriores a su traslado a Abu Dabi, en agosto de 2020.

A partir de esa información, la Agencia Tributaria ha hecho comprobaciones hasta el más mínimo detalle, por ejemplo para saber si fue Don Juan Carlos u otra persona el que pagó una partida de jamones ibéricos encargados para La Zarzuela, según han indicado fuentes conocedoras de las actuaciones.

Sin embargo, los requerimientos de información a los representantes del rey emérito habían cesado en las fechas previas a la visita de Juan Carlos I a Sanxenxo el pasado 19 de mayo y se reanudaron tras este viaje a España del rey emérito, que produjo malestar tanto en la Casa Real como en el Gobierno.

Malestar del Gobierno

Distintos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez criticaron públicamente que el rey emérito hubiera perdido "la oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones y pedir perdón".

Según ha informado El Mundo, la AEAT ha pedido en fechas recientes información sobre quién pagó los vuelos y los gastos relacionados con la participación de Juan Carlos I en jornadas cinegéticas entre 2014 y 2018.

Pero, sea cual sea el resultado de todas esas comprobaciones de la AEAT, es improbable que tengan alguna incidencia en el archivo de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado.

Lejos de una proscrita investigación general, la Fiscalía centró sus pesquisas en cuatro hechos: los fondos de la Fundación Lucum ocultados en Suiza por Juan Carlos I, el ser beneficiario de dos antiguos trust constituidos en Jersey, las donaciones recibidas del empresario Allen Sanginés-Krause (objeto de una regularización fiscal por importe de 678.393,72 euros) y los pagos de la Fundación Zagatka.

El archivo de las investigaciones acordado por la Fiscalía el pasado marzo se debió a un conjunto de razones: la inviolabilidad de la que disfrutó Juan Carlos I como jefe del Estado (fundaciones Lucum y Zagatka), la prescripción de los eventuales delitos, la falta de indicios de que hubiera disposiciones económicas a su favor (los trust de Jersey) y las dos regularizaciones realizadas en 2020 y 2021, ambas validadas por la ONIF, la unidad de la Agencia Tributaria encarga de los fraudes más relevantes.

Donaciones

Si la AEAT llegase a la conclusión de que Juan Carlos I no pagó los viajes y gastos relacionados con su hobby cinegético u gastos similares, sería difícil considerar que tuvo un incremento patrimonial con trascendencia fiscal en el IRPF o en el impuesto de patrimonio. ¿El motivo? Tendría que acreditarse que esos pagos respondieron a la prestación de algún servicio por parte del rey emérito, hipótesis improbable y para cuya acreditación el fisco necesitaría de la colaboración de un tercero que lo corroborara. 

Otra cosa es que los regalos recibidos o los viajes disfrutados por el rey emérito puedan considerarse como donaciones. Distintos asesores fiscales consultados por este diario recuerdan que a Hacienda hay que declarar todos aquellos regalos que obtengamos. Ya sean jamones, noches de hotel o hasta una entrada al teatro o el fútbol.

Ponen como ejemplo el de las bodas, siempre polémico. Según la ley, habría que declarar todo el dinero recaudado y los regalos recibidos a través del Impuesto de Donaciones. Sin embargo, es algo que nadie hace. Y no se hace porque desde la Agencia Tributaria los inspectores -al igual que el ciudadano- entienden que existen unos 'usos y costumbres'. Gracias a ellos, aunque no aparezcan en la norma, no se reclama nada en estas situaciones.

El caso de las cacerías de Juan Carlos I es diferente. Tanto por el presumible importe como porque esta actividad cinegética no se considera un 'uso y costumbre'. Por ello, es probable que tuviera que haber declarado esos viajes y esos regalos en su momento. O haberlo hecho constar en la regularización del Impuesto de Donaciones que llevó a cabo en 2020 relativa a los ejercicios 2017-2019.

Por tanto, si la AEAT decide que estamos ante donaciones no declaradas, tendrá que cerrar la investigación y pasar la pelota a la Agencia Tributaria en la Comunidad de Madrid. Las competencias sobre la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones son autonómicas.

En este caso el monarca emérito debería afrontar un pago de una cuantía considerable. Mientras que las donaciones entre familiares directos están bonificadas, las de terceros están muy penalizadas. En concreto, si la donación fuera inferior a 100.000 euros estaríamos hablando de un tipo del 18,7%. Sin embargo, parece que las cacerías y regalos estarían en una cuantía superior a los 100.000 euros. Es decir, que tendría que pagar un 34%. Es más: si la valoración de los regalos supera los 300.000 euros, habría que pagar entre el 50% y el 60% su valor.

Regularizaciones

Según los asesores fiscales consultados por este periódico, en ningún caso las regularizaciones llevadas a cabo por Juan Carlos I corren peligro porque ya han sido validadas por la ONIF.

Ahora habrá que ver a qué años corresponden las cacerías que se investigan. A partir de ahí, habrá que hacer las imputaciones a los distintos ejercicios. En cualquier caso, las cifras a pagar se harían contando con el dinero ya abonado y regularizado. Si las cantidades que resultaran a pagar superasen los 120.000 euros sí que podría enfrentarse a un delito fiscal.