"Un maricón no debería estar en la Guardia Civil": prisión para 4 agentes por acosar a un compañero

Un cabo primero y tres guardias deberán ingresar en prisión para cumplir una pena de 10 meses de privación de libertad que acaba de confirmar la Sala Militar del Tribunal Supremo.

Los cuatro han sido condenados por un delito de abuso de autoridad consistente en un "constante hostigamiento y humillación" a un compañero por su supuesta condición de homosexual.

Los hechos se produjeron a lo largo de cuatro años y medio en un cuartel de Galicia donde el guardia civil X llegó destinado en junio de 2010.

Desde el principio percibió "un trato distante e inadecuado por parte de algunos compañeros, dándose cuenta de que algunos guardias no le devolvían el saludo militar y mantenían hacia él una actitud cortante, poco cordial y rara, realizando comentarios acerca de su aspecto", declaró probado el Tribunal Militar Territorial Cuarto, que juzgó los hechos en primera instancia.

"Maripili", "fresita"

Los condenados, los más veteranos del acuartelamiento, "comenzaron desde su llegada a difundir rumores referentes a su orientación sexual, diciendo que 'era
homosexual'".

Se referían a él como 'Maripili', 'fresita' o 'la mujer del puesto' y se le empezó a tildar de "vago, incompetente y mal profesional".

El guardia era objeto de críticas y comentarios despectivos, como que "llevar pendientes era una cuestión de maricones" o que si se había operado la cara. Otras veces le decían que esa supuesta operación se la había pagado su novio.

"En esa línea de rumores, cuchicheos y comentarios difundidos sin base real", uno de los guardias condenados mencionó que unos amigos le habían dicho que "lo habían visto por Boiro paseando con su novio".

Por su parte, el cabo primero hacía comentarios referentes a que "los maricones no deberían de estar en la Guardia Civil", "arriba España y muerte a los maricones" y "prefiero tener un hijo muerto o drogadicto que maricón".

Todo ello se producía "de manera habitual" y trascendió a la propia localidad -en cuyos bares se mencionaba la supuesta homosexualidad de X- e incluso entre los detenidos, que "llegaron a burlarse de él".

Cuestionar su profesionalidad

Esos "rumores, cuchicheos, bromas y comentarios acerca de su orientación sexual" fueron "el principal origen de su desprestigio, que posteriormente se amplía a su profesionalidad y a la manera de desarrollar sus funciones como miembro de la Guardia Civil".

Los condenados también perjudicaron laboralmente a X. Dos de ellos "le derivaban actuaciones a su horario de servicio para que se encontrase sobrecargado de trabajo, mientras ellos se jactaban de que no tenían mucho que hacer, lo que generaba una sensación de hostigamiento en el guardia X".

Otro de los condenados le encomendó la realización de actuaciones referentes a la violencia de género y, posteriormente, se atribuía el trabajo realizado.

"De estos problemas laborales se quejó al Sargento R., si bien se percató de la poca receptividad de este mando, pues lo tenía por inútil, vago y perezoso, en lo que el guardia X consideraba que era una influencia de sus compañeros", indica la sentencia.

La situación se mantuvo de forma ininterrumpida hasta el 30 de noviembre de 2014, cuando X fue atendido en un centro de salud por una crisis de ansiedad.

El INSALUD envió la documentación a los Juzgados de Instrucción de Santiago de Compostela, que incoó unas diligencias posteriormente enviadas a la jurisdicción militar.

El guardia acosado fue dado de baja para el servicio por razones médicas, precisando la intervención de profesionales de la salud mental y recibiendo atención psicológica y psiquiátrica.

"Presenta un cuadro crónico y complejo de larga duración, diagnosticado como un trastorno mental severo», expone la sentencia.

Pruebas

El Supremo, en una sentencia con ponencia de la magistrada Clara Martínez de Careaga, ha desestimado los recursos de los condenados.

La Sala descarta la vulneración del principio de presunción de inocencia porque, en contra de lo que afirmaban los recurrentes, "no han sido condenados exclusivamente con base en la declaración de la víctima" sino que "un gran número de testigos corroboró la declaración de X, apuntalando su credibilidad".

El alto tribunal también ha corregido un error del tribunal territorial, que olvidó declarar al Estado responsable civil subsidiario de los 10.000 euros que la víctima debe recibir como indemnización por los daños sufridos.