El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, ha citado como testigo a la antigua escolta de la ministra Irene Montero. Deberá acudir a declarar a las 10 de la mañana del próximo 22 de marzo, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Escalonilla toma esta decisión en el marco de la investigación del llamado caso Niñera, en el que el magistrado indaga si se cometió un delito de administración desleal al utilizar, supuestamente, fondos de Podemos para pagar a la asesora Teresa Arévalo para que cuidara a una hija, menor de edad, de Montero y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Asimismo, tal y como figura en el documento, el juez ordena a Podemos que, en el plazo de cinco días, "presente la documentación acreditativa del cargo que Arévalo ostentaba en Unidas Podemos" y aclare así por qué —y en calidad de qué— acudió a un mitin a Alicante el día 20 de octubre de 2019. Todo ello, a fin de conocer si Irene Montero, en aquel viaje, la utilizó como niñera.
Arévalo, que es asesora de la ministra de Igualdad y está imputada en esta causa, ya aseguró en julio de 2021 que participó en aquel acto como jefa de gabinete de la portavocía de Podemos y, por tanto, como "dirigente del partido". Así lo reiteró un abogado de la formación política después de que Teresa Arévalo declarase en los juzgados de la madrileña Plaza Castilla al respecto. El letrado también indició que la asesora pudo tener en brazos a la menor, pero sólo "puntualmente, como cualquier otro compañero o compañera".
En aquella ocasión, compareció ante el juez José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 46. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid devolvió este caso al Juzgado número 42, encabezado por Escalonilla, quien había decidido separar esta línea de investigación, que ahora recupera. Es también el encargado del caso Neurona, que investiga las posibles irregularidades en un contrato de Podemos con la consultora Neurona para la campaña de 2019.
Además, a finales del pasado enero, Podemos había rechazado la citación de M. E. G. J., quien fuera escolta de Irene Montero en su chalé de Galapagar. El enero de 2020, la recién nombrada ministra de Igualdad evitó, mediante un acuerdo extrajudicial, acudir a la vista por el despido de esta trabajadora. Ésta había denunciado que la usaban para tareas domésticas y que prescindieron de ella cuando se negó a cumplir los recados.
En su providencia, Escalonilla le advierte de que tiene la obligación de "concurrir al primer llamamiento", bajo multa de 200 a 5.000 euros si no acude a la citación judicial. Si reitera en su negativa, podría ser perseguida por obstrucción a la Justicia. El juez José María Escribano ya le había citado en otras ocasiones y la testigo no se presentó.