El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha denegado la pretensión del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de prorrogar la investigación del denominado caso Dina. El magistrado considera que su petición, con la que solicitaba ahondar en la supuesta trama policial de la causa, se basa en "un supuesto hipotético" y en "futuribles".
Esta investigación toma el nombre de, precisamente, la exasesora del exlíder de Podemos, Dina Bousselham, ya que en ella se indaga en el supuesto robo de su móvil y el acceso a su tarjeta SD. También, acerca de la publicación en prensa de información contenida en el teléfono.
En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, García-Castellón ha rechazado el recurso presentado por Pablo Iglesias. Este lunes, el juez desestimaba el del partido Vox, que pedía la imputación del otrora líder de Podemos. Y lo hacía con argumentos similares: el magistrado consideró que la petición de Vox "se sustentaba, únicamente, en sospechas".
En su recurso, Iglesias pedía al juez que indagase en "la facilitación de la información de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía o la posibilidad de la existencia de investigación [policial], regular o irregular, respecto de la información contenida en la misma".
Pero el juez argumenta que "no existen méritos suficientes" para ampliar la instrucción y responde que Iglesias "no concreta ni detalla qué otras medidas han de ser adoptadas".
Manuel García-Castellón interrogará este miércoles a Bousselham, así como a la pareja de ésta —quien la acompañaba cuando se produjo el supuesto robo en un centro comercial y envió a reparar la SD, sin éxito— y al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, el exDAO Eugenio Pino.
Precisamente, Pablo Iglesias argumentaba en su recurso que, "tras la declaración del señor Pino (...), es posible que surjan nuevas diligencias de investigación". No obstante, el juez le deniega una prórroga de la instrucción, considerando este motivo "una simple hipótesis o posibilidad (...), no corroborado por otros elementos periféricos".
En 2017, durante el registro en el domicilio del comisario de la Policía José Manuel Villarejo, se encontró una copia de los archivos de la SD de Bousselham.
Fin de la instrucción
El pasado 27 de enero, el Juzgado Central de Instrucción número 6 dio por finalizada la investigación de esta pieza separada tras recibir un informe de la Policía Científica que concluía que era imposible determinar cómo la tarjeta acabó inservible y quién la dañó.
En octubre de 2020, antes de recibirlo, el magistrado había elevado al Tribunal Supremo una exposición sobre la "participación delictiva" que apreciaba contra Iglesias —entonces era vicepresidente segundo del Gobierno—, a quien el juez atribuía haberse guardado la tarjeta sin decírselo a Dina Bousselham, su dueña.
En enero de 2021, el Supremo devolvió a García-Castellón la exposición contra Iglesias para que el instructor practicara diligencias indispensables, como preguntar a Bousselham si quería actuar penalmente contra Iglesias, tras haberse constatado que el político tuvo la SD en su poder. Para que un delito de revelación de secretos pueda ser perseguido, el Código Penal exige la denuncia de la agraviada, algo que ella, finalmente, no hizo.
La Sala de lo Penal también sugirió al instructor ampliar la prueba pericial informática para precisar cuáles eran las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para deteriorarla y si era posible proceder a la recuperación de todos estos datos. La Policía Científica, no obstante, no pudo acceder a la SD dañada ni despejar estas dudas.
Pieza 'Dina'
El juez abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem (o caso Villarejo) el 19 de marzo de 2019 ante los indicios de que la filtración de ciertos mensajes del móvil de Dina a la prensa habría sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo, en cuyo domicilio se encontró una copia de los archivos de la tarjeta.
Había mensajes intercambiados por Iglesias con su asesora o con su equipo en los que el líder de Podemos comentaba, entre otros asuntos, que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
En el curso de las investigaciones, se descubrió que Iglesias tuvo una copia de la tarjeta del teléfono de su asesora. La recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
Según subrayó juez durante la instrucción, Pablo Iglesias "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y, "pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder" sin comunicárselo a su antigua asesora. Una vez Iglesias devolvió a Dina la tarjeta de memoria, ya no funcionaba ni se podía acceder a su contenido.
Finalizada la instrucción, en su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez García-Castellón decidió que el proceso continuase tan sólo contra Villarejo y contra dos periodistas de la extinta revista Interviú, perteneciente al Grupo Zeta, que tuvieron acceso a la tarjeta y le facilitaron una copia a Villarejo. Ambos manifestaron que el excomisario se la pidió y ellos creyeron que lo hacía en el marco de una operación policial.