Los dos puestos de mayor responsabilidad de la Fiscalía General van a estar ocupados, por primera vez, por dos mujeres: Dolores Delgado como fiscal general y María Ángeles Sánchez Conde como teniente fiscal del Tribunal Supremo.
Delgado ha anunciado ese martes durante la reunión del Consejo Fiscal que propondrá al Gobierno el nombramiento de Sánchez Conde como su brazo derecho.
Sánchez Conde se convierte, así, en la primera mujer en desempeñar el puesto número 1 el escalafón como teniente fiscal, cargo en el que sucede al recientemente fallecido Juan Ignacio Campos.
Al puesto se habían presentado otros cuatro aspirantes: la exfiscal general Consuelo Madrigal y los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Javier Huete y José Ramón Noreña.
Madrigal ha recibido los cinco votos de los vocales del Consejo Fiscal propuestos por la Asociación de Fiscales, mientras que Sánchez Conde ha sido apoyada por los cuatro vocales de la Unión Progresista de Fiscales y por la inspectora jefa, María Antonia Sanz.
Sánchez Conde lleva 40 años en la carrera fiscal. Su primer destino fue la Fiscalía de Cádiz, a la que llegó en 1982.
Dos años después se trasladó a Barcelona, luego a León y más tarde a Bilbao.
En 1990 llegó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la que fue nombrada jefa dos años después.
En 1997 fue nombrada fiscal ante el Tribunal Constitucional y en 2006, teniente fiscal.
Fue promovida a la jefatura de la Fiscalía ante el TC, uno de los puestos más relevantes de la carrera, en 2009. Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, fue quien la promovió a la primera categoría, fiscal de Sala.
Sanchez Conde ha desarrollado, pues, en la Fiscalía del TC el grueso de su carrera, un total de 24 años, 12 de ellos como fiscal jefa.
La actual fiscal general, Dolores Delgado, la nombró el pasado 30 de marzo jefa de la sección de fiscales destinados en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Delgado destacó "la capacidad organizativa y de gestión" de Sánchez Conde y su conocimiento de la doctrina constitucional en materia de protección de los derechos fundamentales, "seña de identidad del Ministerio Fiscal".