El fiscal acepta que el exdirector y agentes del CNI declaren tras admitir que Villarejo trabajó para ellos

El fiscal anticorrupción Miguel Serrano se ha mostrado este miércoles de acuerdo con la petición de José Manuel Villarejo de que el general Félix Sanz Roldán, tres agentes del Centro Nacional de Inteligencia y su exsecretaria general, Esperanza Casteleiro, declaren como testigos en el juicio que se sigue contra el excomisario en la Audiencia Nacional.

De ser aceptadas, esas declaraciones serán sin duda uno de los platos fuertes de la vista oral que tiene por objeto las tres primeras piezas del caso Tándem, en las que Villarejo se enfrenta a una petición de pena de 109 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Es la primera vez que se somete a juicio la tesis de la acusación pública de que el llamado policía de las cloacas cometió delitos de cohecho y relevación de secretos, entre otras ofensas criminales, lucrándose con investigaciones privadas (y realizadas con métodos ilegales) por las que cobraba cantidades millonarias mientras, en paralelo, trabajaba para la Policía.

Serrano cree que los testimonios de los miembros del CNI y los correos electrónicos aportados por el excomisario sobre uno de los trabajos realizados para ellos en Guinea Ecuatorial no sólo no van a contradecir el relato acusatorio, sino que lo apuntalarán, porque esas pruebas "lo que ponen de manifiesto es cómo actuaba Villarejo".

Trabajos para el CNI

El fiscal sostiene que, mientras Villarejo investigaba en Guinea Ecuatorial para el CNI la lucha por el poder desencadenada en el seno del clan de Obiang Nguema en 2012, recibía un pago de 4,5 millones de euros en negro del empresario Francisco Menéndez, representante en España de Gepetrol, la petrolera nacional.

Menéndez había contratado a Villarejo para que le hiciera un informe de espionaje sobre las cuentas offshore de Gabriel Obiang, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, con el fin de entregárselo a su otro hijo, Teodorín, también aspirante a la sucesión. Fue el llamado proyecto King.

"Sin perjuicio de las incertidumbres sobre cómo ha podido obtener esos documentos", dijo Serrano en relación a los correos electrónicos aportados por Villarejo sobre un supuesto intercambio de mensajes con agentes del CNI en relación a la operación en Guinea Ecuatorial, "lo que ponen de manifiesto es que el CNI pudiera estar interesado en los procedimientos sucesorios de un lugar geoestratégico. ¿Que Villarejo participa directamente contratado o subcontratado en esa actuación de los servicios de inteligencia? Aceptado ¿Que recibiera fondos reservados? Aceptado. No negamos que sea espía o exespía. Lo que nos interesa es que aprovecha esa función —autorizada y conocida por sus mandos— para lucrarse" gracias al encargo paralelo de Menéndez. 

La comparecencia de este último también ha sido solicitada por Villarejo y apoyada por el representante del Ministerio Público, que sostiene que no hay "nada espurio" en el hecho de que el caso Tándem empezara con una denuncia que interpuso un presunto agente del CNI con los documentos del proyecto King que le proporcionó Menéndez.

Sin políticos

Por el contrario, Serrano se ha opuesto a que desfilen por el juicio los numerosos políticos, fiscales y jueces y mandos policiales que la defensa de Villarejo quiere interrogar: Felipe González, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Dolores Delgado, Eduardo Torres-Dulce, Fernando Andreu, Javier Zaragoza y otros muchos.

Para el fiscal, "hay que evitar el ruido" y esas declaraciones "no son útiles" a los efectos de lo que se dilucida en el juicio porque esas personas "no están en condiciones de exponer si Villarejo estaba autorizado o no a hacer determinadas operaciones y a usar su entramado empresarial para contratar con clientes privados".

Serrano quiere "centrar el juicio" porque "no ponemos en duda el papel de Villarejo como policía de inteligencia en ejercicio, destinado en la Dirección Adjunta Operativa con específicas funciones de captación de información. Tampoco ponemos en duda su condición, aleatoria o estructural, de colaborador del CNI. O que estuviera autorizado a gestionar su empresa privada. A lo que no estaba autorizado es a que, al hilo de esas funciones o basándose en el conocimiento que obtuviera gracias a esas funciones y, por tanto, con abuso de su función policial, se lucrara al margen de esa actividad policial lícita, es decir, realizara funciones paralelas para clientes privados".

A esos efectos, el fiscal sí considera útil que declaren los antiguos DAO Eugenio Pino, Pedro Díaz Pintado, Agustín Linares y Florentino Villabona, así como el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez (imputado, como Pino, en la pieza Kitchen del macroproceso contra Villarejo). También aceptó la comparecencia de la comunicadora Ana Rosa Quintana, cuyo marido se sienta en el banquillo.

Por el contrario, el Ministerio Público no le encuentra utilidad a la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente o a la incorporación de los documentos aportados por Villarejo sobre la diputada de Podemos Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso. "Todo eso es ajeno al procedimiento", argumentó.

"Trufados de minas"

El fiscal Serrano dedicó muchos minutos a contrarrestar la tesis de los acusados de que no pueden defenderse adecuadamente porque no tienen acceso a la totalidad del caso Tándem, en particular a la llamada pieza de impacto, donde se almacenan los papeles y grabaciones incautadas a Villarejo en las que se reflejan datos que afectan al derecho a la intimidad de las personas mencionadas o secretos de Estado.

Según el fiscal, "los documentos que tenía Villarejo estaban trufados de minas. Tenía documentos secretos y documentos que afectaban a la intimidad para protegerse de cualquier actuación investigativa, para buscar su impunidad. Los investigadores hemos tenido que bajar a la mina sin que nos explotaran las cargas explosivas, empleando determinadas cautelas".

Pero desde abril de 2020, añadió, todas las defensas pueden consultar en el Juzgado esos documentos, por lo que, a su juicio, se respeta el derecho de defensa y la igualdad de armas.