Pedro Sánchez ofreció a Marchena la Presidencia del CGPJ en julio de 2020 y el juez volvió a rechazarla

Una nueva composición del órgano de gobierno de los jueces -constituido por 20 vocales, de ellos 12 jueces y el resto juristas- debió haber sido elegida por los tres quintos del Parlamento antes del 4 de diciembre de 2018, cuando terminó el mandato de cinco años del actual CGPJ.

La mayoría cualificada que la Constitución exige para conformar el CGPJ requiere el acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas, que, como suele ser habitual, se culpan la una a la otra del impasse con reproches que llevan el sello de la incoherencia.

El bloqueo que el PSOE atribuye al PP fue ejercitado por los socialistas cuando en 2007 no les interesó renovar el Tribunal Constitucional, aprobando incluso una reforma legal ad hoc para blindar a Maria Emilia Casas en la presidencia. En aquella ocasión, el cambio del TC se demoró también un largo tiempo, tres años.

Y la devolución a los jueces de la facultad de elegir democráticamente a los 12 vocales que deben proceder de la carrera se ha erigido en condición sine qua non del PP para la renovación, pero los populares pudieron llevar a cabo un cambio legal con esa finalidad cuando gobernaron y, sin embargo, no lo hicieron.

En los últimos tres años, el pacto PSOE-PP para la elección del nuevo CGPJ ha estado a punto de caramelo en varias ocasiones. La primera fue en la noche del domingo 11 de noviembre de 2018, cuando la entonces responsable de Justicia (hoy fiscal general) Dolores Delgado y el negociador del PP, el exministro Rafael Catalá, cerraron un acuerdo para repartir las vocalías: 11 para el PSOE y 9 para el PP, con Manuel Marchena como presidente.

El primer 'no'

La exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el mensaje de Whatsapp distribuido por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, para intentar aplacar el desacuerdo de los parlamentarios hizo que el pacto se fuera al traste después de que el presidente de la Sala Penal anunciara públicamente que renunciaba a ser considerado candidato al más alto cargo del Poder Judicial, reivindicando su independencia.

El portazo de Marchena a un amaño político que le colocaba como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ antes incluso de que los vocales del Consejo que tenían que votarle hubieran sido elegidos reconfortó a la carrera judicial, sometida en esos momentos a un permanente cuestionamiento.     

La contestación ciudadana a la primera sentencia de La Manada, la desconcertante actuación de la Sala Tercera del Supremo en el asunto de las hipotecas, los desaires de las autoridades judiciales de los países europeos que estaban decidiendo sobre las órdenes de entrega relacionadas con el 'procés' y condenas dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habían sumido a la Judicatura en un estado de desmoralización al que el reparto político del órgano de gobierno de los jueces añadió una buena dosis de malestar e irritación.

Ese mismo noviembre de 2018, el PP registró en el Parlamento una proposición para que los jueces pudieran elegir a sus 12 representantes en el CGPJ. El PSOE la rechazó.

Segunda negativa

Las dos formaciones no retomaron los contactos para renovar el Consejo hasta enero de 2020, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. A finales de julio el acuerdo estaba prácticamente hecho a excepción de dos detalles no menores: el nombre del presidente y los dos vocales que el PSOE cedería a Podemos.

Fue entonces cuando Marchena volvió a decir que no. Sondeado tanto por el primer nivel de negociadores (el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López) como por el segundo (el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y Teodoro García Egea), el presidente de la Sala más relevante del Tribunal Supremo, la que decide sobre la responsabilidad penal de los aforados, insistió una y otra vez en que no quería presidir el Poder Judicial. El magistrado explicó a los negociadores que "es feliz poniendo sentencias" y que considera que "no hay puesto más atractivo que presidir la Sala Penal". 

"Marchena era nuestra mejor apuesta, tanto para PSOE como para PP. Su prestigio era incuestionable, era la solución", recuerda uno de los negociadores.

Sánchez se implica

El interés era tal que el propio presidente del Gobierno se implicó para tratar de convencerle.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez tuvo una larga conversación con Marchena a finales de julio del pasado año en la que le aseguró que era un candidato "de consenso" con el que se iba a conseguir "prestigiar la Justicia" y le pidió que aceptara el nombramiento. Sánchez fracasó en su objetivo y no logró sacar al magistrado de su negativa.

Según fuentes de la negociación, Marchena preguntó a Sánchez cómo pensaba el Gobierno prestigiar la Justicia teniendo a un vicepresidente, Pablo Iglesias, en constante beligerancia pública con los jueces y sus decisiones.

Precisamente la actitud de Iglesias y Podemos ha sido, para todas las fuentes consultadas, uno de los motivos del desencuentro en torno a la renovación del CGPJ.

El 3 de agosto, pocos días después de la conversación entre Sánchez y Marchena, el rey emérito Juan Carlos I se marchó a Abu Dhabi (traslado del que el líder de la oposición, Pablo Casado, no fue informado por Moncloa) y Podemos inició una estrategia de ataque sistemático a la Corona y a Felipe VI. El PP advirtió entonces al PSOE de que su socio de coalición no debería tener "ningún papel" en la renovación dada su falta de talante institucional.

Otro 'whatsapp' filtrado

En septiembre, Moncloa filtró a la prensa un intercambio de mensajes de Whatsapp entre Sánchez y Casado con la tesis de que éste había aceptado un pacto "cerrado el 99%" para renovar el CGPJ y se echó para atrás cuando la anterior portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, declaró el 17 de agosto que su destitución facilitaba el acuerdo entre populares y socialistas para el "reparto del CGPJ". La filtración irritó al PP, que desmintió que el acuerdo estuviera hecho.

Durante el otoño el Gobierno endureció su estrategia. Presentó en el Congreso una proposición para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los vocales y luego otra para impedir que el CGPJ haga nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato. La primera tuvo que ser aparcada tras el tirón de orejas de las instituciones europeas, mientras que la segunda no ha conseguido que el PP ceda.

El tercer intento de cerrar un acuerdo, el pasado febrero, quedó en agua de borrajas por la insistencia de Podemos en llevar al CGPJ, por el cupo de juristas, al juez José Ricardo de Prada, autor de las referencias a la presunta caja B del PP en la sentencia del caso Gürtel.

El pasado 25 de febrero Bolaños y García Egea se levantaron de la mesa sin haber cerrado por completo la lista de vocales y sin el nombre del presidente. Un último mensaje había sido enviado a Marchena ese mismo día por si había cambiado de opinión. En vano. El juez no contestó.