El fiscal suizo Bertossa que investiga a Juan Carlos I se reúne 3 horas en Madrid con fiscales españoles

Es la segunda vez que Bertossa se traslada a Madrid tras descubrir la existencia de la Fundación Lucum, propiedad de Juan Carlos I y titular formal de una cuenta en la banca Mirabaud de Ginebra en la que el rey emérito ocultó de 2008 a 2012 una aparente donación del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, fallecido en 2015.

El dinero, 100 millones de dólares (65 millones de euros en la época), fue gestionado por Arturo Fasana y Dante Canónica hasta que en mayo de 2012 el entonces jefe del Estado español lo transfirió íntegramente a su amante, Corinna Larsen.

Tal como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, la empresaria hizo firmar a Juan Carlos I un documento en el que éste aseguraba que la 'princesa Corinna zu Sayn Wittgenstein' no era su testaferro. Larsen ha seguido usando indebidamente ese título y ese apellido al haber estado casada con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, del que se divorció en 2005.

Pese a la palabra puesta por escrito del entonces jefe del Estado español, Bertossa mantiene imputada a Larsen por un delito de blanqueo de capitales al considerarla, efectivamente, testaferro de su antiguo amante. El fiscal suizo también ha imputado a los gestores de la Fundación Lucum, a la banca Mirabaud y a la entidad Gonet, que acogió la fortuna de Juan Carlos I tras cerrarse la cuenta anterior.

Yves Bertossa abrió sus diligencias en 2018 tras conocer la existencia de las llamadas cintas de Corinna, publicadas por EL ESPAÑOL. Fueron las grabaciones subrepticias que el excomisario José Manuel Villarejo guardó de sus encuentros con Larsen, en los que ésta admitió ser testaferro de Juan Carlos I.

El investigador suizo se reunió el 29 de octubre de 2019 con el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, al que dirigió una comisión rogatoria para obtener las grabaciones hechas a Corinna por Villarejo y halladas por la Policía en el domicilio de éste.

En esa primera cita judicial participó el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que también ha estado este jueves en el nuevo encuentro con Bertossa.

El fiscal suizo ha venido sin colaboradores y ha pedido la máxima discreción sobre las conversaciones, en las que se ha repasado la situación de las investigaciones abiertas en los dos países.

Los investigadores se han intercambiado informaciones sobre la orientación de las diligencias y han revisado si existen documentos pendientes de mandar. Bertossa no ha pedido nada nuevo pero, en cambio, los fiscales españoles sí le han recordado que aún no ha remitido datos bancarios sobre la Fundación Zagatka que se le pidieron hace unos meses, tras la declaración de Álvaro de Orleans-Borbón el pasado 23 de marzo.

El primo de Juan Carlos I es el titular de Zagatka, fundación en la que se centran las investigaciones de los fiscales españoles. Una vez regularizadas el pasado diciembre las donaciones recibidas del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause y con dificultades para establecer conexiones entre una antigua estructura financiera hallada en Jersey y el rey emérito, la Fiscalía analiza con lupa las cuentas de la fundación de Álvaro de Orleans-Borbón para determinar si es otro testaferro de Juan Carlos I, lo que el ingeniero y empresario niega.  

Los pagos por Zagatka de viajes en aviones privados también fueron regularizados el pasado febrero por Juan Carlos I, que hizo una declaración complementaria de IRPF por más de cuatro millones de euros. Hacienda, sin embargo, no ha dado el visto bueno a esa regularización y ha abierto una inspección.

Por su parte, Bertossa no acaba de encontrar la vía para conectar la donación de los 100 millones de dólares con el contrato de tren de alta velocidad a La Meca adjudicado en 2011 a un consorcio hispano-saudí.

En los últimos meses el fiscal suizo ha indagado la posibilidad de que la donación del rey Abdalá constituyera una administración desleal de los intereses públicos. Tanto en Arabia Saudí como en Suiza existe un delito tipificado como "mala conducta en la función pública". Pero este camino choca con obstáculos jurídicos de entidad, ya que se trataría de atribuir un delito no sólo a quien fue jefe del Estado de un país extranjero (protegido por el principio de inmunidad que rige en el Derecho Internacional) sino que, además, está muerto.