La Agencia Tributaria abre una inspección a Juan Carlos I para verificar si ha cumplido con Hacienda

La apertura de la inspección supone un salto cualitativo respecto a las comprobaciones que venía realizando Hacienda, hasta ahora circunscritas a la regularización fiscal que el exjefe del Estado presentó de forma voluntaria el pasado febrero.

En esa fecha el rey emérito satisfizo una deuda tributaria con el Estado de 4,4 millones de euros por las rentas derivadas del pago por la Fundación Zagatka de determinados gastos realizados entre junio de 2014 -cuando Juan Carlos I abdicó en Felipe VI- y 2018. 

La Fundación Zagatka pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo de Juan Carlos I. Pero tanto la Fiscalía, que mantiene abiertas tres diligencias preprocesales sobre el rey emérito, como los inspectores de la AEAT tratan de verificar si esa fundación es una pantalla que habría utilizado el monarca para desvincular formalmente de él el dinero que habría manejado para financiar viajes por todo el mundo.

Zagatka abonó hasta 2018 y durante 12 años gastos del rey emérito por importe de 11 millones de euros, sobre todo vuelos privados al Golfo Pérsico, el Caribe y otras zonas del mundo, en ocasiones acompañado de su examante Corinna Larsen. 

La Administración tributaria aún no ha dado el visto bueno a la regularización de esas rentas, realizada por la vía de autoliquidaciones complementarias del IRPF. La AEAT reclamó en febrero al rey emérito documentos acreditativos de los pagos de Zagatka, que tuvieron que ser solicitados a la propia fundación y que se encuentran desde hace semanas en poder de Hacienda. Se trata de las facturas de todos los viajes abonados y de los asientos bancarios de la cuenta de Zagatka a la que se cargaron.

Pero ahora la AEAT ha decidido iniciar un procedimiento de inspección en el que se ha solicitado todavía más información sobre los pagos asumidos por la fundación de Álvaro de Orleans-Borbón, además de otros datos -cuentas del rey emérito, tarjetas que ha utilizado y otro patrimonio- para indagar sobre hechos con relevancia tributaria eventualmente no declarados o declarados incorrectamente.

El rey emérito tiene la obligación de responder al requerimiento de información con el que se ha dado inicio a las actuaciones inspectoras, que representan otra noticia adversa para el monarca. Don Juan Carlos se encuentra desde el pasado agosto en Emiratos Árabes Unidos y las investigaciones relacionadas con su patrimonio no facilitan el retorno a España que él desea. Además de las indagaciones de la AEAT, la Fiscalía continua tramitando tres investigaciones.

Una de ellas se refiere a la fortuna que Juan Carlos I de España ocultó en Suiza. Otra está relacionada con un trust en la isla de Jersey, con el que el entorno de Don Juan Carlos niega toda relación. Finalmente, la Fiscalía ha cursado comisiones rogatorias sobre los gastos pagados por el empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause, que fueron objeto de una primera regularización fiscal el pasado 20 de diciembre por importe de 678.393 euros.

Críticas a la AEAT

Ya desde esa primera regularización la AEAT recibió críticas por su supuesta condescendencia con el anterior jefe del Estado. Los reproches se incrementaron cuando, pocas semanas después, se conoció la segunda regularización.

El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que viene pidiendo una investigación fiscal a Juan Carlos I desde mediados de 2018 al trascender que el fiscal suizo Yves Bertossa había iniciado un procedimiento, reprochó a la Agencia Tributaria su “lentitud”.

“La Agencia Tributaria tiene el deber inexcusable de abrir una investigación al rey emérito, como haría con cualquier contribuyente, para evitar incurrir en una dejación de funciones, mientras no exista una investigación judicial o una querella de la Fiscalía sobre los mismos hechos”, señaló Gestha en un comunicado el pasado 26 de febrero.

Las críticas también se han producido en el ámbito político, en particular en Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno. "Nos preguntamos dónde está Hacienda", dijo Isabel Serra el 1 de marzo último, tras la segunda regularización fiscal del rey emérito.

Serra dijo que no era "aceptable" la "pasividad" de la Agencia Tributaria ante el "reconocimiento de un delito" que, a su juicio, suponía la nueva liquidación fiscal  complementaria del monarca.