El juez más sancionado de España, expedientado de nuevo por no poner ni una resolución en dos meses

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la suspensión cautelar del juez Manuel Arce mientras se tramita un expediente disciplinario por un posible retraso injustificado y reiterado en la resolución de los asuntos en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona en el que ahora está destinado, dedicado a asuntos de familia. El magistrado ha sido objeto de otros 14 expedientes.

El nuevo procedimiento disciplinario contra Arce tiene su origen en una queja del Colegio de Abogados de Tarragona, que el pasado 3 de octubre se dirigió por escrito al presidente de la Audiencia Provincial para expresar la "preocupación" de los letrados por "la acumulación de asuntos sin resolución alguna" desde el mes de julio anterior en el Juzgado de Familia. El escrito destacaba la "especial urgencia" de los casos que se plantean en un órgano judicial dedicado a esa especialidad, que debe resolver cuestiones como separaciones y divorcios, la custodia de menores o el pago de pensiones de alimentos.

El presidente de la Audiencia de Tarragona recibió también quejas de los funcionarios porque el juez Arce no utiliza herramientas informáticas y traslada a los funcionarios tareas que, según afirman, no les corresponde realizar.

Arce llegó al Juzgado de Familia el 2 de julio. De acuerdo con la certificación de la letrada de la Administración de Justicia fechada a principios de octubre, en el tercer trimestre del año (julio-septiembre) no dictó ninguna sentencia -53 estaban pendientes- ni tampoco ningún auto de medidas previas y provisionales -contabilizándose 14 pendientes-. En agosto se fue de vacaciones.

Un informe del Servicio de Inspección del CGPJ del pasado 28 de octubre ha concluido que en ese tercer trimestre del año la actividad resolutoria del magistrado ha sido "escasísima", con solo un 28% del indicador de dedicación establecido para los Juzgados de esa clase.

El análisis de la evolución comparativa entre la situación existente en el Juzgado cuando Arce llegó (principios de julio) y finales de septiembre (últimos datos estadísticos disponibles) indican que el número de escritos pendientes ha pasado de 199 a 272, el tiempo medio de respuesta ha aumentado de 6,09 meses de media a 7,59 y el número de sentencias pendientes de dictar ha pasado de 10 a 56.

Alarma del TSJC

El informe de la Inspección añade que en los chequeos virtuales realizados en ese Juzgado durante los últimos tres años no se le ha considerado un órgano con disfunciones al presentar hasta ahora una situación normalizada.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña trasladó el pasado 4 de noviembre al CGPJ su preocupación por la situación del Juzgado del que es responsable Arce en un informe en el que destacaba que "la muy especial relevancia de los intereses que se suscitan en los conflictos de familia obliga a una actuación diligente que, parece, en el caso no se ha producido".

"El trascurso de casi dos meses sin que se haya dictado ninguna sentencia resolviendo las acciones de separación y divorcio sustanciadas ni tampoco ningún auto de medidas provisionales de las crisis familiares supone una fuente segura de perjuicios a las partes además de afectar a los muy exigentes niveles de funcionalidad a los que debe
responder un órgano especializado en asuntos de familia. La referencia a que
el magistrado no utiliza ninguna herramienta informática introduce también
un factor que permite pronosticar una agravación de la situación", indicó la Sala de Gobierno.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, acordó el 21 de noviembre la incoación de un expediente al juez Arce y pidió a la Comisión Disciplinaria su suspensión cautelar, que fue acordada de inmediato.

Advertencias, multas, suspensiones

Éste es el expediente número 15 que el órgano de gobierno de los jueces tramita contra este magistrado desde el año 2000. Tres de los 14 procedimientos disciplinarios anteriores acabaron en archivo y nueve con sanciones que fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Las primeras sanciones impuestas a Manuel Arce fueron advertencias. Luego vinieron las multas (en tres expedientes) y las suspensiones en la función judicial. El magistrado ha estado apartado de la jurisdicción en virtud de esas sanciones durante un total de dos años y cuatro meses.

Dos de los acuerdos sancionadores del CGPJ, en 2004 y 2009, fueron revocados por el Tribunal Supremo, que estimó recursos en los que el magistrado alegó la caducidad de los expedientes porque el Consejo tardó más de seis meses en tramitarlos.

De esta forma, el juez se libró de una suspensión de 90 días por acumular casi 500 resoluciones pendientes de dictar cuando estaba destinado en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4.

También quedó sin efecto una multa de un total de 8.000 euros por dos faltas disciplinarias de ausencias injustificadas del Juzgado y abuso de autoridad con los funcionarios, que denunciaron el "trato vejatorio" que el juez les dispensaba. "¿Qué es usted? ¿Usted tiene carrera? Usted es una simple auxiliar y yo soy la máxima autoridad", relató una interina.

Los funcionarios del Juzgado declararon en el marco de ese expediente que recibían gritos y descalificaciones por parte del magistrado, generando un clima de tensión que llevó a varios de ellos a darse de baja laboral o a pedir otro destino.

"Cállese a-bo-ga-do"

El trato desconsiderado no ha sido solo respecto a los funcionarios. La primera multa con la que Arce fue sancionado -180 euros, en un expediente incoado en 2001- se debió a la denuncia de un abogado que sustituyó a una compañera en la vista de un recurso. Al inicio del acto el juez Arce le reprochó a gritos que hubiera presentado el escrito de sustitución ese mismo día y prohibió tomar asiento al letrado, que permaneció de pie al lado del agente judicial.

El abogado intentó explicarse comenzando frases con la expresión "con la venia" o "con la venia de su señoría", pero el magistrado le instaba a callarse. "Con motivo de estos intentos del letrado por explicarse", señalaba la resolución sancionadora, "el magistrado repitió, con un tono de voz alto, que no le interrumpiese, que se callase 'a-bo-ga-do', recordando al letrado que debía dirigirse a él como señoría ilustrísima".