El mensaje dirigido por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, justificando el pacto político alcanzado con el Gobierno del PSOE sobre el reparto del Consejo General del Poder Judicial ha sido utilizado este martes por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva para intentar apartar del juicio al 'procés' al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
Cosidó se siente respaldado por Casado y no se plantea dimitir
La recusación se ha presentado poco después de que EL ESPAÑOL haya adelantado que Marchena va a seguir al frente de ese juicio tras haber rechazado que su nombre sea utilizado por el PSOE y PP como candidato a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, auto-descartándose para esos cargos. El escrito va dirigido a un órgano equivocado, la propia Sala Penal del Supremo: la ley encomienda a la Sala del 61 del alto tribunal la resolución de las recusaciones dirigidas contra los presidentes de sus Salas.
Lo que el defensor de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, califica como "el WhatsApp de la vergüenza" es el fundamento nuclear de la pretensión de apartar a Marchena del tribunal del 'procés' atribuyéndole un "interés directo o indirecto en la causa", a la que, sin embargo, el mensaje de Cosidó no hace alusión alguna.
La recusación propone que se cite a declarar como testigo al propio senador del PP para que dé cuenta de "qué intervención o conocimiento ha tenido el magistrado recusado en las decisiones de configuración del nuevo CGPJ y los pactos políticos llevados a cabo al respecto, así como para que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho magistrado durante el último mes".
La defensa de Junqueras señala que "la existencia de interés en la causa deriva de las recientes noticias relativas a la existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces y concretamente las manifestaciones efectuadas y hechas públicas del senador Ignacio Cosidó según las cuales el pacto entre los partidos PP y PSOE se habría efectuado con la intención de controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional con el fin último de, a través de tales nombramientos, controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en dichos Tribunales".
"En dicho pacto", añade, "habría tenido singular protagonismo la candidatura del magistrado recusado a presidir el CGPJ a quien se habría otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de 'ganar' las votaciones mediante la anulación de la minoría 'progresista' de tal órgano de gobierno".
Pese a su renuncia a ser candidato, Marchena "es [sic] protagonista de dicho pacto para controlar el Poder Judicial, y a él se le atribuyen características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación en el proceso [sobre la secesión unilateral de Cataluña], características que no se las atribuye esta parte sino nada más y nada menos que un senador encargado de negociar y acordar su candidatura a la presidencia del CGPJ para la persecución de unos intereses políticos públicamente conocidos ya".
Con argumentos casi idénticos y ante la misma Sala, la defensa de los procesados en el Supremo, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, han presentado también un incidente de recusación contra el magistrado Manuel Marchena.
Argumenta Jordi Pina, el abogado de los tres demandantes, que "un señor magistrado cuyos vínculos con dicho partido (Partido Popular) han quedado al descubierto no garantiza a mis mandantes aquella imparcialidad -objetiva y subjetiva- que les ofrece los artículos 24 y 6 CEDH, unos preceptos que se verían vulnerados en caso de mantenerse la actual composición del Tribunal".