El Tribunal de Cuentas desinfla el escándalo de los fondos de formación

Ni ilícito contable ni menoscabo de fondos públicos. El presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía se desinfla después de que el Tribunal de Cuentas haya llegado a esta conclusión tras analizar el informe de la Cámara de Cuentas andaluza en el que detectó presuntas irregularidades contables en la fiscalización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de los ejercicios 2009-2010 y el seguimiento de las recomendaciones de 2014. La resolución es trascendental porque es una clave más que allana el camino para el probable archivo de la pieza política de esta macrocausa.

Se trata de un acta de liquidación provisional y, según fuentes del Tribunal de Cuentas, está aún pendiente de la conformidad por parte de la consejera de Cuentas del Tribunal a la que por turno le corresponde el conocimiento de estas actuaciones y que es quien decidirá o no el archivo.

Aún así, en este acta desgrana los argumentos que le llevan a rechazar que exista ilícito contable en la gestión de los fondos de formación para el empleo. En este documento no sólo corrige en sus apreciaciones a la Cámara de Cuentas, sino también a la Policía Judicial, por considerar que formulan de manera genérica y carecen de necesaria individualización de daños a los fondos públicos.

“Respecto de las presuntas deficiencias estudiadas, se considera que no procede el pronunciamiento en las presentes actuaciones previos de un supuesto de alcance en el sentido técnico-jurídico”, recoge el acta, aludiendo al artículo 72 de la ley de funcionamiento de este tribunal, lo que implica que no existe ilícito contable en la gestión de los fondos de formación para el empleo en Andalucía ni en la actuación de los funcionarios o autoridades de la Junta. Así, determina que al estar ante una situación de “inexistencia de supuestos constitutivos de alcance”, no cabe hacer pronunciamiento alguno respecto a las presuntas responsabilidades.

El origen de esta resolución del Tribunal de Cuentas está en la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en la que detectaba deficiencias o irregularidades y que se basaba, precisamente, en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y en las  actuaciones de la Fiscalía y de otros órganos judiciales andaluces.

Bajo la lupa estaban, entre otras supuestas irregularidades, la falta de documentación justificativa de las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), por importes de 24,5 y 24,3 millones en los años 2009 y 2010, así como las resoluciones de exceptuación o exoneración por importe de 297 millones que firmó en estos años la Junta en relación con las subvenciones para la formación.

El acta establece sobre estas exceptuaciones que la “presunta irregularidad parten de la existencia de resoluciones administrativas, de actos administrativos concretos, cuyo ajuste o no al ordenamiento jurídico habría de ser residenciado ante el órgano jurisdiccional Contencioso-administrativo”. Esto se traduce en que no ve delito, y que la discrepancia debe resolverse en todo caso en los tribunales de lo Contencioso.

Esto viene a coincidir con la reciente resolución de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 6 de julio, en la que determinó que no apreciaba delito alguno en las denominadas resoluciones de exoneración o exceptuación de los cursos de formación. Según recogió este escrito, “no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor”.

Archivos anteriores

Este es un nuevo balón de oxígeno para el Gobierno andaluz de Susana Díaz y para el PSOE, que se ha visto muy tocado y atacado por este caso. Pero ha habido otros anteriores no menos importantes que estos dos últimos del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.

Hace poco más de un mes el juzgado de instrucción número 4 de Jaén archivaba la investigación sobre los cursos de formación que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otros catorce técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento. El archivo fue por no haberse encontrado “irregularidad alguna” en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos que subvenciona y porque tampoco se ven indicios de malversación de fondos públicos.

La importancia de este archivo radicó en que fue el primero sobre una causa global en una provincia, hasta ahora ha habido otros archivos pero sobre los casos de empresas concretas en los juzgados de Sevilla, Málaga o Almería.

Pero lo que se espera, aunque al parecer tardará unos meses, es el archivo de la juez instructora del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. En plena campaña electoral, trascendió que la jueza archivaría la pieza política de los cursos de formación, que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

La filtración de este posible archivo, sostenido en que no apreciaría delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas, fue duramente criticada por el PP, que llegó incluso a anunciar que presentaría un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, entra dentro de toda lógica después de los archivos que ha habido de otras piezas.

El PSOE denuncia la “farsa política” del PP

La primera reacción ha llegado del Gobierno andaluz. Ha sido el titular de la Consejería de Empleo, José Sánchez Maldonado, quien en declaraciones a la cadena SER ha manifestado que este dictamen del Tribunal de Cuentas viene a “desmontar” la “auténtica farsa política” que el PP ha montando en torno a la formación. “No ha existido menoscabo de fondos públicos, no son ilegales las exceptuaciones y la Junta ha perseguido y perseguirá cualquier irregularidad que se detecte”, ha subrayado.

Por su parte, el número dos del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha recalcado el valor de esta resolución del Tribunal de Cuentas por suponer un duro varapalo para la Cámara de Cuentas andaluzas, que dio pie a esta pieza política. “Ha sido taxativo”, ha destacado, mientras ha criticado “qué es lo que le falta ya al PP” para abandonar su estrategia de “golpear al adversario con un presunto caso de corrupción que ahora se está demostrando falso”. Le ha pedido a los populares “decencia política” para reconocer públicamente que ha “errado” en su estrategia y que ha hecho “daño” a muchos funcionarios públicos y cargos públicos de la Administración andaluza, que han visto manchado “su honor y integridad política” con la pena del paseíllo en los juzgados o en la comisión de investigación en el Parlamento.

Desde el PSOE se cree que con esta “nueva e importante” resolución  se “desactiva” el caso de los cursos de formación. “Al PP se le está disolviendo como un azucarillo lo que había montado con la formación”, ha dicho el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, que ha repasado cómo en sede parlamentaria se le desmontó el caso por parte de los interventores y funcionarios, después ha sido la Fiscalía Anticorrupción con las exceptuaciones y ahora el Tribunal de Cuentas. Para los socialistas, al PP “se le cae” la estrategia montada de la “gran mentira” con los cursos de formación.

El PP pide “prudencia”

El PP-A ha incidido en que la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso de los cursos de formación "no va en la dirección" que apunta el Tribunal de Cuentas, que no aprecia ilícito contable en la gestión de los referidos fondos, pues la UCO "indica que hay responsabilidades penales", al tiempo que ha pedido "prudencia" y esperar a que acabe la investigación que lleva a cabo el referido cuerpo.

La teoría del “bluf”

Ya lo advirtió durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los fondos de formación uno de los principales imputados en la causa judicial, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. No dudó en calificar de “bluf” el supuesto escándalo, cuyo origen achacó al nerviosismo que se desató tras el fraude de los ERE.

Otros de los comparecientes en esta comisión, los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán también fueron en la misma línea pero con otros argumentos. Su estrategia de defensa se resume en que la Junta actuó de acuerdo con “legalidad vigente”, no hubo fraude sino errores administrativos, si hubo descontrol y atascos en los expedientes fue por falta de personal y de medios, no ha habido menoscabo de fondos públicos y, de haber irregularidades, según su teoría, la responsabilidad recae del empresario que ha querido aprovecharse.