La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa en la que ofreció ayuda para la DANA
La Comisión Europea abrió un expediente a España en febrero por no haber presentado su plan de riesgos de inundación
- El Ministerio de Teresa Ribera alega que el incumplimiento no es achacable al Gobierno, sino al de "tres Comunidades Autónomas", Andalucía, Cataluña y Canarias, "que no actualizaron sus planes".
- Más información: La Confederación del Júcar omitió 15 veces la alerta por escrito que exige su protocolo durante la hora y media clave de la crecida del barranco del Poyo.
El PP estrecha su cerco sobre Teresa Ribera, en su proceso de ratificación como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, ahora bloqueado, al alimentar las informaciones que ponen en duda su trabajo como ministra de Transición Ecológica. Su Ministerio fue expedientado el pasado febrero por no haber notificado a Bruselas su tercer plan hidrológico de cuencas ni su segundo plan de gestión de riesgos de inundación por completo.
También este jueves, el Parlamento Europeo condenó a los Estados miembros de la UE que, como España, aún no han prohibido todas las importaciones de combustibles fósiles rusos, a pesar de las sanciones al Gobierno de Vladímir Putin, desde el inicio de la guerra de invasión a Ucrania. El pleno de la Eurocámara daba así otro varapalo a la ministra de Transición Ecológica.
Precisamente éste fue uno de los temas que Ribera intentó esquivar, dejando sin respuesta las preguntas concretas que se le lanzaron en a audiencia a la que fue sometida el martes por el Europarlamento, en Bruselas. La candidata a comisaria europea fue interrogada sobre los casi 8.000 millones de euros comprados por España de gas ruso desde 2022. Ribera culpó al "libre mercado" para evitar asumir su responsabilidad.
Cuencas autonómicas
El Ministerio de Transición Ecológica alega que el incumplimiento no es del Gobierno en las cuencas que gestiona, sino "de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Catalunya y Canarias". Lo que ocurre es que la UE no sanciona o abre expedientes a las CCAA, sino a los Estados miembros aunque, como en este caso, esas sanciones no tengan como objeto "castigar" actuaciones competenciales del Gobierno.
Ninguna de estas tres comunidades habían actualizado a tiempo sus planes de riesgo de inundación. "Intentar responsabilizar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de este expediente y de la posible sanción es engañar a la opinión pública", explican las fuentes del departamento de Ribera, "puesto que su gestión es completamente ajena a los motivos que motivan dicho expediente".
El Partido Popular español, que comanda la ofensiva contra Ribera en el Parlamento Europeo, que debe decidir si es adecuada para el puesto para el que ha sido designada por Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, insiste en que sí es responsabilidad del Gobierno. Que se trata de planes dependientes de las cuencas hidrográficas, que "dependen del Ministerio". Y por tanto, ha preguntado a la Comisión Europea sobre este expediente de infracción.
Bruselas comunicó la sanción contra España en febrero pasado por no haber presentado el plan actualizado de riesgos de inundación, en cumplimiento de las Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE y la Directiva 2007/60/CE sobre riesgos de inundación.
Estas directivas garantizan "una buena salud cualitativa y cuantitativa" de los ríos y los lagos europeos y son parte esencial del Pacto Verde Europeo, que establece objetivos en materia de clima y reducción de la contaminación. Según esta legislación europea, los Estados miembros deben actualizar y presentar informes sobre sus planes hidrológicos de cuenca cada seis años así como planes de prevención de inundaciones.
En su pregunta, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, cuestiona a la Comisión sobre si a su juicio, de haber sido más diligente el Gobierno de España y el propio control europeo en el grado de cumplimiento de las Directivas de Agua e Inundaciones, podrían haberse mitigado los trágicos efectos de las recientes riadas en Valencia.
Según el texto de la Directiva de inundaciones, los planes de gestión del riesgo de inundación deben centrarse en la prevención, la protección y la preparación. "Los elementos de los planes de gestión del riesgo de inundación deben revisarse periódicamente y en caso de necesidad actualizarse, teniendo en cuenta las repercusiones probables del cambio climático en la incidencia de inundaciones", señala.
Para dar "más espacio a los ríos" para prevenir inundaciones, los Gobiernos deben tomar en consideración, cuando sea posible, el mantenimiento o el restablecimiento de llanuras aluviales, así como medidas para prevenir y reducir los daños a la salud humana, el medioambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Precisamente, lo que rechazó hacer en 2021 el Ministerio de Ribera el pasado año 2021 en el barranco del Poyo, causante de las trágicas inundaciones de la DANA del pasado 29 de octubre, por una "nueva visión del coste-beneficio".
La elaboración de planes hidrológicos de cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE y de planes de gestión del riesgo de inundación con arreglo a la Directiva de Inundaciones son componentes de la gestión integrada de cuenca hidrográfica, por tanto, "responsabilidad directa de Ribera", según los populares españoles.
Gas ruso
El pasado martes, durante su audiencia ante la Eurocámara en busca de ratificación como vicepresidenta de la Comisión, Ribera fue acusada de permitir que España gaste más dinero en financiar a Putin, con la compra de gas natural licuado (GNL) que en apoyar a Ucrania, en ayudas directas y militares para defenderse de la agresión rusa.
El pleno del jueves explicitó esta crítica en una resolución aprobada, muy dura con España. El Parlamento exige el fin de las importaciones de gas, productos nucleares rusos e insta a los Estados miembros a que no celebren nuevos acuerdos con Rosatom ni con sus dirigentes o filiales. Asimismo, reclama que la Unión imponga la obligación de que los buques que exportan GNL ruso se incluyan en la lista de sanciones de la Unión, privándoles del acceso a los puertos y los servicios marítimos de la UE.
Entre 2022 y 2023, España compró 6.422 millones de euros en gas ruso, y según los últimos datos, de agosto de 2024, España había comprado 1.400 millones de euros adicionales este año. En total, desde que comenzó la guerra de Ucrania el gobierno ha comprado a Rusia gas por un valor total de 7.822 millones de euros.
El portavoz adjunto del Partido Popular en Europa, Raúl De la Hoz, recalcó que "mientras la mayor parte de los países europeos han realizado grandes esfuerzos para reducir su dependencia del gas y el petróleo provenientes de Rusia para cumplir las sanciones europeas, con Teresa Ribera como responsable de Energía en el Gobierno de España, nuestro país sigue siendo uno de los principales importadores europeos de gas ruso en la UE".
El Parlamento Europeo denunció el jueves que las importaciones europeas de hidrocarburos rusos, incluido el GNL debilitan las sanciones contra Rusia y el apoyo financiero y militar a Ucrania.
En esta resolución aprobada sobre la flota rusa de "petroleros en la sombra", con la que Moscú evade las sanciones internacionales a sus exportaciones de energía, el Parlamento Europeo ha pedido igualmente a sus Estados miembros que prohíban todas las importaciones de combustibles fósiles rusos, incluido el GNL.
El punto 15 de la resolución advierte que la incidencia de las sanciones vigentes y del apoyo financiero y militar a Ucrania continuará viéndose debilitada mientras la Unión siga importando combustibles fósiles rusos.
